El pasado lunes 3 de enero de 2017 se hizo historia en Puerto Rico. Por primera vez el hijo de un exgobernador juramentó como gobernador de Puerto Rico. También por primera vez, pasados un minuto de las 12 de la madrugada del día en que se le tomaría juramento (el lunes) el gobernador electo Dr. Ricardo Rosselló juramentó su cargo convirtiéndose en el primer gobernador en así hacerlo.

En el momento del mayor caos fiscal y social en la isla, cuando nos consumía la desmoralización, ha sido verdaderamente esperanzador ver a un joven brillante, maduro, lleno de energía y pasión asumir la gobernación con un bien pensado plan, diseñado con propuestas concretas para enfrentar la actual crisis.

Ante un público delirantemente apoyando la estadidad, el nuevo gobernador señaló en su discurso inaugural: “No vinimos meramente a administrar un andamiaje arcaico e inefectivo. Lo nuestro será un gobierno transformacional. Hoy comienza la recuperación de Puerto Rico”.

Anunció haber firmado una seria de órdenes ejecutivas dirigidas a reducir el gasto en las dependencias del gobierno: el 10% en el presupuesto 2016-2017 (presupuesto vigente); el 20% en los puestos de confianza a través de todo el gobierno; un 10% de reducción en los contratos por servicios profesionales; medidas para acelerar el proceso de permisos para proyectos de infraestructura; control en los viajes, en gastos, en tarjetas de crédito y el uso de vehículos oficiales; implementar el modelo de presupuesto base cero en todo el gobierno e impulsar el bilingüismo en las escuelas, para crear el Centro de Oportunidades Federales, adscrito a la Oficina del Gobernador, con el objetivo de proveer asistencia técnica y de cumplimiento para poder optar por fondos federales.

En presencia de Alejandro García Padilla y en obvia alusión a este, Rosselló señaló que, “concluido el proceso de transición podemos asegurarles que nos entregan un gobierno con un déficit que supera, al menos, los siete mil millones de dólares. La situación fiscal es tan precaria que no han dejado dinero suficiente para pagar la nómina en el mes de febrero”. También resaltó que la Administración García Padilla no fue responsable al usar los fondos de los sistemas de retiro de empleados públicos, los fondos de los reintegros y de los suplidores para sufragar la operación del gobierno. Señaló que es necesario que haya consecuencias para los que nos han dejado en estas precarias condiciones. AGP y su esposa tuvieron que aguantar el bien merecido aguacero. Para su crédito lo hicieron dignamente. Los otros ex-gobernadores populares no asistieron a los actos. La verdad es que no hicieron falta.

Una vez terminada la ceremonia – entre vítores de seguidores- Rosselló se dirigió caminando hacia la Fortaleza. Desde allí con su niña y una radiante nueva primera Dama, saludó al público. Al día siguiente -martes- temprano partió hacia Washington DC para acompañar a Jenniffer González en su juramentación como primera mujer Comisionada Residente. Aprovechó además el viaje para reunirse con influyentes congresistas para informarles sobre nuestra situación fiscal, moverlos a recobrar la confianza en Puerto Rico y recabar su ayuda.

Luego de ser juramentada, Jenniffer radicó un acta de admisión de Puerto Rico como el estado 51 de los Estados Unidos. Anunció que el gobernador presentará próximamente legislación para durante los primeros meses de su administración llevar a cabo un plebiscito entre estadidad o independencia. La idea es reafirmarle al Congreso la mayoría de la estadidad en la preferencia de nuestro pueblo. Rosselló mencionó que próximamente se hará la selección de aquellos que mediante el Plan Tenesí habrán de trasladarse -en su momento- a Washington a presionar por la estadidad.

El plebiscito podría utilizar los $2.5 millones asignados por el Congreso para educar respecto a opciones de estatus que sean constitucionalmente validas, estén de acuerdo con las leyes y política pública de la nación y sean para resolver el estatus. El miércoles 28 de diciembre se produjo un informe por el Congressional Research Services que señala que el congreso ha puesto condiciones que excluyen al ELA mejorado de cualquier consulta plebiscitaria.

El PPD inmediatamente señaló que para oponerse a todo lo anterior, habrá de aglutinar todas las fuerzas anti estadistas de la Isla. Eso era predecible -pues como el diablo a la cruz- le temen ir a un plebiscito ya que tendrían que definirse y si lo hacen se dividen. Tienen que proteger el partido de la colonia para seguir viviendo de ella.

Estamos en la antesala de un esperanzador amanecer para Puerto Rico en el que resolver el problema del estatus moviéndonos hacia la estadidad será fundamental para nuestra recuperación. Vamos pa’lante.