(El Capitolio, miércoles 8 de septiembre de 2010)- “Es más que claro. Invertir en las Comunidades desventajadas de Puerto Rico fue bueno para pocos residentes de las mismas, pero un negocio redondo para muchos contratistas”. Así reaccionó la presidenta de la Comisión cameral de Asuntos de Familias y Comunidades, a las declaraciones de la Ex Gobernadora, Sila M. Calderón.

“La Ex Gobernadora no se equivoca, las comunidades Especiales están vivas, pero con respirador artificial. Su administración se encargó de conceptualizar el Programa de Comunidades Especiales, pero cuando fueron a ejecutar el plan se olvidaron de las necesidades de ellas. Aquí se pagaron hasta $461,632.00 por una unidad de vivienda,  esto demuestra que su intención principal era erradicar la pobreza en las comunidades y llevarla al Gobierno de Puerto Rico. Si esa era la intención, entonces el Programa de Comunidades Especiales es todo un éxito”, arremetió.

Casado Irizarry añadió que las expresiones de Calderón son “una falta de respeto para aquellos que llevan más de 5 años fuera de su casa, esperando que le entreguen lo prometido. Bien lo dice la Ex Gobernadora, las Comunidades llevan seis años solos, pero hay dos o tres contratistas que estuvieron muy bien representados”.

La Comisión que preside la representante Casado Irizarry, está llevando a cabo una investigación en torno al funcionamiento, ejecución y administración del Programa de Comunidades Especiales y según la Representante, “son muchas las interrogantes que se han levantado con la información que esta recibiendo la Comisión y esperamos radicar el Primer Informe Parcial esta misma semana”.

(El Capitolio, martes 8 de junio de 2010)- La Comisión cameral de Asuntos de Familias y Comunidades, descubrió hoy que el Departamento de la Vivienda (DV), pagó a compañías de tasación y adquisición sin poseer evidencia de los trabajos realizados y otorgó bonos de productividad de manera irregular.

En Vista Pública autorizada por la Resolución de la Cámara 341 y 1026, trascendió que el DV pagó más de $70 millones sin poseer documentos que evidencien la labor realizada.
“Durante la investigación, se han identificado varias situaciones que alertan y levantan sospechas sobre una pobre administración de los recursos gubernamentales y del pueblo. Por ejemplo, se ha identificado una compañía de adquisición y expropiación obtuvo más del 90 por ciento de los fondos destinados a estos fines. Esa misma companyia no entregó los expedientes de los proyectos adjudicados y la evidencia de la labor realizada, a pesar de ya haber recibido más de $70 millones por su labor. Esta situación en particular, nos obliga a citarlos a Vistas Públicas con requerimiento de documentos. Esto tiene que aclararse lo antes posible”, mencionó Casado Irizarry, presidenta de la Comisión.

El secretario del DV, Yessef Cordero, mencionó que, “el pueblo tiene que conocer historias como estas. Al final del día no eran fondos de Comunidades Especiales, eran fondos del Pueblo. Es dinero de las contribuciones que con mucho sacrificio el Pueblo pagó”.
Por otro lado, se desprende de la ponencia del DV, que estos aprobaron bonos de productividad para empleados transitorios que laboraban con los proyectos de Comunidades Especiales, justo el día antes de que comenzara la veda electoral en septiembre de 2008.

“En cuanto al bono de productividad hay que investigar varios asuntos. Primero, por qué se realiza mediante orden administrativa, aún cuando había un reglamento a esos fines que nunca fue aprobado. Segundo, la Orden Administrativa se firma justo el día antes de comenzar la veda electoral y los cheques se entregan luego de comenzada la misma. Tercero, por qué la oficina de Recursos Humanos del DV fue el que pagó todas las aportaciones que por ley tiene que realizar el empleado, como por ejemplo la aportación al seguro social. Por ultimo, como el DV aprueba un bono de productividad cuando los fondos asignados para gastos administrativos proyectaban insuficiencias”, finalizó Casado Irizarry.

La Comisión de Asuntos de Familias y Comunidades espera rendir un informe parcial sobre los hallazgos de esta investigación antes que culmine el mes de junio.

(El Capitolio, domingo 25 de abril de 2010)- Construcción y desarrollo de proyectos sin la titularidad de los terrenos, compra de terrenos inservibles para la construcción de vivienda y experimentos con fondos públicos, son parte de las posibles irregularidades que salieron a relucir en Vista Pública de la Comisión de Asuntos de Familia y Comunidades.

En la Vista, la Gerente General del Programa de Comunidades Especiales, la señora Ivette Cortés, mencionó que al evaluar varios de los proyectos encontraron que, en la Comunidad Jacaboa en el Municipio de Patillas, se compró un terreno por $226 mil y no se pudo efectuar construcción, porque el terreno no era el adecuado para realizar la obra. Esto luego de haber construido infraestructura de sistema pluvial a un costo de $1,448,748.81.

La presidenta de la Comisión, la representante Elizabeth Casado Irizarry, comentó que, “esta situación demuestra que el DV actuó de forma negligente, al comprar un terreno sin evaluar si el mismo, era el apropiado para realizar la obra propuesta. Peor aún, se trabajó en un sistema pluvial, derrochando aproximadamente $2 millones, en un proyecto que no podrá ser completado”, sentenció.

Por otro lado la representante mencionó que, “del desglose de contratos que trajo el DV, han podido identificar a compañías de personas muy allegadas a figuras de la política. Por lo que se solicitó información más detallada de estos contratos, con el propósito de conocer si hubo irregularidades en la otorgación de subastas”, añadió.

“Una de las compañías que realizó más del 90 por ciento de los trabajos, pertenece al hermano de una ex funcionaria de la rama Ejecutiva. Son cosas que estamos investigando y que en su momento daremos a conocer, cuando terminemos la evaluación de los contratos. Además de otra compañía de una persona muy cercana a la ex gobernadora Sila Calderón, la cual recibió contratos por más de $30 millones”, dijo Casado Irizarry.

De otra parte, el señor Rafael Balaguer Santiago, Secretario Auxiliar de Gerencia y Desarrollo de Proyectos, mencionó que en una comunidad del sur, un diseñador “experimentó un nuevo concepto, el cual no había sido del agrado de los residentes de la Comunidad. A lo que la representante argumentó que “los fondos del Programa de Comunidades Especiales, no son para experimentar y tampoco se experimenta con las expectativas de unas familias a las que se les prometió villas y castillas, dejándolos sin villas, ni castillas, porque nos los respetaron”, finalizó.

Más casas de Comunidades Especiales a un costo mayor de $300,000

lunes, 8 de marzo de 2010  Actualizado hace 542 días  (creado 09:20 a.m.)  Inter News Service

La Comisión de Asuntos de Familias y Comunidades de la Cámara de Representantes encontró que el Departamento de la Vivienda (DV) construyó casas de comunidades especiales a un costo promedio de más de $300,000 en el Municipio de Arecibo.

Elizabeth Casado Irizarry, presidenta de la Comisión, dijo que en una inspección realizada ayer, domingo, autorizada mediante las resoluciones 341 y 1026, en la comunidad El Vigía en Arecibo, el ingeniero que inspecciona el proyecto confirmó que el costo promedio de construcción por unidad ronda los $300,000.

Casado Irizarry recordó que la pasada semana el coordinador general de la Oficina de Comunidades Especiales (OCE), Frederick Muhlach, informó en una audiencia pública, que en Cabo Rojo se habían construido residencias a un costo promedio de más de $400,000.

Añadió que «le causa suspicacia cómo el Departamento de la Vivienda permitió que cada unidad tuviera un costo tan elevado.

Casado Irizarry adelantó que próximamente citarán al secretario del Departamento de la Vivienda, Jessef Cordero, para que brinde la información que tenga en su agencia con relación al tema, y a los secretarios de administraciones anteriores que tomaron decisiones al respecto.

«Me gustaría saber quién fue el que asesoró a estas personas para realizar un acto tan irresponsable. Era mucho más fácil comprarles a estas personas, que necesitaban vivienda, una casa en un proyecto privado, le ahorraban dinero al Gobierno de Puerto Rico. Aquí alguien va a tener que convencerme que era prudente tal gasto», indicó Casado Irizarry.

Representante favorece gestión de Coordinador General

San Juan, P.R. – Durante la tarde de hoy la presidenta de la Comisión cameral de Asuntos de Familias y Comunidades, Elizabeth Casado Irizarry, favoreció la gestión que realiza el Coordinador General de la Oficina de Comunidades Especiales (OCE), el arquitecto Frederick Muhlach.

“Para mi es inconcebible, que un grupo de líderes comunitarios le soliciten la renuncia a una persona que hasta el momento ha mostrado un sincero interés en mejorar las condiciones de las Comunidades Especiales. El arquitecto Muhlach, está cumpliendo cabalmente con su responsabilidad. No podemos permitir que se quiera castigar a aquel que levante una bandera roja cuando encuentre algo extraño con el manejo de fondos públicos, y más aún cuando se juega con las expectativas del Pueblo”, sentenció Casado Irizarry.

La legisladora continuó mencionando que, “la investigación que realiza la Cámara de Representantes, lo que busca es explicarle a nuestra gente en qué se gastaron los mil millones de dólares del Fideicomiso Perpetuo para las Comunidades Especiales. Si en el camino encontramos que personas cometieron irregularidades o no fueron responsables con la adjudicación de subastas, tenemos que señalarlo”.

La presidenta de la Comisión que investiga la implantación de las diferentes leyes que tienen que ver con las Comunidades Especiales, apoyó la gestión que realiza Muhlach, y finalizó mencionando que, “nos sorprende el reclamo de estos líderes comunitarios. Debido a que choca con el reclamo que ha recibido la Comisión de estos mismos líderes por el hecho de que llevan cuatro y cinco años reubicados sin que le entreguen la vivienda que les prometieron. Además de reclamos sobre estructuras terminadas que no pueden utilizarse porque no tienen las conexiones sanitarias o los permisos de uso”, culminó.