Se acerca el final de una administración desastrosa que ha hundido a Puerto Rico en una terrible crisis. La realidad que no se puede ocultar: más del 50% de los municipios y el 48% de la población vive debajo de los niveles de pobreza y 38.1% de los hogares reciben asistencia nutricional federal-PAN.

Durante esta década se han mudado a los 50 estados más de 400,000 puertorriqueños buscando empleos, seguridad, igualdad de oportunidades y mejor calidad de vida, dejando atrás miles de casas y edificios cerrados o abandonados.

Más de 1.6 millones de personas dependen del programa de salud del gobierno, que en gran medida es financiado por ayudas federales-PAM. La salud de un millón de personas está en riesgo de quedarse sin cubierta médica cuando se agoten prematuramente los $6.4 billones que Obamacare asignó a Puerto Rico y que debieron haber durado hasta el año fiscal 2019. Se proyecta que el programa de salud tendrá que operar con un déficit de $1,200 millones anuales comenzando a fines del 2017.

El colapso social es evidente y la seguridad depende de las autoridades federales. Ocurre un promedio de alrededor de dos asesinatos diarios y la corrupción gubernamental destruye la confianza en las instituciones. Aparte de las pirámides de corrupción política, casos del Gran Jurado culminaron en el arresto del Alcalde de Gurabo por delitos de extorsión y soborno; dos policías por trasiego de drogas; 7 personas por malversación y robo de pagos del Seguro Social; y dos dueños de un plan médico por lavado de dinero y fraude.

Miles de pensionados dependen de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno que tiene un déficit de 40,000 millones y que se proyecta no tendrán fondos en el 2018 si el gobierno no toma medidas correctivas. La UPR opera con un déficit de $1,640 millones y una deuda a largo plazo de $596 millones.

El cuadro económico es tétrico: la deuda pública asciende a $140,000 millones. Cuando venza la moratoria del pago de los bonos no habrá fondos para la deuda ni para mantener al gobierno prestando servicios. Se proyecta otro déficit en junio y tampoco podrán pagar las deudas a los bonistas, las agencias y los suplidores, y para el 2018 no podrían pagar las pensiones o empleados públicos.

Las vistas públicas de los Comités de Transición han revelado información insospechada. El BGF tiene cerca de $3,500 millones de fondos federales congelados que no pueden usarse porque solo tiene $170 millones en caja. Queda al descubierto el repago de $188 millones al Fondo Rotatorio de Agua que se utiliza para infraestructura de agua potable y tratamiento de aguas sanitarias.

Según el presidente saliente del BGF, “la salida de decenas de miles de habitantes, impide el crecimiento de la economía”; y la “falta de liquidez en el gobierno dificulta la financiación de proyectos industriales”. Concurro en que la nueva administración tendrá queimplantar el “principio de austeridad fiscal de controlar los gastos no esenciales”, acabar con el derroche de fondos públicos y proceder con una reforma gubernamental abarcadora.

Rosselló se ha comprometido con una reforma de gobierno, reducción de gastos gubernamentales, alianzas público privadas y ajustar la reorganización del Departamento de Educación sin afectar “el plan de seguro de salud del gobierno, los pensionados y la Universidad de Puerto Rico”.

Planifica reducir los puestos de confianza y reducir los fondos vigentes para contratos gubernamentales. Su programa de gobierno tiene un fuerte compromiso para atraer la inversión privada y generar empleos porque “el desarrollo económico es su prioridad”.

Ante estos retos, nuestro pueblo comienza a expresar optimismo con el cambio de gobierno. Ahora, Puerto Rico luchará por la igualdad para resolver el estatus colonial y lograr un mejor futuro. Hay razones para celebrar la Navidad y el Año Nuevo con entusiasmo. ¡Felicidades!