Con la fuerte oposición del sector laboral, varios economistas y de las minorías legislativas, el Senado se apresta a aprobar hoy la reforma laboral con enmiendas para mantener los 12 días por enfermedad y otras para garantizar que las nuevas reglas no apliquen a los que ya están empleados.

La Comisión senatorial de Gobierno realizó ayer una vista pública sobre la medida a la que comparecieron los portavoces del Ejecutivo, los representantes del sector privado y varios líderes sindicales quienes también se congregaron a las afueras del Capitolio para protestar contra el proyecto.

Los senadores de mayoría y minoría cuestionaron a los deponentes sobre las garantías de que este proyecto creará más empleo. Los portavoces del Ejecutivo – representado por el secretario del Trabajo, Carlos Saavedra y el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, Manuel A. Laboy Rivera – insistieron en que no se podrá saber el saldo de la medida hasta que se aprueben otros proyectos que no han sido ni radicados, como una reforma contributiva y medidas para reducir el costo de la luz. La misma contestación ofreció la Coalición del Sector Privado a la pregunta de cómo y cuándo se sabrá la efectividad de la reducción de beneficios a los trabajadores.

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y el presidente de la Comisión de Gobierno, Miguel Romero, dejaron saber que aprobarán el proyecto con enmiendas, lo que significa que debe regresar a la Cámara, donde también hicieron enmiendas. Los senadores indicaron además que no objetan las enmiendas de la Cámara, dirigidas a que el periodo probatorio sea de 12 meses y no los 18 propuestos por el ejecutivo. La Cámara aprobó enmiendas además para que la ley quede sin efecto si el Departamento del Trabajo no puede probar que ha sido efectiva.

Durante la vista de ayer, el presidente del Senado dejó saber que, a su entender, este proyecto no se trata de una “reforma laboral”, como la presentó el gobernador, Ricardo Rosselló.

A la vista del Senado fueron convocados los portavoces del sector sindical que no tuvieron audiencia durante la vista cameral.
Luis Pedraza Leduc, portavoz de la Coordinadora Sindical que agrupa a diversas uniones criticó el proyecto y lo describió como un encargo de la Junta Federal de Control Fiscal.

La medida, dijo, “no es otra cosa que la intención de desvalorizar el trabajo, reducir el costo integral del trabajo, entiéndase el salario sumado a beneficios, y como consecuencia, aumentar sus ganancias. Es una visión ideológica a favor del capital”.
El proyecto, advirtieron, tendría el efecto de aumentar la emigración que busca mitigar.

“Sobre todo jóvenes en busca de empleo y envejecientes en busca de seguridad social. Esto reduce la contribución fiscal y merma el consumo general de bienes”, dijo Pedraza Leduc en su ponencia. “Al final, todos los trabajadores perdemos. La austeridad que nos impone la Junta de Control Fiscal, el gobierno y la clase patronal es contra nuestros intereses de vivir mejor”.

Tanto el secretario del Trabajo como el de Desarrollo Económico se mantuvieron repitiendo que el proyecto no aplica a los que ya están empleados, por lo cual, a su entender, no implica una reducción de derechos adquiridos. Varias veces mencionaron además que los trabajadores que se mudan a Estados Unidos lo hacen a pesar de que allí no contarán con los beneficios laborales que tienen los trabajadores aquí. Repitieron además la frase de que un trabajador no perderá con esta legislación pues le daría empleo a personas que ahora no están en la fuerza laboral.

Además de mantener en 12 días la licencia por enfermedad, Romero habló de aclarar que todas las medidas impuestas en el proyecto tengan una aplicación prospectiva y dejar las disposiciones de los despidos injustificados como establece el estado de derecho vigente. La ley propuesta por el ejecutivo coloca en el empleado algunas de las responsabilidades de probar el despido injustificado, lo cual ahora recae sobre los empleadores.

“Me parece que debe dejarse como está porque se ha reconocido que el peso de la prueba en el caso de despido injustificado lo tiene el patrono porque el patrono no tiene que informar ni las causas de despido”, dijo Romero. “No es lo mismo un caso de daño que un caso de despido injustificado. En daño, el trabajador tiene que probar que hubo discrimen, tiene que presentar un perito, demostrar que hubo daños a su reputación o a su honra y a mi juicio, le corresponde a los tribunales decidir eso. Que sea el tribunal de justicia quien establezca esos daños”.