Casa Blanca oficializa nombramientos de los miembros de la Junta de Control Fiscal – Excelentes Ejecutivos a Dedicarse a Salvar a Puerto Rico

Casa Blanca oficializa nombramientos de los miembros de la Junta de Control Fiscal

La designación de los funcionarios ocurre mientras en San Juan se desarrolla una protesta contra el organismo federal

The White House, seen from the South Lawn in Washington, gives the media a preview of the White House gardens and grounds on Saturday, April 21, 2012, prior to the official opening of the Garden Tours to the public. (AP Photo/Susan Walsh)

>AP  – 31 de agosto del 2016

La Casa Blanca oficializó hoy, pasado el mediodía, los integrantes de la Junta Federal de Control Fiscal para Puerto Rico.

El presidente de Estados Unidos Barack Obama dijo hoy que “con una amplia gama de habilidades y experiencias, estos funcionarios tienen la amplitud y profundidad de los conocimientos que se necesita para hacer frente a este complejo desafío y poner primero el futuro del pueblo de Puerto Rico por primera vez”.

“Con el fin de tener éxito, la supervisión financiera y Consejo de Administración tendrán que establecer un proceso abierto para trabajar con el pueblo y gobierno de Puerto Rico, y los miembros tendrán que trabajar en equipo para lograr el consenso de sus decisiones. Doy gracias a estos individuos para tomar la decisión de servir al pueblo de Puerto Rico como miembros de la Junta. La tarea por delante para Puerto Rico no es una tarea fácil, pero estoy seguro de Puerto Rico está preparado para el desafío de estabilizar la situación fiscal, el restablecimiento del crecimiento, y la construcción de un futuro mejor para todos los puertorriqueños “, sentenció Obama.

Los designados fueron: Andrew G. Biggs, Jose B. Carrión III, Carlos M. Garcia, Arthur J. Gonzalez , José R. González, Ana J. Matosantos y David A. Skeel Jr. Cuatro de los designados son puertorriqueños dos de estos son expresidentes del Banco Gubernamental de Fomento (BGF). García fue presidente del BGF durante la administración del exgobernador Luis Fortuño y José González fue presidente del BGF durante la administración del exgobernador Rafael Hernández Colón 1986 to 1989.

De inmediato, el comisionado residente Pedro Pierluisi emitió declaraciones complacido con las designaciones.

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“Me complace que el presidente Obama, en consulta con el Congreso, haya designado a los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal de una manera reflexiva y oportuna, y agradezco a los siete nombrados por su buena disposición para servir.  El siguiente paso es que la Junta nombre un director ejecutivo y el personal profesional de apoyo, de conformidad con el Artículo 103 de PROMESA”, sostuvo Pierluisi.

“La Ley PROMESA es una de las legislaciones más importantes sobre el tema de Puerto Rico que el Congreso haya jamás  aprobado.  Si la Junta de Supervisión Fiscal, los líderes electos de Puerto Rico, los acreedores de la Isla y los hombres y mujeres talentosos del sector privado trabajan juntos en un espíritu de cooperación, estoy convencido de que ―actuando dentro los parámetros de PROMESA― podemos empezar a reencaminar a nuestra Isla, mejorar la calidad de vida de nuestra gente y detener la ola de migración a los estados.  El éxito requerirá mucho trabajo y sacrificio, pero vale la pena”, agregó.

EL VOCERO adelantó hace varias semanas que entre las personas consideradas para ocupar las sillas de la Junta Federal de Control Fiscal estaba Carrión III y Matosantos.

Carrión III es de la firma de seguros Carrión, Laffitte & Casellas, Inc. Carrión, jefe de finanzas del Partido Republicano en la Isla, dijo no estar disponible para el puesto de director ejecutivo, un cargo con grandes responsabilidades y –por consiguiente– las finanzas del País.

“Yo no estaría disponible para director ejecutivo. Yo no creo que eso es algo para mí ni me interesaría. Yo no sé quién comentó eso, pero no es correcto. Hubo unas llamadas telefónicas que se hicieron, pero no sé cuál es el estatus”, dijo Carrión hace unas semanas a EL VOCERO. “Me consta que se han comunicado con muchas personas”.

Mientras, Matosantos, fue directora del Departamento de Finanzas de California entre 2009 y 2013, cargo que ocupó bajo dos gobernadores, y antes se desempeñó como directora adjunta de presupuestos. También prestó servicios como secretaria legislativa adjunta para Servicios de Salud y Veteranos en la Oficina del Gobernador.

Previamente, trabajó en el Senado estatal como consultora de los comités de Salud y Presupuesto. Matosantos es graduada en ciencias políticas de la Universidad de Stanford.

En tanto, Biggs es académico del American Enterprise Institute y Arthur J. González es profesor de la Escuela de Derecho del New York University.

Skeel es profesor de derecho corporativo de la Escuela de Derecho de la Universidad de Pensilvania.

Desde las 6:00 a.m. de hoy se desarrolla una protesta masiva en contra de la Junta Federal de Control Fiscal en San Juan, mientras desde la capital federal el presidente de Estados Unidos Barack Obama anunció los miembros del organismo antes que mañana venza la fecha límite que establece la Ley para la Supervisión, Gerencia, y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés) para designar su candidato al organismo federal.

La Ley PROMESA establece que el presidente tiene hasta el 15 de septiembre para culminar las designaciones que hasta el momento se han mantenido con hermetismo.

Los congresistas debían ofrecer una lista al presidente de seis nombres: dos recomendados por el presidente de la Cámara federal, dos por el líder de la mayoría en el Senado y otros dos recomendados por los líderes de minoría en Cámara y Senado.

La Junta Federal de Control Fiscal tendrá siete miembros que, entre otras cosas, deben ser expertos en finanzas, pero no pueden ser funcionarios electos ni designados en la Isla ni tener conflictos de interés. El gobernador de Puerto Rico será el octavo miembro con voz pero sin voto y podrá ser excluido de cualquier reunión que los miembros en propiedad entiendan pertinente.

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Al menos una persona tiene que ser residente en la Isla o mantener aquí su negocio primario. El organismo tendrá un director o directora ejecutivo que operará una oficina en la Isla.

El costo de la Junta Federal de Control Fiscal alcanza los $2 millones mensuales que tendrán que ser depositados todos los días cinco.

Cada miembro de la Junta de Control será nombrado por un término de tres años. Los miembros de la Junta de Control servirán sin paga, pero podrán recibir reembolsos por cualesquiera gastos necesarios y razonables incurridos por razón de su servicio en el organismo.

La Ley PROMESA establece que ni el gobernador ni la Legislatura podrán ejercer ningún control, supervisión, control, fiscalización o revisión de las actividades de la Junta de Control Fiscal Federal y sus actividades.

“No va a ser suficiente para resolver todos los problemas a los que Puerto Rico se enfrenta, pero es un importante primer paso para crear estabilidad, y mejores servicios, y mejor prosperidad a largo plazo para el pueblo de Puerto Rico”, sentenció el presidente Obama cuando firmó el pasado 30 de junio la Ley PROMESA

Yennifer Álvarez Jaimes, EL VOCERO

YENNIFER ÁLVAREZ JAIMES, EL VOCERO

Graduada de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras con una década de experiencia como periodista en prensa escrita, radio y televisión.

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Reaccionan a nombramientos de la Junta Federal de Control Fiscal

El comisionado residente Pedro Pierluisi agradeció la designación y a los nombrados “por su buena disposición para servir”

Pierluisi-suministrada

Funcionarios públicos y aspirantes a la gobernación reaccionaron hoy al nombramiento de los siete integrantes de la Junta Federal de Control Fiscal para Puerto Rico, realizado al mediodía por la Casa Blanca.

José Carrión III, Ana Matosantos, el expresidente del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) durante la administración de Luis Fortuño, Carlos García; Andrew Biggs, David Skeel, Arthur González y José Ramón González, también expresidente del BGF, están en la lista.

El comisionado residente Pedro Pierluisi agradeció la designación y a los nombrados “por su buena disposición para servir”.

De estos siete integrantes, se nombrará a un director ejecutivo y el personal profesional de apoyo, de conformidad con el Artículo 103 de PROMESA, recordó Pierluisi.

“Si la Junta de Supervisión Fiscal, los líderes electos de Puerto Rico, los acreedores de la Isla y los hombres y mujeres talentosos del sector privado trabajan juntos en un espíritu de cooperación, estoy convencido de que ―actuando dentro los parámetros de PROMESA― podemos empezar a reencaminar a nuestra Isla,

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mejorar la calidad de vida de nuestra gente y detener la ola de migración a los estados. El éxito requerirá mucho trabajo y sacrificio, pero vale la pena”, sentenció Pierluisi en declaraciones escritas.

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De otro lado, el presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP) y candidato a la gobernación, Ricardo Rosselló, manifestó que espera que el grupo se convierta en un facilitador de “las transformaciones necesarias para que Puerto Rico pueda salir de la crisis”.

“Los integrantes de la Junta tienen el deber de actuar con una visión pragmática en cuanto a cómo atender los retos y no centrarse en una sola perspectiva. La Junta debe ser una de colaboración en los aspectos fiscales, no de imponer política pública. El deber de trabajar la política pública le corresponde al gobierno democráticamente electo por el pueblo. El rol también de la Junta debe ser uno de colaborar en buscar enmiendas al propio proyecto de PROMESA para poder contar con herramientas de desarrollo económico y lograr la igualdad como Estado. Solo así será exitosa en su gestión”, sostuvo.

Su compañera de papeleta, Jenniffer González, restó importancia a la composición de la junta y enfatizó igualmente la necesidad de estrechar lazos con el gobierno que resulte ganador en las elecciones en noviembre.

“Independientemente de la composición de la Junta, espero que los miembros que componen la misma, estén en la mejor disposición de trabajar con la administración entrante, para restablecer la credibilidad del gobierno y para desarrollar nuestra economía”, afirmó.

“Como comisionada residente trabajaré con los miembros de la junta para restablecer la credibilidad del gobierno mediante la presentación de nuestro plan y política pública”, dijo González, quien agregó que una junta debidamente

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constituida permite comenzar el diálogo para a su vez, lograr acuerdos firmes que viabilicen la renegociación de los términos del repago de la deuda, conforme a PROMESA.

Por su parte, David Bernier, presidente del Partido Popular Democrático (PPD) y candidato a la gobernación, David Bernier, dijo hoy que desde que se vislumbraba la aprobación de la ley PROMESA nombró un equipo de expertos, tanto puertorriqueños como de Estados Unidos, para preparar un plan fiscal a cinco años.

El presidente del PPD indicó que “tenemos que estar listos para gobernar desde el primer día. Esperamos que con el plan fiscal a cinco años que estamos elaborando y el estilo de gobernanza responsable, la Junta intervenga lo menos posible en las decisiones de nuestro gobierno. Estoy seguro de que, junto a mi equipo de trabajo, puertorriqueños de todas las ideologías que se han unido a nuestros esfuerzos, tenemos la visión estratégica y la capacidad para poder echar a Puerto Rico hacia adelante. Si nos unimos como pueblo y gobernamos de forma realista y con desprendimiento, podremos recobrar nuestro gobierno propio lo antes posible”.

Mientras, el senador Luis Vega Ramos condenó los nombramientos de García y de Biggs.

“De confirmarse la inclusión de Carlos García a la Junta de Control Fiscal es una afrenta contra Puerto Rico… Su

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designación demuestra la agenda pro fondos buitres del gobierno federal”, denunció.

Por otra parte, Ramos alegó que Biggs es una persona vinculada cercanamente al American Enterprise Institute, una entidad ultraconservadora, aliada a Dick Chenney y los hermanos Koch y enemiga de las necesidades de Puerto Rico.

“Los puertorriqueños tenemos que prepararnos para hacerle frente a la Junta y su agenda de imponerles nuevos sacrificios a nuestro pueblo. Yo estaré, como siempre, del lado del pueblo y enfrentando a los que ponen los grandes intereses por encima de las necesidades del pueblo”, afirmó en declaraciones escritas.

Los congresistas debían ofrecer una lista al presidente de seis nombres: dos recomendados por el presidente de la Cámara federal, dos por el líder de la mayoría en el Senado y otros dos recomendados por los líderes de minoría en Cámara y Senado.

La Junta Federal de Control Fiscal tendrá siete miembros que, entre otras cosas, deben ser expertos en finanzas, pero no pueden ser funcionarios electos ni designados en la Isla ni tener conflictos de interés. El gobernador de Puerto Rico será el octavo miembro con voz pero sin voto y podrá ser excluido de cualquier reunión que los miembros en propiedad entiendan pertinente.

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