La decisión de la Junta federal de Control Fiscal de tomar de inmediato las riendas de las finanzas públicas del País y de colocar bajo su jurisdicción una veintena de dependencias gubernamentales generó ayer reacciones mixtas de tres reconocidos economistas.
Argeo Quiñones indicó que las primeras decisiones de la junta demuestran “cierta premura o percepción de que había que actuar rápido, pero también abren la puerta para pensar qué significa tomar las riendas, más allá de los informes periódicamente y velar por las transacciones financieras que pueda realizar cada una de las dependencias”.
El economista catalogó como “sorpresiva” la determinación del ente federal de colocar bajo su manto las principales corporaciones públicas, asegurando
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que “esto viene a completar el cuadro de control que inflige esta junta y sorprende porque no estaba en la agenda”.
“Por la composición y la presidencia de la junta, los sectores beneficiados en la distribución del ingreso, antes y durante la crisis, no serán tocados. Todo presagia un ajuste hacia abajo, regresivo, en la estructura social con la política de austeridad”, agregó Quiñones.
Mientras, el director de la Escuela Graduada de Planificación de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Río Piedras, Elías Gutiérrez, opinó que la determinación de la junta de hacerse cargo de agencias y del gobierno central era de esperarse.
“¿De qué forma van a cumplir su misión si no hacen lo que hicieron?”, cuestionó.
El economista indicó que “si Puerto Rico se hubiese portado bien, si hubiese sido prudente, responsable con sus cosas, recortando gastos, esto no hubiese pasado. Pero, fuimos imprudentes, irresponsables y eso fue lo que trajo el barco. El gobierno se fue a pedir ayuda al Congreso y el Congreso los ayudó con esto”.
“Ahora estamos viendo las consecuencias de no haber hecho las cosas y con las consecuencias de haber hecho las cosas malas. Ahora todos tenemos que ajustarnos a la nueva realidad”, puntualizó Gutiérrez.
Por su parte, el economista Gustavo Vélez precisó que la junta solo asumió control del gobierno, tal y como la ley Promesa dispone.
“Tomaron control de casi todo el gobierno porque el alcance es completo y me parece que van a entrar a mirar todo; el aparato público, las agencias, las corporaciones públicas que están insolventes, los sistemas del retiro, o sea todo está ya bajo el radar de la junta”, dijo Vélez.
“El gran deterioro financiero obliga a que cojan control de todo y que comiencen a implementar las medidas y las acciones que la propia ley dice, que una de ellas es el reporte financiero, que el gobernador comience a dar informes financieros de todo el gasto y los ingresos, que es lo que no ha habido aquí en los últimos 20 años”, abundó.
Finalmente, explicó que es importante que el organismo federal empiece a tomar medidas porque el gobierno boricua está insolvente.
“El gobierno reconoció que tiene un déficit de $4 billones en el caso de Besosa, en la demanda contra Promesa. Así que claramente el deterioro es muy rápido, está agravándose y la entrada de la junta a coger control y tomar posesión del gobierno es apremiante para evitar que el deterioro desemboque en el cierre del gobierno”, concluyó Vélez.
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