La percepción que muchas personas tienen de los servicios que reciben de entidades gubernamentales y corporaciones públicas parecen ser el resultado de una arraigada e inamovible apreciación fundamentada en una cultura o costumbre de “lo que se puede esperar.”  Se utiliza este concepto de tradición, toda vez que parece que las críticas – y expectativas – van pasando de generación en generación, sin siquiera tomar en consideración los cambios en nombre y estructura que han experimentado distintas dependencias con el pasar del tiempo.  Así, sin distinción de edades, seguimos escuchando de “Servicios Sociales” y hasta “Fuentes Fluviales;”  por mencionar dos conocidos ejemplos.

Vale entonces la pena preguntarse si nuestras y nuestros servidores públicos, las entidades en que rinden su labor y el propio Gobierno de Puerto Rico serán siempre prejuzgados negativamente por ideas preconcebidas de lo que se supone debemos esperar de cualquier gestión gubernamental.  Una respuesta afirmativa a dicha interrogante supondría que si tal pensamiento prevalece, se transmite y se replica (aún cuando cada experiencia sea distinta) podríamos quedarnos estancados en una preocupante zona acomodaticia que afectaría tanto a quienes brindan el servicio como a quienes lo reciben.  Para esta administración, lo anterior es inaceptable.

En nuestro tiempo no es suficiente hacer lo “esperado” como causa y efecto de lo “acostumbrado.”  Así como a todos y todas nos corresponde dejar de resaltar solamente lo que consideramos negativo, también nos toca reconocer que la principal barrera que enfrenta la Rama Ejecutiva al momento de optimizar su principal recurso es la casi inexistente y siempre dificultosa posibilidad de transferir el talento disponible a donde puede ser mejor destinado.  De nada nos sirve parecernos a quienes han convertido en letra muerta el discurso de la reingeniería de procesos, si no implantamos aquellas iniciativas que  potencian el capital humano a nuestro alcance.

La propuesta denominada “Empleador Único” no nace como reacción a la situación fiscal que hemos heredado.  No obstante, promueve – por su naturaleza – una serie de ahorros a la vez que crea oportunidades de crecimiento profesional y la tan necesaria movilidad para atender las necesidades presentes y emergentes de quienes residen en la Isla.   Para ello, en primer lugar, es imperativo que la Rama Legislativa apruebe aquellas medidas que permitan a las diferentes dependencias gubernamentales flexibilizar la transferencia de su capital humano no tan sólo a donde sus talentos sean necesarios, sino que, a su vez, puedan desarrollar al máximo potencial sus habilidades.

Para optimizar los servicios que ofrece el Gobierno de Puerto Rico tenemos que trabajar en equipo bajo el liderato de la Oficina de Capacitación y Asesoramiento en Asuntos Laborales y de Administración de Recursos Humanos (OCALARH) de manera que según la Oficina de Gerencia y Presupuesto observe las necesidades específicas del gobierno como empleador único, se promueva también la pronta y adecuada preparación y transición de quienes interesen asistir en la construcción del Nuevo Puerto Rico desde la entidad que se determine será más ágil y eficiente. Todo, gracias a la oportunidad que ha de brindar esta importante iniciativa.

La transformación del andamiaje gubernamental propuesto en el Plan para Puerto Rico, avalada ya por el Pueblo en el más reciente proceso electoral, se hace realidad por medio de las Órdenes Ejecutivas del honorable Ricardo Rosselló Nevares y de la aprobación de medidas enviadas a la Asamblea Legislativa.  El tan necesario cambio de visión se convierte ahora en esencial campo de acción.  Se unen por fin las aspiraciones de un Pueblo con la férrea voluntad y buena fe de quienes, desde el Servicio Público, demostrarán que es hora de dejar atrás tanto los estilos como las percepciones que caracterizaban al Gobierno en el pasado.