La Junta de Control Fiscal (JCF) —establecida bajo la ley ‘Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act (Promesa)’—le comunicó hoy al gobernador, Ricardo Rosselló Nevares, las metas, objetivos y parámetros que deberá contener el plan fiscal de la nueva administración.

En la misiva, la Junta de Control Fiscal le informó al primer mandatario que está “favorablemente dispuesta a extender hasta el 28 de febrero del año corriente”.

El ente federal le exigió  al  gobierno un recorte sustancial de los subsidios municipales y  al sector privado. También, en la carta de 14 páginas se le exige una reducción de la nómina a un %30 y dimensionar el tamaño de los gastos de educación de K-12 a la población estudiantil actual.

Además, en la comunicación, la JCF delinea cinco áreas que la administración Rosselló deberá incluir en su plan fiscal para que de aquí al año fiscal 2019, el gobierno logre generar ingresos adicionales y ahorros anuales por la cantidad de $4,500 millones.

Estas son el aumento en los ingresos mediante ajustes al sistema contributivo y mejoras al sistema de administración y fiscalización de recaudos, el  ajuste de reducción y eficiencia en la estructura gubernamental, la reducción en los gastos de salud, la  reducción en los gastos de educación superior y reformar el sistema de pensiones, entre otras.

“Las medidas enumeradas constituyen una propuesta ambiciosa pero viable….Le damos la bienvenida a la oportunidad de trabajar con su administración en el desarrollo e implantación de las reformas necesarias y de los términos de la restructuración de la deuda que permitan que Puerto Rico restablezca el balance fiscal y el acceso a los mercados financieros a tasas de interés razonables. La Junta le está proveyendo a usted los parámetros fiscales y, dentro de esos parámetros, confiamos que usted y su administración hagan las correspondientes determinaciones de política pública, consistentes con Promesa”, lee la carta suscrita por el chairman de la JCF, José Carrión.

En la carta, Carrión reconoce que varias de las medidas implantadas por la nueva administración desde que juramentó a principios de enero, van en la dirección correcta, pero aún se requiere más.

Según el ente, se deben realizar cortes significativos a los beneficios de  la reforma de salud, incluir iniciativas para aumentar la eficiencia, combatir el fraude, entre otras cosas. Esto significaría la reducción de $1 millón en gastos.

En cuanto a la Universidad de Puerto Rico (UPR) se le solicita al  gobernador  un recorte el funcionamiento y el mantenimiento. Y,  además,  se le recomienda una reducción de gastos de $3 millones.

“Por lo tanto, la junta considera que el Gobierno de Puerto Rico debe incluir medidas fiscales que generaría ahorros anuales en el gasto en salud de $ 1 millones.

“A partir de sus órdenes ejecutivas declarando una emergencia fiscal, congelando aumentos salariales, limitando la contratación de personal de confianza y otras reducciones de costos de nómina y el requerimiento a las agencias de que preparen presupuestos base cero, tal parece que su administración comparte esta prioridad de lograr ahorros mediante reducciones en el tamaño del gobierno y aumento en su eficiencia”, lee la carta de la Junta de Supervisión.

El comunicado, emitido hoy, surge luego de la reunión que la Junta de Supervisión sostuviera con el gobernador Rosselló el viernes pasado. En la reunión, la JCF acordó que le enviaría por escrito las metas, objetivos y parámetros que espera ver incluidos en el plan fiscal.

La fecha límite para que este someta su plan fiscal a la junta, de forma tal que la junta pueda certificar el plan  no debe tardar más  del 15 de marzo de 2017.

La junta considerará formalmente esta extensión en su próxima reunión pública a llevarse a cabo más tarde este mes, y estaría sujeta a que el gobierno “cumpla y honre una serie de condiciones, incluyendo no tomar préstamos para proveer liquidez a corto plazo, desarrollar un plan de liquidez y proveer más información financiera, entre otras”.

Igualmente, la junta  le comunicó al gobernador su disposición favorable de conceder la extensión en la fecha de vencimiento de la moratoria dispuesta en la Ley Promesa, hasta  el próximo mayo 1 sujeto a las mismas condiciones.

La junta  había establecido el 15 de enero como fecha para que la nueva administración sometiera su plan fiscal, toda vez que el plan fiscal sometido por la pasada administración no pudo ser certificado por no cumplir con los requerimientos de Promesa.

Además, dicha legislación federal establece una moratoria, entre otras cosas, contra cualquier litigio contra el gobierno de Puerto Rico por incumplimiento de sus obligaciones con sus acreedores hasta el 15 de febrero de este año.

“Entendemos que la nueva administración comparte con la Junta el sentido de urgencia de colaborar rápida y contundentemente en el esfuerzo de implantar las reformas estructurales necesarias, manejar sus obligaciones a largo plazo y restablecer el crecimiento económico y las oportunidades para el pueblo de Puerto Rico”, dijo Carrión.