El superintendente de la Policía, José Caldero López, lanzó una advertencia al asesor técnico de la Policía (TCA, por sus siglas en inglés), Arnaldo Claudio, y dejó claro que no acatará su recomendación de reconsiderar el ascenso que se le otorgó al jefe de la División de Drogas teniente coronel Juan José García.

Caldero López dijo que no se adoptará la recomendación “debido a que él (García) es uno de nuestros mejores y más capacitados oficiales, ya que bajo su dirección el Negociado de Drogas ha iniciado un sinnúmero de investigaciones internas de corrupción, que han resultado en la radicación de cargos criminales contra agentes que se han apartado de las normas establecidas, lo cual condenamos enérgicamente”.

“Además, bajo su mando el Negociado ha roto récords en lo que a incautaciones de armas de fuego y redadas se refiere, siendo estas grabadas”, sentenció el jefe de la Policía en declaraciones escritas.

“Yo como superintendente, no permitiré que el TCA ni cualquier otra persona mancille la reputación de nuestros oficiales, quienes salen todos los días a la calle a cumplir con su deber, y en muchas ocasiones, arriesgando su vida en el proceso. Exhortamos al TCA a que si tiene alguna información en contra de este oficial, inicie el proceso correspondiente de investigación ante las autoridades pertinentes, proceso que él conoce a cabalidad”, sostuvo Caldero López.

EL VOCERO publicó ayer en exclusiva detalles del cuarto informe sometido por Claudio, en el que se expusieron alegadas irregularidades en el proceso de ascenso en la agencia, así como inconsistencias en las estadísticas de la Policía.

Según el monitor, en una reunión con el superintendente asociado, Juan Rodríguez Dávila, este le informó que desde el cargo de inspector hasta coronel se cumplían todas regulaciones establecidas por la Reforma de la Policía, pero en el informe se indicó que “el TCA encontró más tarde que ese no era el caso”.

En el informe, Claudio dijo estar “sorprendido al conocer que el comandante de esta División en particular, un teniente coronel, ha recibido su tercera promoción en menos de dos años a cargo de un grupo en un ambiente plagado con los arrestos de varios de sus oficiales y de personal a cargo por violaciones de derechos civiles y humanos, conducta antiética y represalias. Esto es totalmente inconsistente con el buen orden y disciplina esperada de un agente de ley y orden”.

“El TCA sugiere que la promoción antes mencionada falla en satisfacer el acuerdo para la reforma de la Policía. Ante tal escandalosa falla en el cumplimiento de la directriz mencionada anteriormente, es evidente de que este ascenso contraviene el proceso de Reforma de la Policía, el TCA urge al superintendente a reconsiderar este ascenso”, mantuvo el monitor.

En su defensa, Caldero López dijo sobre el proceso de ascensos que “en un acto de total transparencia, se ha permitido la participación en las reuniones de la Junta de Exámenes de Ascenso, tanto al TCA como a uno de sus representantes autorizados. Ello, en aras de validar la disposición total del superintendente de lograr el fiel cumplimiento del proceso de reforma en la agencia. La participación conjunta en estos procesos ha resultado en un intercambio sumamente productivo de recomendaciones y en la adopción de las mejores prácticas policiacas”.

“En lo que respecta a las actuaciones del Negociado de Drogas, aclaramos que las mismas se remontan a acciones pasadas, las cuales serán reguladas próximamente, según lo dispuesto en los Planes de Acción que regulan los trabajos programáticos del proceso de la Reforma”, apuntó.

Caldero López dijo que el proceso de cumplimiento con la Reforma de la Policía puede verse como uno “lento” pero aseguró que “vamos encaminados al cumplimiento sostenible del mismo”.

“Nos corresponde aclarar que ante los señalamientos expuestos por el TCA en el informe, debemos explicar que el Acuerdo (de Cumplimiento Técnico) requiere el desarrollo de políticas y expone el orden de prioridad en el que se deben trabajar. Además, una vez aprobadas las mismas, se imponen términos para completar adiestramientos en estas, a todos los miembros de la Uniformada”, concluyó Caldero López.

La Reforma de la Policía surge luego que en diciembre de 2012 la división de Derechos Civiles del Departamento de Justicia en Washington, demandó a la Policía de Puerto Rico por violaciones a los derechos civiles de los residentes en la Isla por el uso excesivo de la fuerza durante manifestaciones públicas, discrimen contra inmigrantes, allanamientos y registros ilegales, así como fallas en proveer adiestramientos a los agentes y faltas de supervisión a policías, entre otros.

La demanda surgió tras una investigación efectuada por la división de Derechos Civiles del Departamento de Justicia estadounidense entre el 2008 al 2011, a raíz de denuncias de la Unión Americana para las Libertades Civiles (ACLU). Como parte del acuerdo entre los Departamentos de Justicia de Puerto Rico y federal, el juez Gustavo, Gelpí, quien preside el caso, designó a Claudio como monitor federal de la Policía. Se estima que la reforma será implantada en un plazo de diez años.

Su nombre es Arnaldo Claudio y aunque su título oficial es asesor técnico de la Policía, popularmente se le nombra como monitor de la Policía, cargo que ocupa a raíz de la demanda federal contra el gobierno de Puerto Rico debido al uso excesivo de la fuerza por parte de la Uniformada durante manifestaciones públicas, discrimen contra inmigrantes, allanamientos y registros ilegales, así como fallas en proveer adiestramientos a los agentes y faltas de supervisión a policías. Claudio, quien debe velar porque se cumpla la Reforma de la Policía, acaba de emitir un revelador informe que vuelve a echar sombras sobre el proceso de ascenso de oficiales en esa dependencia pública. ¡Es que nuestros funcionarios no aprenden!

El informe, dado a conocer en primicia por EL VOCERO, revela que no son correctas las declaraciones de la alta jerarquía de la Policía en el sentido de que los ascensos desde inspector hasta coronel cumplen con todas las regulaciones establecidas por la Reforma.

Algunos de los señalamientos denuncian ausencia de documentos relacionados al cumplimiento de entrenamientos de ética y falta de verificación de logros académicos completados por los aspirantes. También revela que no se están cumpliendo con los criterios objetivos y científicos establecidos por ley para determinar las calificaciones de cada aspirante.

El monitor es especialmente crítico del ascenso que se le otorgó al jefe del Negociado de Drogas, teniente coronel José Juan García Díaz. Le sorprende al monitor que se le hayan dado tres promociones en menos de dos años a un funcionario (García Díaz) “a cargo de un grupo en un ambiente plagado con los arrestos de varios de sus oficiales por violaciones de derechos civiles y humanos, conducta antiética y represalias”. La aparente irregularidad de este ascenso no nos sorprende ya que en las páginas de este periódico hemos denunciado en múltiples ocasiones, y durante varias administraciones, la poca rigurosidad con la que se conducen estos procesos en el máximo ente de seguridad del País.

Recordemos el caso que reseñamos el pasado 9 de junio, donde se cuestionaban los ascensos, dos para ser exactos, del capitán Luis Díaz Muñoz, a pesar de que sobre los hombros de este funcionario pesaban dos querellas, una de estas por acoso sexual. Los ascensos en la Policía no están permitidos si existen querellas administrativas en trámite investigativo.

Otro controversial ascenso salió a relucir también este año tras las acciones de un empleado del Fondo del Seguro del Estado quien se suicidó luego de tirotear La Fortaleza. Como reseñamos el pasado 22 de junio, el monitor federal había expresado preocupación sobre el nombramiento del teniente Hugo Cancel al cargo de la seguridad en la Mansión Ejecutiva, lo que le conllevó de inmediato un ascenso al rango de coronel por tratarse ese servicio como una Superintendencia Auxiliar. Se ponía en duda su capacidad para atender situaciones de crisis.

El nuevo informe del monitor destaca, además, las inconsistencias en la recopilación de estadísticas de la Policía, un problema endémico en ese cuerpo. Claudio va más allá, y en una demoledora declaración, pone en duda la capacidad de la Policía para auditar y reportar sus estadísticas sobre el crimen.

A esto hay que sumarle el que los periodistas no podemos con libertad, como ocurría antiguamente, conocer la incidencia criminal en las áreas policiacas, en algunas de las cuales sencillamente no llega información o los informes que llegan son escasos o tardíos.
La crisis se viene agudizando y cada día que pasa la Policía está más y más lejos de cumplir con el objetivo de la Reforma, que entre otras cosas demanda que ese cuerpo mantenga informada a la ciudadanía sobre sus planes, los logros obtenidos, estadísticas de delitos e información de interés público. Por esta razón es imposible saber con seguridad si la criminalidad, como excepción de los asesinatos, ha disminuido como asegura el gobierno.

Ante estos serios señalamientos, el superintendente de la Policía rechazó hablar con EL VOCERO, y en unas declaraciones escritas, José Luis Caldero asegura que el proceso de reforma se está desarrollando con total transparencia y colaboración con el monitor. Sobre los cuestionamientos a la División de Drogas, dijo “yo como superintendente, no permitiré que el TCA ni cualquier otra persona mancille la reputación de nuestros oficiales, quienes salen todos los días a la calle a cumplir con su deber, y en muchas ocasiones, arriesgando su vida en el proceso”.

Ya nos parece escuchar este mismo argumento cuando la Junta Federal de Control Fiscal empiece a meterse en el entramado de nuestro gobierno. Mientras tengamos ojos que no quieren ver, de seguro sentiremos más los efectos del crimen.