El comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, urgió al gobernador Alejandro García Padilla establecer un sistema formal bajo el cual la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), o cualquier otra entidad gubernamental apropiada, hagan disponible al público un estimado del impacto de toda legislación sobre los gastos e ingresos.

El propósito del pedido de Pierluisi, hecho mediante carta cursada al gobernador y a los presidentes y portavoces en ambas cámaras legislativas, es que el gobierno esté en posición de proveer las certificaciones necesarias requeridas en la Sección 204(a) de la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés), una vez los miembros de la Junta de Supervisión sean nombrados y el plan fiscal aprobado entre en vigor.

“El Gobierno de Puerto Rico debe tomar ciertas medidas para cumplir con la Sección 204(a) [de PROMESA], por lo que entiendo sería
prudente tomar acción sobre algunas de esas medidas ahora, antes de que los miembros de la Junta de Supervisión sean nombrados”, dijo Pierluisi en su carta.

“La Sección 204(a) faculta a la Junta de Supervisión a revisar toda legislación aprobada por el Gobierno de Puerto Rico, pero este poder está limitado y bien definido. Específicamente, bajo PROMESA, el gobernador debe enviar cada ley aprobada a la Junta de Supervisión, en o antes de siete días laborales luego de su aprobación. Sin embargo, si el gobernador le brinda a la Junta de Supervisión el impacto fiscal de la ley aprobada, emitido por la Oficina de Gerencia y Presupuesto de Puerto Rico (OGP) u otra entidad gubernamental a cargo de estimar el impacto de la ley en los gastos e ingresos, y una certificación de la OGP o de otra entidad gubernamental apropiada que certifique que la ley aprobada no es significativamente incompatible con el plan fiscal aplicable, entonces la ley aprobada por el Gobierno de Puerto Rico estaría completamente exenta de ser revisada por la Junta de Supervisión”, añadió el expresidente del Partido Nuevo Progresista (PNP).

En su misiva, Pierluisi explicó que los únicos casos en que la Junta de Supervisión podría tan siquiera estar autorizada -pero no requerida- para evitar la aplicabilidad de una ley aprobada es, si el Gobierno de Puerto Rico, después de haber tenido numerosas oportunidades de hacerlo, no brinde a la Junta de Supervisión el costo estimado de la ley aprobada o una certificación de que la ley aprobada no es significativamente incompatible con el plan fiscal, o certifica que la ley es significativamente incompatible con el plan fiscal, pero falla en proveerle una explicación razonable a la Junta de Supervisión.

Al PPD le gustan los fondos federales pero nunca cumplen con sus obligaciones legales con USA. Son malagradecidos, ingratos y traicioneros porque actúan controlas por los izquierdozos chavistas.

“En resumen, siempre y cuando el Gobierno de Puerto Rico legisle responsablemente, es sumamente improbable que cualquier ley aprobada sea revisada por la Junta, y mucho menos dejarla sin efecto”, afirmó Pierluisi, quien subrayó en otra parte de la carta que “teniendo en cuenta que Puerto Rico se encuentra en medio de una crisis fiscal, es lógico pensar que el Gobierno de Puerto Rico no debe aprobar ninguna legislación sin tener un estimado razonable de su impacto fiscal”.

“En vista de lo anterior, le solicito a su administración establecer un sistema formal bajo el cual OGP, o cualquier otra entidad gubernamental apropiada, hagan disponible al público un estimado del impacto de la legislación sobre los gastos e ingresos. De esta manera, la OGP -u otra entidad gubernamental- estarán en posición de proveer las certificaciones necesarias, una vez los miembros de la Junta de Supervisión sean nombrados y el plan fiscal aprobado entre en vigor. Además de asegurar el cumplimiento con la Sección 204(a), tener una entidad independiente que provea un estimado formal del costo o impacto fiscal de toda medida legislativa promoverá disciplina fiscal por parte del Gobierno de Puerto Rico y beneficiará al pueblo puertorriqueño”, concluyó.

En el 2006, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico aprobó la Ley ‪103-2006, que en su Sección 8 prohibía que cualquier proyecto de ley pudiera ser aprobado a menos que la OGP y el Departamento del Hacienda certificaran su impacto fiscal, así como la disponibilidad de fondos y su procedencia. Sin embargo, esa sección fue derogada en la Ley 67 de 2013.