El becado Carlos Pagán Cuebas impugnó el informe de las becas presidenciales del año 2015-2016, al alegar que la comisión investigadora nombrada por la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR) actuó con intención de libelo, por las muchas omisiones e imprecisiones fácticas que contiene el informe.

El exlíder estudiantil, beneficiado con la beca presidencial de $40,000 para cursar una maestría en derecho en la Universidad de Harvard, mencionó al menos siete instancias en las que la Comisión tenía información que excluyó en su informe.

“No puedo permanecer en silencio mientras se publica y circula un informe plagado de inexactitudes, distorsiones, instancias de libelo e imputaciones carentes de fundamento”, enunció en la misiva con fecha del lunes, 11 de julio, y copia a la presidenta interina de la UPR, Celeste Freytes.

Entre sus señalamientos, Pagán Cuebas refutó los hallazgos de trato preferencial y reuniones privadas, al alegar que parte de la evidencia citada no existe o no ocurrió conforme a lo narrado por los investigadores. Negó, por ejemplo, haber enviado un correo electrónico al decano de Estudios Generales, haber recibido una llamada para acudir a la administración central para completar la solicitud de las becas y haber hablado con el presidente Uroyoán Walker para acordar la cuantía de la beca.

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“Se trata de un informe extenso que llega a múltiples conclusiones que no se sostienen con evidencia fáctica, documental, ni de naturaleza alguna”, sostuvo.

La impugnación surge al tiempo en que la secretaria de la Junta de Gobierno se encuentra digitalizando las 8,000 páginas de anejos que sometió la comisión investigadora, los cuales aún no se han remitido al pleno. Estos se harán públicos en el portal electrónico de ese cuerpo.

El abogado solicitó a la Junta de Gobierno que se corrijan o se retracten los supuestos hallazgos y conclusiones que realizaron los licenciados Samuel T. Céspedes, Dora Monserrate Peñagarícano y Juan A. Castillas Fernández. Con su carta, el becado Pagán Cuebas se une a otros implicados como Walker y el decano Carlos Rodríguez Fraticelli quienes alegan hubo una agenda en su contra.

Miembros de la Junta de Gobierno como Ana María García Blanco y el secretario de Educación, Rafael Román, también mostraron oposición a la destitución de funcionarios de confianza sin darles oportunidad de réplica.

“De entrada el informe comienza hilvanando una historia parcializada en mi contra que se aparta de la verdad”, alegó el becado al ripostar que los investigadores lo describieron como “discípulo de Walker” cuando no tomó curso con él y así queda evidenciado en el expediente académico al que tuvieron acceso.

Desmintió que le haya enviado un correo electrónico al doctor Carlos Rodríguez Fraticelli, decano de la Facultad de Estudios Generales. “Ese hallazgo es falso. No existe evidencia de esa comunicación… porque nunca hubo dicha comunicación. Eso denota el descuido craso, como mínimo, que medió en la redacción de este informe”. La comisión marcó un anejo sobre ese particular, que aún no se ha divulgado, por lo cual no queda claro si se refiere a la evidencia del correo electrónico o a la entrevista al decano.

Pagán Cuebas alegó “carácter incendiario” por parte de los investigadores al decir que participó de un compartir con el decano el día antes de que emitiera la carta de recomendación, pero que lejos de ser una reunión privada, se trataba de una tertulia a la cual asistieron diversos líderes estudiantiles.

Sobre la alegada llamada telefónica de Walker, dijo que jamás habló con el presidente. La única comunicación que tuvo sobre los costos de estudios en la Universidad de Harvard fue, según Pagán Cuebas, con el director ejecutivo de la UPR, Manuel Cámara Montull, quien repasó el informe que había sometido sobre los costos.

Contra los argumentos de que no se procedió conforme a la reglamentación aplicable, Pagán Cuebas recordó que la Certificación 72 permite los “casos extraordinarios” de puertorriqueños que interesen cursar en programas de alto prestigio fuera de Puerto Rico.

Admitió, sin embargo, que al día de hoy no tiene una plaza para cumplir la obligación de prestar servicios profesionales en la Universidad a razón de 1.5 años por cada año en que obtuvo el beneficio. Reconoció que pudo haber un proceso descuidado “en la tramitación de información”, pero reiteró su inocencia.

Aunque se le acusa de haberse enterado de las becas por sus “contactos de altas esferas”, dijo que advino en conocimiento por un email desconocido que le enviaron con el enlace de la transmisión del Senado Académico del RUM, donde se notificaba la disponibilidad de las becas.

En el informe se insiste en varias ocasiones que los implicados actuaron con antelación a que se hiciera pública la convocatoria de las becas presidenciales, pero menciona fechas incorrectas para sustentar esa aseveración.

El informe de las Becas Presidenciales 2015-2016 de la Universidad de Puerto Rico (UPR) ha dejado más preguntas que respuestas, tanto entre miembros de la Junta de Gobierno de la institución, como líderes estudiantiles y hasta por los mismos gerenciales destituidos, todos los cuales apuntan a que hay otros implicados intocables por la comisión investigadora a cargo de la redacción del documento.

Al comentario de la doctora Ana María García Blanco, representante del interés público ante la Junta de Gobierno, de que se había cortado la soga por lo más fino sin reflexionar sobre lo que había acontecido “a este lado de la soga”, se sumaron ayer denuncias de exrepresentantes estudiantiles ante el organismo rector de la UPR cuestionando la injerencia del doctor Jorge Sánchez, expresidente de la junta.

Los líderes universitarios Aníbal López Correa, Christopher Torres L

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ugo y Christian Arvelo denunciaron ayer, por separado, haber recibido llamadas de Sánchez, quien en medio del escándalo que salpicó su gestión, les preguntó directamente si lo que buscaban era cortar la cabeza del presidente de la UPR, Uroyoán Walker.

Con evidencia del registro de llamadas del domingo 21 de febrero de este año, López Correa denunció que Sánchez le preguntó si lo que buscaban era cortar la cabeza de él o de Walker. A los otros dos estudiantes, les pidió que se mantuvieran tranquilos y que no incluyeran a su sobrina en la controversia que era una buena muchacha.

EL VOCERO contactó a Sánchez para obtener su versión, pero el doctor prefirió no hacer comentarios por el momento.
El rol de la Junta de Gobierno abarcó más que la mera aprobación del presupuesto, pues en el informe se menciona que de sus oficinas se llamó a la vicepresidencia de Asuntos Académicos para solicitar una reunión en favor de la arquitecta Mónica Sánchez Sepúlveda, seleccionada para la beca y sobrina del entonces presidente de la junta.

En el PPD AGP no Manda.

“De la Junta de Gobierno acaban de llamar para solicitar una fecha de reunión. La arquitecta Sánchez interesa una reunión con usted el lunes 17 de agosto”, informó mediante correo electrónico la secretaria Anna Álvarez a la vicepresidenta Delia Camacho, quien también renunció tras la divulgación del informe.

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La implicación directa de Sánchez, supuestamente a favor a su sobrina, se dio mediante una reunión directa con el decano de Arquitectura, Francisco Rodríguez Suárez; la redacción de un correo electrónico por parte de la becada en el cual le informaba a la secretaria del rector del Recinto de Río Piedras que “el doctor Sánchez me recomendó que le entregara a usted personalmente este documento”; así como de una certificación médica que le hizo el hijo del doctor Sánchez y primo de la beneficiada.