La secretaria del Departamento de  Justicia, Wanda Vázquez y la superintendente de la Policía, Michelle Hernández, se reunieron  hoy con el asesor legal del gobernador Ricardo Rosselló, Alfonso Orona, para discutir la creación del Departamento de Seguridad Pública.

“Uno de los más grandes es el proyecto en el cual se va a colapsar agencias de seguridad bajo una organización. Sobre el estatus del  proyecto desconozco. Yo soy una de ocho. Estábamos discutiendo sobre eso”, dijo la superintendente poco después de la reunión en La Fortaleza.

Según el gobernador, su plan de seguridad utilizará un modelo sombrilla como eje central del sistema de seguridad pública en la Isla.   En el mismo se integraran ocho agencias para fomentar la comunicación y colaboración con las agencias federales.

Vázquez, por su parte, no detalló en qué consistía la reunión en la cual participaron otros funcionarios gubernamentales.  Entre estos, se confirmó la asistencia del Cuerpo de Emergencias Médicas, Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y jefes de agencias.

“Esto es sobre un proyecto de ley que se está preparando.  En este momento no estoy autorizada a hablar sobre eso. Es un proyecto de seguridad. Todavía estamos trabajando con el plan”, dijo la secretaria de Justicia,  quien se comprometió a informar los detalles una vez esté listo.

UPR le pide a La Fortaleza respetar autonomía universitaria  

A su vez, el secretario de la Gobernación será William Villafañe sostuvo una reunión  hoy con la presidenta interina de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Celeste Freytes González, para discutir los recortes propuestos por la Junta Federal de Control Fiscal.

“Esto es un momento en donde todos deben aportar y nosotros tenemos que continuar con la conversación con la comunidad universitaria. Tiene que haber aportación de los estudiantes, profesores y el personal de administración. Todos tenemos que tener una buena conversación esta semana. Le agradecemos al señor gobernador”, explico la  presidenta interina.

La junta propuso por medio de una carta una reducción del gobierno y de la nómina de empleados de hasta un 30%, bajar las pensiones de los jubilados en un 10%, un recorte de $300 millones al presupuesto de la UPR y aumentar la captación contributiva.

“Nosotros no podemos quedarnos  con esa congelación. Lo único que sí estamos conscientes es que dejen a la comunidad universitaria recomendar las áreas para hacer recortes”, agregó.