El administrador de Servicios Generales (ASG), Luis Castro Agís, enfrenta una querella ética por supuestamente recibir dinero en efectivo, así como invitaciones a conciertos de parte del convicto recaudador del Partido Popular Democrático (PPD), Anaudi Hernández Pérez, cuya corporación fraudulenta resultó favorecida para la otorgación de contratos en su agencia.
El candidato a senador por San Juan por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Miguel Romero, solicitó en carta a la directora de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), Zulma Rosario, con fecha del 31 de agosto, que investigue la posible violación de Castro Agís a la Ley de Ética Gubernamental, según lo que ha trascendido en el juicio federal contra cuatro cuatro coacusados.
Castro Agís no contestó los pedidos de reacción que le hizo EL VOCERO por medio de su contacto de prensa durante dos días consecutivos.
Durante los primeros días de juicio federal, Héctor Vargas, quien fuera socio de Hernández Pérez, testificó bajo juramento que le dio $5,000 al administrador de ASG, además de otros regalos como el pago de conciertos e invitaciones a actividades sociales. Esto ocurrió al mismo tiempo que Hernández y su socio recibieron contratos en la ASG.
El gobernador Alejandro García Padilla informó que La Fortaleza evalúa la posibilidad de remover a Castro Agís de su puesto de confianza, luego que trascendió que supuestamente recibió $5,000 en efectivo y otros regalos a cambio de favorecer a Hernández Pérez con contratos en esa agencia.
“Lo estamos evaluando”, se limitó a decir el gobernador, a preguntas de EL VOCERO. Romero envió, además, a la OEG supuesta evidencia de que Castro Agís participó en un torneo de golf celebrado en el Bahía Beach Resort & Golf Club, como pareja de juego de Hernández Pérez.
El candidato a senador por el PNP solicitó a la directora de OEG que se investigue si el convicto Hernández Pérez pagó la inscripción del administrador a un costo de $1,000.
El Artículo 4.2 de la Ley de Ética Gubernamental (incisos b y c) establecen que los servidores públicos no pueden utilizar los deberes y las facultades de su cargo para obtener beneficios que no estén permitidos por ley, ni intervenir en un asunto que resulte en la obtención de un beneficio para él o ella.
La Comisión de Ética de la Cámara desestimó una querella radicada contra el expresidente cameral Jaime Perelló por entender que ¨no cumple con los requisitos establecidos en las reglas de ética de la Cámara de Representantes y el reglamento de la Comisión de Ética¨.
La Comisión de Ética tenía ante sí una querella contra Perelló relacionada a la información que ha salido durante el juicio federal contralos coacusados del convicto excontratista cameral, Anaudi Hernández.
En un breve comunicado de prensa enviado hoy, se informó que ¨el Panel Investigativo Ciudadano que tuvo ante sí la querella radicada contra el representante Jaime Perelló Borrás, ha determinado, de manera unánime, no causa sobre la querella en cuestión ya que no cumple con los requisitos establecidos en las reglas de ética de la Cámara¨.
La Cámara no ha informado quién radicó la querella argumentando que el reglamento de la Comisión de Ética no permite dar a conocer los nombres de las personas que radican las querellas.
Este mismo reglamento establece que las personas que radican las querellas deben tener ¨propio y personal conocimiento¨ de los hechos, lo que limita grandemente el campo de acción de esta Comisión de Ética. Otra de las limitaciones es que no podrán hacer investigaciones a 30 días de las elecciones.
El presidente del Partido Popular Democrático (PPD) había solicitado a la Cámara que investigara los señalamientos contra Perelló, quien sigue en la papeleta legislativa de la Pava.
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