En economía se conoce como pirámide, o estafa piramidal, a un esquema de negocios en el cual los participantes recomiendan y captan –o refieren– a más clientes con el objetivo de que los nuevos participantes produzcan beneficios a los participantes originales. Se requiere que el número de participantes nuevos sea mayor al de los existentes; por ello se le da el nombre de pirámide. Estas pirámides son consideradas estafas o timos y se conocen por muchos otros nombres populares, tales como: empresas multinivel, círculos de la plata o células de la abundancia.

En el océano de la política puertorriqueña acaba de surgir como un iceberg “La Pirámide”, un esquema, que según Anaudi Hernández, fue concebido por Irving Faccio, director de campaña de Alejandro García Padilla, y donde “un grupo selecto y pequeño” recaudaba fondos, mayormente en efectivo, para políticos del PPD.

Sabido es que en la sociedad puertorriqueña de las últimas décadas el clientelismo o inversionismo político es un mal arraigado tanto en el PPD como el PNP, pero tras las confesiones esta semana de Hernández en el Tribunal Federal, vemos que este cáncer es mayor de lo que creíamos. Sus palabras terminan por arrancar de cuajo la confianza del pueblo en la clase política del País, que escudados en sus títulos honorables se hacen de la vista larga a la hora de condenar a sus congéneres de la cofradía con tal de mantenerse en el poder.

Existen leyes claras que establecen límites a las donaciones políticas, como la Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas donde se estipula que ningún individuo podrá aportar más de $2,500 por año a un candidato, o a un aspirante (candidato que no ha sido certificado como tal por la Comisión Estatal de Elecciones), o a un partido, o un comité (incluyendo comités de campaña, comités de acción política y comités de fondos segregados, entre otros).

Por si hubiera dudas, la Oficina del Contralor Electoral, tiene un “Reglamento sobre la participación y uso del Fondo Electoral para gastos administrativos y del Fondo Especial para el financiamiento de las campañas electorales”, donde se establece que un donativo es una aportación de dinero (o de cualquier cosa de valor), incluyendo, pero sin limitarse, al pago o reembolso de gastos administrativos, salarios, bonos, aportaciones, utilidades, equipo, materiales y servicio, así como promesas, anticipos y garantías a un partido político, aspirante, candidato o comité de campaña, o agente, representante o comité autorizado de cualesquiera de los anteriores.

Agrega que también cae en ese renglón toda aportación de dinero, especie o cualquier cosa de valor hecha en o para cualquier actividad de recaudación de fondos que se celebre para beneficio de un partido político, aspirante, candidato o comité con fines eleccionarios, incluyendo banquetes, sorteos, cumpleaños, maratones y otros; además de aportaciones en apoyo a, o para oponerse, a la formación de un partido político o ideología política, y en apoyo de la selección o rechazo de personas claramente identificadas que hayan anunciado su intención de convertirse en aspirantes o candidatos.

Es hora que los candidatos dejen de escudarse detrás de donantes anónimos para evitar la fiscalización de sus finanzas, algo que ha caracterizado a las últimas campañas de los partidos tradicionales que han ostentado el poder político.

A pesar de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos dejó establecido que los donativos de individuos o corporaciones a partidos y candidatos son reconocidos como un derecho a la libertad de expresión, desde el presidente Barack Obama hasta el excandidato demócrata a la presidencia Bernie Sanders han planteado la necesidad de acabar con el inversionismo político con una enmienda constitucional para revocar el caso Citizens United y así avanzar hacia la financiación pública exclusiva de las campañas políticas de manera que el proceso electoral sea equitativo y transparente.

Además, debe considerarse prohibir que personas naturales o jurídicas que tengan contratos de servicios profesionales con dependencias gubernamentales puedan hacer aportaciones económicas a los candidatos o al partido político al que pertenezca el oficial nombrado o electo que intervino, evaluó o autorizó dichos contratos.

Este tipo de “amiguismo” en la otorgación de contratos en el gobierno que hemos visto en esta y en pasadas administraciones, es lo que nos ha ido dejando vacías las arcas gubernamentales. El Pueblo está cansado de esto, de sudar el día a día mientras permanecen cautivos de una clase dirigente que cada día tiene menos corazón hacia el pueblo que dice representar. ¡Basta ya de inversionismo político! El País exige grandes sacrificios, es hora de una transparencia total