Personal de la oficina del Asesor Técnico de la Reforma de la Policía (Monitor) y agentes del Departamento de Justicia de Estados Unidos están prestos a comenzar una investigación que procura corroborar que entre los ascendidos en la reciente promoción del 31 de agosto se encontraban personas que no cualificaban para recibir rangos más altos y como consecuencia los mismos podrían ser catalogados como ilegales.

De determinarse la ilegalidad los ascendidos deberían ser degradados.

Aunque no se sabe el número, se estima que no pasarían de una docena, y en muchos de los casos se trata de miembros de la Policía que han tenido conducta repetitiva en casos de violencia de género y otros investigados por violación a los derechos civiles de ciudadanos.

La investigación surge como resultado de la última vista pública que celebró el juez federal Gustavo Gelpí, en Mayagüez a principios de mes.

Los ascendidos, alrededor de 220, fueron a los rangos de sargento a capitán mediante exámenes, y de inspector a coronel por mérito.

De acuerdo a fuentes de la Policía, el monitor Arnaldo Claudio habría tramitado a través de la Oficina de la Reforma los expedientes que serán examinados. Según las fuentes, en algunos casos de trata de investigaciones administrativas que se mantuvieron inactivas por mucho tiempo y después archivadas, por lo que los querellantes han expresado su insatisfacción.

Otras alegaciones apuntan a que hubo casos de investigaciones que no estaban concluidas y que a última hora se cerraron exonerando al querellado para que pudiera ascender. Hay casos en que supuestamente los ascendidos no han tomado los cursos, ni siquiera los básicos, que ha implementado la Policía para cumplir con los acuerdos de la Reforma.

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En otro de los casos, se evaluará la querella de un sargento que presentó una acción administrativa alegando que era víctima de acoso por ser negro. Sus superiores tuvieron conocimiento, y una vez pasaron los ascensos hubo traslados de agentes que servían de testigos del querellante que alega haber sido discriminado por el color de su piel.

Después de la última ronda de ascensos supuestamente hubo un compromiso del gobernador Alejandro García Padilla de que se legislaría para que en el futuro los ascensos hasta el rango de teniente coronel sean por exámenes y que solamente se pueda ascender al rango de coronel por mérito.

El candidato a la gobernación por el Partido Popular, David Bernier, también expresó recientemente que los ascensos deberían ser por exámenes.

Hace más de una década prácticamente todos los ascensos eran por méritos, aunque hoy en día un gran número de los altos oficiales ascendieron a los rangos de sargento a capitán mediante exámenes.

Algunas personas conocedoras del proceso de la Reforma sostienen que las pesquisas administrativas deberían estar en manos de civiles y fuera del Cuartel General para evitar influencias de “compañeros” a favor de los investigados.

El superintendente José Luis Caldero López lleva más de 700 ascendidos en los dos años y cuatro meses que lleva en el cargo. Entre los ascensos criticados en la última promoción está el de Hugo Cancel, el jefe de seguridad de La Fortaleza, que el pasado febrero había sido ascendido de teniente a capitán.

La Ley faculta a Caldero López para realizar los ascensos, pero en algunos casos se violan acuerdos de la Reforma en cuanto a la experiencia, entrenamiento y necesidad.

Durante el curso de la investigación un número indeterminado de lo ascendidos serán entrevistados.

Claudio había cuestionado la designación de Cancel como superintendente auxiliar de la Policía de La Fortaleza, cargo que conlleva el rango de coronel mientras lo ocupe, por la falta de entrenamiento para esa esa posición.

Las fuentes señalaron que todos los expedientes ya le fueron entregados al equipo de trabajo del Monitor y se desconoce cuándo se sabrá el resultado de la pesquisa, que será compartido primeramente con el juez Gelpí.