Julio A. Cabral Corrada, un puertorriqueño que trabaja para Stone Lion Capital, una firma de inversiones de Estados Unidos, cree que el Gobierno debería dejar claro que va a pagar la deuda constitucional. Puerto Rico tiene 18 tipos de créditos y no todas tienen la misma garantía. Dejar claro que se va a “respetar” la deuda constitucional (Obligaciones Generales y Cofina) calmaría los mercados financieros. “Allá piensan que esto es una república bananera y Puerto Rico no es una república bananera”.

Cabral Corrada fue uno de los panelistas invitados para hablar de la reestructuración de la deuda en una actividad que tuvo lugar ayer, organizada por la Cámara de Comercio.

El analista piensa que hay que pagar las Obligaciones Generales (GO) porque los GO son “una aliado natural” de Puerto Rico en los mercados, pero defiende que el Gobierno debe cubrir primero los servicios esenciales, antes que el servicio de la deuda. Pagar los GO es lo que permitirá a Puerto Rico seguir obteniendo financiamiento. “El día que dejes de pagar un GO vamos a estar en corte ‘forever’ y va a ser adverso porque Puerto Rico no tendrá financiamiento para operar”.

Por su parte, Melba Acosta Febo, presidenta del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) aclara que la propuesta del Gobierno a sus acreedores va a ser un intercambio voluntario y que no se están dejando de respetar las diferencias entre los varios tipos de deudas. Se va a tomar en cuentas las diferencias entre todos los créditos.

No es solo Morgan Stanley quien piensa que el déficit financiero no es tan alto como dice el Informe Krueger. Hay otros bancos que piensan lo mismo pero no quieren hacer públicos sus informes para no enfrentarse al Gobierno. Cabral estima que tras las medidas el déficit será de entre $6,000 millones y $7,000 millones y no los $14,000 millones que dice el informe Krueger.

Cabral Corrada considera que hay dinero para pagar la deuda constitucional y que todavía hay espacio para reducir aún más los gastos del Gobierno. Dice que el Gobierno no debe entrar en la retórica de decir que o le paga a los policías o a los acreedores. “Lo que hay que hacer es recortar el gasto excesivo para que los impuestos se manejen de forma correcta” y hacer cumplir la Ley 66.

Apoya que se le permita a Puerto Rico utilizar el Capítulo 9 de la Ley de Quiebras y que se hagan cambios a la Ley Jones y cree que el gobierno federal puede ayudar con cosas como la paridad de fondos de Medicare, pero dice que la mayoría de la cosas de las que se han hablado las puede hacer aquí el BGF y la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP). El Departamento del Tesoro está ofreciendo asesoramiento técnico y “espero que pase a acciones concretas. Pero habrá que ver si el Tesoro federal le está metiendo mano a los recaudos y, en ese caso, hay un problema constitucional con el Congreso de EEUU”.

Estima que los fondos de inversiones tienen menos de 15% de la deuda total de Puerto Rico; los fondos mutuos y las compañías de manejo de activos tienen un 30%; las aseguradoras de bonos un 25% y el 30% restante están en manos de puertorriqueños.

Cabral Corrada reclama negociar con los funcionarios de Puerto Rico y no
con las firmas contratadas por el gobierno para que los asesoren. A lo que Melba Acosta, presidenta del BGF contestó que en ocasiones tendrán que negociar con los asesores. “A  veces  pienso que los asesores tienen sus propios intereses y no los de los puertorriqueños”, comentó Cabral Corrada. “El Gobierno de Puerto Rico debe estar seguro de que los mejores intereses de los puertorriqueños están representados por los asesores, que no están gobernando dos gringos en vez de los puertorriqueños”.

Por otro lado, lanza un reclamo de transparencia. “La información para la toma de decisiones debe ser pública”, pero más importante aún es que se conozcan cuál son los supuestos en que se apoya el plan Krueger. “Yo quiero ver esos supuestos, porque se pueden jugar con los números”.

Los acreedores todavía no se han sentado en la mesa a negociar. “Nadie ha firmado un acuerdo de confidencialidad”, y parte del problema es la firma de los acuerdos de confidencialidad. La información que reciban las firmas no la pueden compartir con otro acreedor y no se pueden hacer transacciones.

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