Demanda a Familia para obtener informe de Casa Cuna – Yulín Vaga y No Sabe Administrar

Demanda a Familia para obtener informe de Casa Cuna

Miguel Romero quiere el informe de hallazgos sobre la negligencia institucional

El candidato a senador por San Juan por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Miguel Romero, demandó al Departamento de la Familia para que divulgue el informe de hallazgos sobre la negligencia institucional del Hogar Casa Cuna, administrado por el Municipio de San Juan, que provocó que una menor muriera ahogada.

El informe de la investigación encomendada por el Departamento de la Familia resultó en que el centro cometió negligencia institucional por la falta de supervisión en la tragedia del 4 de julio de 2014, donde murió Emiliana Del Valle Colón. Además de la evaluación de la gestión pública de los empleados municipales, contiene recomendaciones para corregir las deficiencias.

“Este pedido de información no involucra información confidencial de un menor sino de la gestión gubernamental en cuestión”, detalla el documento presentado por el abogado Ramón Rosario Cortés en representación de Romero.

En el recurso, Romero alega que la agencia dirigida por Idalia Colón Roldán está privando acceso a información pública en beneficio de la candidata a reelección por la alcaldía de San Juan por el Partido Popular Democrático (PPD), Carmen Yulín Cruz Soto.

Sin embargo, Colón Roldán dijo previamente a este rotativo que la Ley 246 de 2011 establece la confidencialidad de los “informes para referir situaciones de maltrato, maltrato institucional, negligencia o negligencia institucional”. “Ningún informe puede ser dado a la luz a menos que sea a través de los tribunales y particularmente, un abogado, la policía o tribunales”, contestó en referencia a los artículos 26 y 27 de la Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores.

Romero alega ante el Tribunal que la referencia a esta ley para contener información es incorrecta e inconstitucional. “El Estado intenta incorrectamente levantar una disposición legal inaplicable para mantener información pública fuera del escrutinio del Pueblo”, alegó.

“¿Cómo el pueblo puede conocer la corrección de la función pública y si están haciendo las correcciones debidas, si el propio gobierno rehúsa dar información y oculta sus gestiones?”, cuestionó.

Laura M. Quintero, EL VOCERO

LAURA QUINTERO, EL VOCERO

Laura Quintero

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