El gobernador Ricardo Rosselló dejó claro en su respuesta a la Junta de Control Fiscal que su objetivo es reducir “la complejidad y la burocracia de las 118 agencias gubernamentales” a lo que considera “un gobierno eficiente y agilizado” de tan solo 35 a 40 agencias como parte del plan fiscal de 10 años, lo que implica una reducción de dos terceras partes del gobierno.

Anclada en esa meta, la administración de Rosselló está trabajando en un organigrama del “nuevo gobierno” de Puerto Rico, caracterizado por la privatización de servicios y el achicamiento gubernamental.

Aunque la promesa de campaña consiste en no despedir empleados públicos, en las medidas consideradas por la Asamblea Legislativa se provee para que estos sean movilizados al sector privado conforme se vayan transfiriendo servicios a Organizaciones No Gubernamentales y a Alianzas Público-Privadas (APP).

La subsecretaria de la Gobernación, Itza García, aseguró que el enfoque está en mirar al gobierno exclusivamente a base de los servicios que ofrece, independientemente de las agencias que lo proveen. “El gobierno lo que está llamado es a brindarle servicios a la ciudadanía… Cuál agencia lo dé, al fin y al cabo debería ser inmaterial para la discusión”, sostuvo la abogada.

En entrevista con EL VOCERO, García confirmó a modo de ejemplo que entre los planes está eliminar las cuatro subdivisiones administrativas del Departamento de Familia, que se dedican a tramitar lo relacionado a las querellas de maltrato, las pensiones alimenticias, a los programas de cuido de menores que reciben fondos federales y a los programas de autogestión comunitaria y sana convivencia dirigidos a familias desaventajadas.

“Familia es una sombrilla que tiene cinco componentes. Cada uno de los componentes tiene sus recursos humanos, su división legal y división de finanzas… algunas de ellas están en el mismo edificio”, justificó García sentada en la sala de conferencias del Pabellón de La Fortaleza.

Precisamente, la secretaria de la Familia, Glorimar Andújar Matos, había comentado a este diario que en los planes de reorganización administrativa está concentrar todos los servicios esenciales que brinda el Departamento de Familia bajo su cabeza, eliminando así las divisiones administrativas de la Administración de Familias y Niños (Adfan), la Administración para el Sustento de Menores (Asume), la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (Adsef) y la Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez (Acuden).

Una reducción similar ocurrirá en el Departamento de Educación y los programas relacionados a la seguridad, indicó la subsecretaria.

García estableció que bajo el organigrama actual “hay 18 agencias de gobierno que proveen servicios de seguridad”, cosa que se estará atemperando. Se refirió, por ejemplo, a la Policía Municipal, a la Policía Estatal, el Cuerpo de Bomberos, el Sistema 9-1-1 y la Comisión para la Seguridad en el Tránsito. “Tienes una gama de agencias que dan servicio de seguridad a la ciudadanía… nosotros lo que hicimos fue preguntarnos cómo se pueden hacer más eficientes, dar mejor el servicio y producir ahorros”, comentó García.

En el área ambiental, también se anticipan consolidaciones tras el nombramiento de la licenciada Tania Vázquez a dirigir tanto el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) como la Junta de Calidad Ambiental (JCA).

Cambio al andamiaje completo

La meta de reducir agencias no surge, sin embargo, en el vacío. Al menos siete de las primeras 14 medidas presentadas por La Fortaleza, tienen el fin último de achicar el gobierno y recortar gastos.

La propuesta “Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno” fomenta la movilidad de los empleados públicos tanto dentro de las distintas agencias de gobierno como a otras “jurisdicciones no gubernamentales”, en la medida en que los servicios sean delegados al sector privado o eliminados.

Mientras tanto, el Proyecto de la Cámara 6 delega a la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario hacer una recomendación “sobre aquellos servicios que provee el gobierno que puedan ser delegados a los gobiernos municipales y al Tercer Sector”.

“Aquí hay una serie de medidas, que es un andamiaje que se está haciendo para un propósito: reducir agencias, reducir servicios que son públicos y llevarlos a la empresa privada”, observó Annette González, presidenta de Servidores Públicos Unidos (SPU).

Tras salir de su reunión el miércoles pasado con el secretario de la Gobernación, William Villafañe, la líder obrera comentó a este diario que “si hay un servicio, que el gobierno determina que se va a transferir a una entidad sin fines de lucro, el empleado va a estar bajo la reforma laboral del sector privado y perderá su derecho como empleado público”.