El gobierno de Ricardo Rosselló Nevares aceptó ayer incluir a la Junta Federal de Control Fiscal en todas sus reuniones futuras con los acreedores, mientras reafirmó que no buscará un préstamo a corto plazo como parte de las condiciones para extender la fecha límite para la entrega del plan fiscal y la moratoria contra litigios que provee la ley Promesa.

En una carta enviada al presidente de la junta, José Carrión, y sellada con la firma del representante del gobernador ante la junta, Elías Sánchez, el gobierno delineó algunas de las condiciones que estarán acogiendo, y que responden a una carta que envió el organismo el pasado 18 de enero.

“Como el gobernador ha declarado públicamente y personalmente en la reunión celebrada el 13 de enero de 2017, la administración no ha solicitado ni buscará préstamos a corto plazo que podría restringir las opciones fiscales. La decisión del gobernador ha sido enfrentar los próximos desafíos operacionales y presupuestarios mediante reformas estructurales y el recorte de gastos”, lee la misiva.

En cuanto al desarrollo de un plan para proveer liquidez a corto plazo, Sánchez le explicó a Carrión que la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf) se encuentra elaborándolo en conjunto con sus asesores, y que la fecha objetivo para entregarlo será “en o antes del 30 de enero de 2017”.

La Aafaf también se comprometió con establecer un formato que les permita rendir un informe de previsión de flujo de efectivo de caja a 13 semanas. Según Sánchez, el formato sugerido para este informe será sometido en las próximas dos semanas.

El documento hace mención además de otros informes financieros, requeridos por la junta y que serán entregados en el tiempo establecido, para que le concedan la extensión de entrega del plan fiscal para el 28 de febrero de 2017. La junta tiene hasta el 15 marzo de 2017 para certificar el plan fiscal que entregue el gobierno local.

Asimismo, Sánchez expuso que el equipo de Aafaf cumplirá con la condición de seguir el protocolo de intercambio de información. “Como reconoce en su carta, el equipo de Aafaf está trabajando actualmente con su asesor McKinsey en dicho protocolo de intercambio de información y plan de trabajo”, añade el documento.

Otro detalle que destacó Sánchez en la carta, es que aunque el gobierno liderará las reuniones con los acreedores, desean contar con la colaboración de la junta y sus asesores en el proceso. “Asimismo, debería ser en cualquier reunión celebrada por la junta con los acreedores, que haya participación del gobernador y sus representantes”, detalla.

El gobierno de Rosselló aseguró que cumplirá con las fechas que establece la junta, en cuanto a la entrega de documentos financieros y demás condiciones, para lograr una extensión en la fecha de entrega del plan fiscal. “En resumen, creemos que esta carta responde y satisface todas las condiciones restantes para que la junta proporcione las prórrogas solicitadas por el gobierno…”, puntualiza la misiva.

La junta le comunicó el 18 de enero las metas, objetivos y parámetros que deberá contener el plan fiscal del gobierno a cambio de extender la fecha de entrega. Además, en la comunicación, la junta delineó cinco áreas que la administración Rosselló deberá incluir en su plan fiscal para que de aquí al año fiscal 2019 el gobierno logre generar ingresos adicionales y ahorros anuales por la cantidad de $4,500 millones.

En esta historia colaboró Laura Quintero

El gobierno de Ricardo Rosselló Nevares aceptó hoy incluir a la Junta Federal de Control Fiscal en todas sus reuniones futuras con los acreedores, mientras reafirmó que no buscará un préstamo a corto plazo como parte de las condiciones para extender la fecha límite para la entrega del Plan Fiscal y la moratoria contra litigios que provee Promesa.

“La administración no ha buscado ni buscará préstamos para obtener liquidez a corto plazo ni otros financiamientos de término cercano. Ha sido el la decisión del gobernador de afrontar los próximos desafíos operacionales y presupuestarios mediante reformas estructurales y recortes de gastos durante el período de estancia”,  reza la misiva enviada hoy por el representante del gobernador ante la Junta, Elías Sánchez.

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La carta también reitera que establecerán un acuerdo de trabajo, un protocolo de intercambio de información y un plan de trabajo que se finalizará el 23 de enero de 2017. Dicha estrategia, según  Sánchez, se estará trabajando con el equipo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF),  específicamente con la firma McKinsey.

“El gobierno liderará las negociaciones de acreedores con la colaboración de la junta y sus asesores. Al igual que con las reuniones de acreedores celebradas la semana pasada, la Junta y sus asesores participarán en cualquier reunión futura. Asimismo, cualquier reunión celebrada por la junta con los acreedores será con la participación de los representantes y asesores del gobernador”, se establece en la carta.

Entre otras cosas, el portavoz del gobernador  también aseguró  que el gobierno estaría dispuesto a cumplir con todas las fechas establecidas por el ente federal. El gobierno se comprometió a crear un  plan fiscal a cinco años con los requisitos establecidos en Promesa.

Mientras, el informe de precisión de flujo de efectivo se entregará según lo acordado.

La junta le comunicó el 18 de enero las metas, objetivos y parámetros que deberá contener el plan fiscal del gobierno a cambio de extender la fecha de entrega.

Además, en la comunicación, la junta delineó cinco áreas que la administración Rosselló deberá incluir en su plan fiscal para que de aquí al año fiscal 2019 el gobierno logre generar ingresos adicionales y ahorros anuales por la cantidad de $4,500 millones.

Estas son el aumento en los ingresos mediante ajustes al sistema contributivo y mejoras al sistema de administración y fiscalización de recaudos; el ajuste de reducción y eficiencia en la estructura gubernamental; la reducción en los gastos de salud; el recorte en los gastos de educación superior y reformar el sistema de pensiones

Estas extensiones consistían primordialmente en aplicar una serie de reformas estructurales con prontitud en los primeros meses, sin considerar préstamo ni herramienta de financiamiento a corto plazo alguna.