Tras las destituciones que acordó la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR) por las fallas relacionadas al manejo de las becas presidenciales, queda aún por investigar la presión ejercida por el hermano del gobernador y expresidente de la institución, Antonio García Padilla, así como la injerencia de otros miembros del cuerpo rector de la UPR que obtuvieron beneficios.

La directora de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), Zulma Rosario, indicó a EL VOCERO que la investigación de su oficina incluye no sólo a los funcionarios destituidos o quienes ejecutaron, sino también a los que presionaron para favorecer candidatos.

En el informe de las becas presidenciales, la vicepresidenta de asuntos académicos del recinto de Río Piedras, Palmira Ríos, aparece citada diciendo que García Padilla es una de las personas “muy poderosas” que influyó indebidamente para favorecer a su empleado, licenciado Carlos Pagán Cuebas.

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A preguntas de este rotativo, Rosario dijo que la OEG tiene jurisdicción sobre las acciones de todos los funcionarios de la UPR, “docentes o no docentes”, por lo que “no se excluye a nadie”.

Solicitar un beneficio para una persona privada, intervenir en un asunto en el que se tenga conflicto de interés, así como usurpar una encomienda para la cual no se haya sido nombrado, son todos materia de la investigación de OEG.

Entre los ángulos a explorar, Rosario dejó abierta la posibilidad de indagar el involucramiento de la Sociedad Económica de Amigos del País (SEAP), con la cual el presidente de la UPR, Uroyoán Walker realizó un contrato para ceder el uso de las instalaciones y colocar a su disposición la colaboración con estudiantes y docentes. En la junta de esa organización, inscrita como sin fines de lucro, participan magnates económicos, quienes otorgaron una plaza al licenciado Antonio García Padilla como su director ejecutivo.

La Junta de Gobierno tampoco escapa la controversia, por los vínculos de algunos de sus miembros con la administración García Padilla y la SEAP. Por ejemplo, el cabildero Dennis Rivera, vicepresidente de la SEAP, también formaba parte de la junta de gobierno de la UPR hasta que renunció en junio pasado.

El becado Carlos Pagán Cuebas, a quien se le entregó una beca de $40,000, trabajaba en la división legal de la SEAP, un hecho que se destacó en las cartas de recomendación firmadas por el rector Carlos Severino y el decano Carlos Rodríguez Fraticelli, ambas escritas por el propio licenciado, según el informe.

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La injerencia e influencia de García Padilla, hermano del gobernador, en las decisiones administrativas salió a relucir en la auditoría de las becas presidenciales, señalado como una de las personas “de poder” que decidía a quién se contrataba y cómo se conducían los procesos.

Precisamente, por el interés de subsanar las alegadas intromisiones de García Padilla en la Junta de Gobierno, al estudiantado le incomodó el nombramiento de Celeste Freytes como presidenta interina de la UPR. Freytes fue vicepresidenta de Antonio García Padilla durante .

El exsíndico estudiantil, Aníbal López Correa, cuestionó que luego de haber sido por diez años la mano derecha del licenciado García Padilla, “ahora tenga la responsabilidad de investigar si el mayor de los García Padilla conspiró al conseguirle la beca más grande de la historia de la UPR a su ayudante especial”.

Criticó, además, que Freytes haya sido nominada por el licenciado Juan Acosta Reboyras, quien formó parte del comité de Transición del gobernador Alejandro García Padilla.

En sus primeras declaraciones escritas, la presidenta interina dijo que le daría seguimiento a las recomendaciones de acciones de personal, pero que la Universidad es mucho más que las becas presidenciales. Indicó que sus prioridades son gestar el nuevo Plan Estratégico de la UPR, atender la situación fiscal y adelantar el perfil institucional para cumplir con los requisitos de acreditación de la Middle States Association.

Sobre su alegada intromisión, García Padilla reiteró que no tuvo absolutamente nada que ver, ni hizo llamadas a nadie con relación a las becas. Dijo incluso que se trató de un error de aseveración de la doctora Palmira Ríos, quien renunció a su puesto.

Tras ser desmentida por García Padilla en una reunión de facultad y abordada por el Senado Académico, Ríos negó haber sido acosada por el expresidente de la UPR. Atribuyó esa alegación a una “irresponsabilidad” del licenciado Luis Rodríguez, esposo de la exsecretaria de gobernación, Ingrid Vila Biaggi.

La división de Integridad Pública del Departamento de Justicia también está investigando si hubo delitos contra la función gubernamental, lo que incluye intervenir indebidamente en la realización de un contrato o negociación del gobierno para obtener un beneficio o el de terceros, influir indebidamente en cualquier conducta de un funcionario o empleado público y utilizar servicios o trabajos pagados con fondos públicos para ser beneficiado o beneficiar a terceros.

Las becas presidenciales siguen en moratoria hasta tanto se hagan enmiendas al reglamento de becas presidenciales y el programa podría reanudar entre enero y diciembre.