La Casa Blanca oficializó hoy, pasado el mediodía, los integrantes de la Junta Federal de Control Fiscal para Puerto Rico.

El presidente de Estados Unidos Barack Obama dijo hoy que “con una amplia gama de habilidades y experiencias, estos funcionarios tienen la amplitud y profundidad de los conocimientos que se necesita para hacer frente a este complejo desafío y poner primero el futuro del pueblo de Puerto Rico por primera vez”.

“Con el fin de tener éxito, la supervisión financiera y Consejo de Administración tendrán que establecer un proceso abierto para trabajar con el pueblo y gobierno de Puerto Rico, y los miembros tendrán que trabajar en equipo para lograr el consenso de sus decisiones. Doy gracias a estos individuos para tomar la decisión de servir al pueblo de Puerto Rico como miembros de la Junta. La tarea por delante para Puerto Rico no es una tarea fácil, pero estoy seguro de Puerto Rico está preparado para el desafío de estabilizar la situación fiscal, el restablecimiento del crecimiento, y la construcción de un futuro mejor para todos los puertorriqueños “, sentenció Obama.

Los designados fueron: Andrew G. Biggs, Jose B. Carrión III, Carlos M. Garcia, Arthur J. Gonzalez , José R. González, Ana J. Matosantos y David A. Skeel Jr. Cuatro de los designados son puertorriqueños dos de estos son expresidentes del Banco Gubernamental de Fomento (BGF). García fue presidente del BGF durante la administración del exgobernador Luis Fortuño y José González fue presidente del BGF durante la administración del exgobernador Rafael Hernández Colón 1986 to 1989.

De inmediato, el comisionado residente Pedro Pierluisi emitió declaraciones complacido con las designaciones.

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“Me complace que el presidente Obama, en consulta con el Congreso, haya designado a los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal de una manera reflexiva y oportuna, y agradezco a los siete nombrados por su buena disposición para servir.  El siguiente paso es que la Junta nombre un director ejecutivo y el personal profesional de apoyo, de conformidad con el Artículo 103 de PROMESA”, sostuvo Pierluisi.

“La Ley PROMESA es una de las legislaciones más importantes sobre el tema de Puerto Rico que el Congreso haya jamás  aprobado.  Si la Junta de Supervisión Fiscal, los líderes electos de Puerto Rico, los acreedores de la Isla y los hombres y mujeres talentosos del sector privado trabajan juntos en un espíritu de cooperación, estoy convencido de que ―actuando dentro los parámetros de PROMESA― podemos empezar a reencaminar a nuestra Isla, mejorar la calidad de vida de nuestra gente y detener la ola de migración a los estados.  El éxito requerirá mucho trabajo y sacrificio, pero vale la pena”, agregó.

EL VOCERO adelantó hace varias semanas que entre las personas consideradas para ocupar las sillas de la Junta Federal de Control Fiscal estaba Carrión III y Matosantos.

Carrión III es de la firma de seguros Carrión, Laffitte & Casellas, Inc. Carrión, jefe de finanzas del Partido Republicano en la Isla, dijo no estar disponible para el puesto de director ejecutivo, un cargo con grandes responsabilidades y –por consiguiente– las finanzas del País.

“Yo no estaría disponible para director ejecutivo. Yo no creo que eso es algo para mí ni me interesaría. Yo no sé quién comentó eso, pero no es correcto. Hubo unas llamadas telefónicas que se hicieron, pero no sé cuál es el estatus”, dijo Carrión hace unas semanas a EL VOCERO. “Me consta que se han comunicado con muchas personas”.

Mientras, Matosantos, fue directora del Departamento de Finanzas de California entre 2009 y 2013, cargo que ocupó bajo dos gobernadores, y antes se desempeñó como directora adjunta de presupuestos. También prestó servicios como secretaria legislativa adjunta para Servicios de Salud y Veteranos en la Oficina del Gobernador.

Previamente, trabajó en el Senado estatal como consultora de los comités de Salud y Presupuesto. Matosantos es graduada en ciencias políticas de la Universidad de Stanford.

En tanto, Biggs es académico del American Enterprise Institute y Arthur J. González es profesor de la Escuela de Derecho del New York University.

Skeel es profesor de derecho corporativo de la Escuela de Derecho de la Universidad de Pensilvania.

Desde las 6:00 a.m. de hoy se desarrolla una protesta masiva en contra de la Junta Federal de Control Fiscal en San Juan, mientras desde la capital federal el presidente de Estados Unidos Barack Obama anunció los miembros del organismo antes que mañana venza la fecha límite que establece la Ley para la Supervisión, Gerencia, y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés) para designar su candidato al organismo federal.

La Ley PROMESA establece que el presidente tiene hasta el 15 de septiembre para culminar las designaciones que hasta el momento se han mantenido con hermetismo.

Los congresistas debían ofrecer una lista al presidente de seis nombres: dos recomendados por el presidente de la Cámara federal, dos por el líder de la mayoría en el Senado y otros dos recomendados por los líderes de minoría en Cámara y Senado.

La Junta Federal de Control Fiscal tendrá siete miembros que, entre otras cosas, deben ser expertos en finanzas, pero no pueden ser funcionarios electos ni designados en la Isla ni tener conflictos de interés. El gobernador de Puerto Rico será el octavo miembro con voz pero sin voto y podrá ser excluido de cualquier reunión que los miembros en propiedad entiendan pertinente.

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Al menos una persona tiene que ser residente en la Isla o mantener aquí su negocio primario. El organismo tendrá un director o directora ejecutivo que operará una oficina en la Isla.

El costo de la Junta Federal de Control Fiscal alcanza los $2 millones mensuales que tendrán que ser depositados todos los días cinco.

Cada miembro de la Junta de Control será nombrado por un término de tres años. Los miembros de la Junta de Control servirán sin paga, pero podrán recibir reembolsos por cualesquiera gastos necesarios y razonables incurridos por razón de su servicio en el organismo.

La Ley PROMESA establece que ni el gobernador ni la Legislatura podrán ejercer ningún control, supervisión, control, fiscalización o revisión de las actividades de la Junta de Control Fiscal Federal y sus actividades.

“No va a ser suficiente para resolver todos los problemas a los que Puerto Rico se enfrenta, pero es un importante primer paso para crear estabilidad, y mejores servicios, y mejor prosperidad a largo plazo para el pueblo de Puerto Rico”, sentenció el presidente Obama cuando firmó el pasado 30 de junio la Ley PROMESA