La Junta Federal de Control Fiscal le comunicó ayer al gobernador Ricardo Rosselló Nevares las metas, objetivos y parámetros que deberá contener el plan fiscal del gobierno a cambio de extender la fecha de entrega.

El ente federal le exigió al gobierno un recorte sustancial de los subsidios a los municipios y al sector privado. También, en la carta de 14 páginas, se le exige una reducción de 30% en la nómina y dimensionar el tamaño de los gastos de educación de K-12 a la población estudiantil actual.

Sobre este particular, el representante del gobernador ante la junta, Elías Sánchez, adelantó que no reducirán la nómina del gobierno, sino que atenderán el reclamo del ente federal a través la implementación de la eficiencia gubernamental.

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“Esto es muy serio. En términos de los números no estamos muy separados al déficit que está presentando la junta. La diferencia principal es cómo se llega a ese número en términos de las medidas. La junta enfoca una reducción de un 30% de la nómina. Nosotros entendemos que podemos lograr una eficiencia que llegue al número, pero no necesariamente por nómina. En otras palabras, recortando en todo lo que no es nómina”, dijo Sánchez.

Recortes y más recortes

Además, en la comunicación, la junta delineó cinco áreas que la administración Rosselló deberá incluir en su plan fiscal para que de aquí al año fiscal 2019 el gobierno logre generar ingresos adicionales y ahorros anuales por la cantidad de $4,500 millones.

Estas son el aumento en los ingresos mediante ajustes al sistema contributivo y mejoras al sistema de administración y fiscalización de recaudos; el ajuste de reducción y eficiencia en la estructura gubernamental; la reducción en los gastos de salud; el recorte en los gastos de educación superior y reformar el sistema de pensiones.

“Las medidas enumeradas constituyen una propuesta ambiciosa, pero viable… Le damos la bienvenida a la oportunidad de trabajar con su administración en el desarrollo e implantación de las reformas necesarias y de los términos de la reestructuración de la deuda que permitan que Puerto Rico restablezca el balance fiscal y el acceso a los mercados financieros a tasas de interés razonables”, lee la carta suscrita por el presidente de la junta, José Carrión.

Según el ente federal, se deben implementar recortes significativos a los beneficios de la reforma de salud, incluir iniciativas para aumentar la eficiencia y combatir el fraude, entre otras medidas. Esto significaría la reducción de $1 millón en gastos.

En cuanto a la Universidad de Puerto Rico (UPR), se le solicita al gobernador un recorte de gastos de $3 millones.

“A partir de sus órdenes ejecutivas declarando una emergencia fiscal, congelando aumentos salariales, limitando la contratación de personal de confianza y otras reducciones de costos de nómina y el requerimiento a las agencias de que preparen presupuestos base cero, tal parece que su administración comparte esta prioridad de lograr ahorros mediante reducciones en el tamaño del gobierno y aumento en su eficiencia”, lee la carta enviada al gobernador.

La fecha límite para que este someta su plan fiscal a la junta, de forma tal que esta pueda certificarlo, es el 15 de marzo de 2017.

Igualmente, la junta le comunicó al gobernador su disposición favorable de conceder la extensión en la fecha de vencimiento de la moratoria para la presentación de litigios dispuesta en la Ley Promesa hasta el próximo 1 de mayo, sujeto a las mismas condiciones.

La junta había establecido el 15 de enero como fecha para que la nueva administración sometiera su plan fiscal, toda vez que el sometido por la pasada administración no pudo ser certificado por no cumplir con los requerimientos de Promesa.

Además, dicha legislación federal establece una moratoria, entre otras cosas, en cualquier litigio contra el gobierno de Puerto Rico por incumplimiento de sus obligaciones con sus acreedores hasta el 15 de febrero de este año.