Según avanza el proceso de transición entre la administración saliente y el comité del gobernador electo Ricardo Rosselló se hace evidente que PROMESA es imprescindible. El régimen actual fracasó en su obligación de administrar los fondos locales y federales disponibles para prestarle servicios al pueblo y promover el desarrollo económico.

Tampoco pagaron la deuda pública ni a suplidores, ni controlaron los gastos públicos o balancearon el presupuesto de acuerdo a ingresos reales. No protegieron el buen nombre, la credibilidad y el crédito de Puerto Rico.

Cuando venza la moratoria del pago de los bonos no habrá fondos para pagar $1,318 millones de la deuda ni para mantener al gobierno prestando servicios. En junio proyectan otro déficit de $3,036 millones para pagos de la deuda y fondos que usaron de otras agencias. Se estima que con una deficiencia de $6,000 millones tampoco podrán pagar una deuda de $1.5 billones a los suplidores ni el reintegro a los contribuyentes.

En febrero, el Tesoro federal afirmó que “el gobierno de Puerto Rico agotó sus fuentes de liquidez hace más de un año”. Proyectan que en el año fiscal 2018 no habrá recursos para pagar pensiones, reintegros, las deudas a los bonistas ni posiblemente los salarios de los empleados públicos.

Se estima que hay más de $3,500 millones de fondos federales congelados en el Banco Gubernamental de Fomento por Orden Ejecutiva, pero el banco solo tiene $170 millones en caja y no pueden usar los fondos federales para proyectos importantes aprobados, lo que obligará a algunas agencias federales a demandar al gobierno de Puerto Rico. Como consecuencia arriesgarían fondos federales vitales para la isla.

La Ley que creó la Junta establece que tiene la autoridad para revisar y aprobar presupuestos, gastos de operación y otras transacciones del gobierno. Para que la JSF certifique el plan fiscal, debe cumplir catorce requisitos, incluyendo: eliminar los déficits estructurales, presentar presupuestos balanceados sostenibles, lograr crecimiento económico, recuperar acceso a los mercados, financiamiento para los sistemas de retiro de los empleados públicos, y no depender de fondos federales adicionales inciertos.

La Junta rechazó el plan del gobernadorGarcía Padilla porque carece de reformas estructurales gubernamentales y ajustes del presupuesto necesarios, no detalla cómo pagaría y se reestructuraría la deuda, no promueve crecimiento y desarrollo económico, y no define metas, métricas y proyecciones para la próxima década.

García Padilla no cumplió con su responsabilidad y se negó a someter las enmiendas requeridas. Ante esa negativa, la Junta considerará las propuestas sometidas por Rosselló y procederá a certificar un plan fiscal final para el 31 de enero.

La Junta insiste que la crisis requiere soluciones a largo plazo, incluyendo la reestructuración de la deuda, dar impulso económico,controlar los gastos que no son esenciales y encaminar el aparato público hacia la eficiencia.

La Casa Blanca ha expresado que el status arrastra la economía. Administrar la colonia sin resolver el status le cierra a Puerto Rico las puertas a una planificación y política pública que cumplan con soluciones a largo plazo para la reorganización gubernamental, revitalizar la economía, promover el desarrollo económico y trabajar con el Congreso para lograr el trato de plena igualdad y paridad en los fondos federales.

Puerto Rico eligió un gobernador, comisionada residente y Legislatura estadistas y llegó el momento para enviarle un claro mensaje a la Junta, al Congreso y la Casa Blanca para que las acciones que tomen sean cónsonas con la voluntad del Pueblo puertorriqueño sobre su futuro político, especialmente la transición hacia la estadidad.

Conforme a la Ley del 2014 del Congreso que asignó fondos para un referéndum, se debe llevar a cabo un plebiscito entre la estadidad y la independencia y ratificar el voto del 2012. No hacerlo pronto en 2017, mantendría a Puerto Rico en el limbo político y sometería a nuestro pueblo a una crisis con consecuencias peores que la crisis actual.