Rápido, ágil y energético. Como todo atleta listo para correr al máximo desde que se le da la señal de salida, así comenzó el gobernador Ricardo Rosselló Nevares su mandato.
Con el afán de cambiar el ambiente político en Puerto Rico lo antes posible, el gobernador Rosselló Nevares juramentó a su cargo en la madrugada del 2 de enero, ante la jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Maite Oronoz. La responsabilidad que pesa sobre sus hombros es grande, empezando por rendir el plan fiscal requerido por la Junta Federal de Control Fiscal (JFCF) para el 31 de enero del corriente. A tales efectos, de inmediato empezó a trabajar firmando órdenes ejecutivas. Así fija su marca de lo que pretende será su gobierno. Como atleta de alto rendimiento, pronto se dará cuenta de que esto no es una carrera corta y rápida, sino un maratón de cuatro años. Ello requiere maña y sabiduría para planificar de antemano que se necesitan espacios para reanudar fuerzas, mientras se recoge vela y reenfocan tácticas y estrategias.
Un asunto es la urgencia que requiere salir de la debacle fiscal en que se encuentra Puerto Rico; y otro es el contenido específico de sus acciones. No podemos confundirnos por el trabajo de relaciones públicas para montar un cuadro de apariencias con el fin de conseguir el respaldo de un público, para sacarlo del marasmo y pesadumbre que arropa al País. Ya se acabó el tiempo de hablar en términos generales. Es hora de actuar; a sabiendas que se terminará el periodo de “luna de miel” del nuevo gobierno, incluso posiblemente con sus propios seguidores. Ahora hay que sacarle punta al lápiz y finalmente especificar dónde se harán los ahorros cortando gastos. Reducir el 20% de puestos de confianza que no han sido reclutados, 10% del presupuesto y 10% en contratos que no se han contraído, son pasos fáciles.
Lo difícil está en la reorganización gubernamental. ¿Cuáles serán las agencias a eliminarse o fusionarse? ¿Cuáles serán los servicios que se privatizarán? ¿Cuáles serán las propiedades públicas que se pondrán a la venta al mejor postor? ¿Cuáles serán, si algunos, los beneficios a empleados(as) públicos que se reducirán o cortarán? ¿Cuáles, si algunos, serán los aumentos en costos de servicios y en impuestos? En las respuestas a estas preguntas es que la algarabía de la victoria electoral del PNP, posiblemente se tornará en semilla de discordia de un pueblo con sed de justicia.
Tomar el batón político, no solamente requiere correr hacia al frente, sino asumir los sinsabores de ajustar cuentas con funcionarios electos que se burlaron de la bondad de un pueblo que les depositó su confianza. Un asunto es fijar responsabilidad a los(as) funcionarios salientes que se hicieron cómplices de haber gastado antes de tiempo el presupuesto del año 2015-2016; dejando sin fondos para pagar la nómina de febrero según reiteró Rosselló Nevares en su discurso inaugural. Esa es fácil, pues es su contrincante político-partidista.
No obstante, una acción de mayor seriedad es combatir la impunidad disfrutada por quienes nos han embrollado, moviendo el calendario histórico para atrás por décadas. Ello incluye investigar a todos los sectores partidistas, sin excepción alguna. Cualquier requerimiento de sacrificio económico al pueblo, deberá tener un preámbulo contundente fijando responsabilidad a los(as) autores(as) de la debacle fiscal; sin importar colores. Para aunar esfuerzos en asumir el pago de la deuda pública de cerca de $69 billones, deberá procesar civil y criminalmente a todo(a) político(a) electo(a) y funcionario de gobierno que en el pasado incumplió con su deber ministerial en la aprobación de presupuestos sin balancear, y emisiones de bonos sin fuentes de repago. Solamente con dicho ejemplo, se tendrá la fuerza moral para exigirle al pueblo mayores sacrificios económicos.
La tónica del gobierno de Rosselló Nevares deberá crecerse por encima del anterior. No podemos darnos el lujo de seguir festejando, cuando no hay dinero para pagar la nómina pública. Traspasados los poderes del gobierno, es hora de rendir cuentas. Su compromiso de transparencia gubernamental deberá comenzar por publicar de inmediato el costo de dichos actos protocolares, incluyendo gastos en contratistas. El pueblo tiene derecho a pasar juicio sobre el gasto público incurrido. No solamente le tocará a la JFCF, sino al pueblo requerir el rendimiento de cuentas para fiscalizar peso a peso que se gaste. Abrir los portones del Palacio de Santa Catalina, como acto simbólico del cambio de gobierno democrático, requiere de la entereza para aquilatar la responsabilidad de ser vigía de la misma. ¡Bienvenido a su futuro!
You must be logged in to post a comment Login