Por: Lcdo. Jeffry J. Pérez Cabán, Presidente Junta de Relaciones del Trabajo

Ejerciendo sus poderes sobre Puerto Rico, el Congreso aprobó una ley federal denominada PROMESA. En resumen, esta ley crea una entidad, la Junta de Control Fiscal, con ciertos poderes, y destaco, el poder suspender las huelgas a los empleados del sector público, dejar sin efecto las reglas sobre a cuáles trabajadores les aplicará las horas extras establecidas por el Departamento del Trabajo Federal y le dá la potestad al gobernador de reducir el salario mínimo a trabajadores jóvenes.

Explico, el artículo 104 de esta ley establece que la junta podrá asegurar la ejecución inmediata de cualesquieras leyes aplicables que prohíben a los empleados del sector público participar en una huelga o cierre patronal. Nos referimos a aquellos empleados sindicados de las agencias que no son corporaciones públicas del gobierno ni de entidades estatales que generan ingresos propios para su operación. En realidad, esta prohibición de huelga apenas ha sido retada por los empleados públicos, porque la penalidad de decretar y hacer una huelga para estos trabajadores es grave y la consecuencia es sencilla; el despido de su empleo en el servicio público. Por lo que su inclusión en el lenguaje de esta ley federal, en mi opinión, es inoficioso.

Por su parte, el artículo 403 expresa que será perrogativa del Gobernador designar un periodo, de no más de cuatro años, donde los patronos podrán pagar un salario no menor de $4.25 por hora, a los trabajadores menores de 25 años. No obstante, los patronos no podrán despedir empleados para entonces contratar trabajadores en esta edad y aplicarle dicho salario. De ser así, se expondrían a sanciones establecidas en la Ley de Normas Razonables del Trabajo. No es recomendable que ningún gobernador ejerza dicha discreción ya que el actual salario mínimo representa en muchos casos el ingreso máximo para los jóvenes y aceleraría el ocio, fomentaría el desinterés en participar en la fuerza laboral y más aún, continuaría el éxodo de éstos de nuestra Isla. Se estima que uno de cada tres empleados reciben el salario mínimo con “part-time”, lo que se convierte automáticamente en su ingreso máximo para sostener a sus familias y cumplir sus responsabilidades.

En enero de 2017 comenzaría una nueva regulación federal en relación a las tasas de pago de horas extras para algunos empleados. Sin embargo, el artículo 404, dejaría sin efecto su cumplimiento en Puerto Rico, al menos hasta que se extinga el tiempo de la junta en la Isla. Eventualmente, de Puerto Rico participar de este reglamento, las empresas tendrían que determinar qué decisión tomar para adaptarse al cambio, entre ellas, aumentar salarios y/o tomar políticas estrictas de control del uso de horas extras. Este nuevo reglamento tomó como base un salario mínimo de $47,476 anuales, para un empleado a jornada completa. En contraste, en Puerto Rico, no supera los $26,935.

La receta para este desarrollo que todos aspiramos debe incluir la educación de los derechos y responsabilidades de los trabajadores y patronos. El desconocimiento y la falta de explicar sus propósitos hacen que en el sector laboral se den extensos litigios en los tribunales o en agencias del estado que nos hacen perder la confianza en el sistema de justicia. En medio de una década de falta de crecimiento económico, un éxodo de nuestros trabajadores diestros y profesionales sin precedentes, nuestro rol como gobierno debe ser la voluntad de ejecutar acciones firmes en beneficio del sector laboral. Creo fielmente que el estado debe ser uno facilitador que promueva el máximo desarrollo de las capacidades y la creatividad del individuo y las empresas, sin excesivas intervenciones y que permita la negociación y los acuerdos.