Por: Oreste Ramos

Nuestra gente celebra la Junta de Control Fiscal. No tiene confianza en el gobierno insular. La junta es un brazo del Congreso, que tiene facultad constitucional para disponer lo que entienda propio con relación a Puerto Rico. Como territorio que es. Bastantes veces se reiteró tanto en las audiencias de PROMESA como en la decisión del Supremo en Sánchez Valle y en los pronunciamientos presidenciales a través del Procurador General.

La junta tendrá que meterle mano a las raíces del endeudamiento, eliminando múltiples componentes de nuestra maraña gubernamental y privatizando las corporaciones públicas, abriéndolas a la competencia, ello reducirá nuestra gran deuda, resultante de los préstamos tomados para pagar empleos innecesarios y a los “suplidores”. La emigración continuará por un tiempo y con ésta bajará la demanda por inmuebles y por bienes de consumo disminuyendo los recaudos y los empleos locales. Pero a la larga se normalizarán el fisco y la economía. Pero tomará tiempo.

La mudanza de las manufactureras hacia lugares de salarios bajos comenzó en los 70. Y se agravó desde el 1974 por la apertura de China. En vez de convertir nuestra economía a una de tecnología y servicios, como hizo el resto del primer mundo, el gobierno optó por la empleomanía electorera, absorbiendo a los desempleados de la manufactura y tomando prestado para pagarles. La eliminación de la trampa contributiva de la Sección 936 poco tuvo que ver con el desempleo. Además, se eliminó la sección porque el presidente Clinton necesitaba balancear el presupuesto. Nos dieron 10 años para adaptarnos y nada se hizo.

Las negociaciones entre la junta y los acreedores se prolongarán. Estarán dirigidas a rebajar la deuda de Puerto Rico, y evitar las demandas contra el gobierno federal que podría tener que responder por ser Puerto Rico una dependencia federal. Esto tomará tiempo y la recuperación tardará. De eso el pueblo culparía al nuevo gobierno y el cual podría, en 6 meses, ser tan odiado como el actual. Por ello, ése nuevo gobierno, debe inmediatamente después de las elecciones, dirigir su esfuerzo a resolver el problema del estatus mediante un plebiscito que cumpla con PROMESA. Recuérdese que ésta reafirmó la Ley 113-76 del 2014, que asigna $2,500,000.00 para un plebiscito entre fórmulas (plural) finales para resolver el problema. El actual estatus no cualifica porque no se puede resolver el problema con el problema mismo. La libre asociación tampoco cualifica porque cualquiera de las partes puede romperla en cualquier momento. No sería final. Tampoco puede ser un “SÍ O NO” porque no sería entre fórmulas. Tiene que ser entre estadidad e independencia. El plebiscito tiene que realizarse inmediatamente. Si se espera, revivirían al PPD que le echaría la culpa al gobierno por la situación económica y fiscal que durarían un tiempo. Posponer el plebiscito sería fomentar un voto que derrotaría la estadidad.

La estadidad debe ser la opción más atractiva para el gobierno federal porque garantizaría que éste no sería responsable por nuestras deudas futuras, como no lo es por la de los estados, que tienen soberanía propia. Recuérdese que el Tribunal Supremo Federal acaba de decidir que Puerto Rico carece de soberanía propia. La estadidad sería la fórmula más justiciera para Puerto Rico porque nos daría el voto por el Congreso y el presidente e igualdad en todos los planes sociales federales.

Tenemos que redactar la Ley del Plebiscito desde ahora y celebrarlo cuanto antes. A menos que quieran cargar con el oprobio de un pueblo traicionado.