El riesgo de la pérdida de fondos federales por la aprobación del proyecto que propone la creación de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico (Odsec), a fin de integrar los servicios de carácter comunitario en un solo organismo, fue el tema que predominó durante una vista de la comisión senatorial de Gobierno.

El proyecto de administración, que derogaría la Ley de Comunidades Especiales, dispone, entre otros, que la Odsec será la entidad designada para recibir y administrar los fondos federales Community Service Block (CSBG) y Community Development Block Grant (CDBG).

En la actualidad, los fondos CSBG son administrados por la Administración de Familias y Niños (Adfan), del Departamento de la Familia y los CDBG bajo la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM).

La asesora legal del Departamento de la Familia, Charlene Agosto, sugirió una reunión con el gobierno federal para informar sobre la intención del gobierno estatal de crear e integrar estos fondos a través de una nueva estructura gubernamental bajo la Oficina del Gobernador, para evitar que los fondos se pongan en riesgo.

La senadora popular, Rossana López, expuso que el proyecto no puede ser aprobado hasta que el gobierno federal certifique por escrito que autoriza la nueva estructura. Indicó que se comunicó con el Departamento de Vivienda Federal (HUD), y que la autorización no se ha emitido por escrito. Comentó además, que se tiene que asegurar la continuidad de los servicios.

Mientras, el presidente de la comisión de Gobierno, Miguel Romero, anticipó enmiendas al proyecto.

“Si en efecto necesitamos un visto bueno de las agencias federales concernidas es importante trabajar con el coordinador General para el Financiamiento Socioeconómico y la Autogestión (Jesús Vélez), y hay que revisar el lenguaje apropiado en la ley para que nosotros no vayamos a aprobar algo y presentarlo ante el señor gobernador y que resulte en una contraposición y una contradicción con las agencias federales y los planes estatales”, señaló Romero.

Mientras, el comisionado de la OCAM, Omar Negrón, afirmó que la entidad tiene que estar creada, porque de lo contrario, los fondos no se pueden transferir.

Romero manifestó que la propuesta se aprobaría, manteniendo unas salvaguardas.

Negrón informó que él y Vélez sostuvieron una reunión con funcionarios del HUD y que estos tenían conocimiento de la propuesta. Mencionó que los funcionarios federales le presentaron sus recomendaciones para que el proyecto sea más efectivo a la hora de traspasar los fondos de OCAM hacia la nueva agencia.

“Nos reunimos con ellos. Discutimos algunas dudas que ellos tenían. Quedaron conformes con la explicación que se les dio. Una de ellas ha sido integrada en nuestra ponencia que era que el proyecto hacía referencia solamente a los fondos CDBG. Sin embargo, OCAM tiene unos fondos especiales como el ‘Neighborhood Stabilization Program (NSP) y ‘Disaster Recovery’ para los casos de emergencia. Estamos solicitando en la enmienda nuestra que a solicitud de HUD, la transferencia de los fondos al ODSEC, para que pueda continuar operando sin problemas”, apuntó Negrón.

“La preocupación de HUD era que si se llevaban todos los recursos tanto de personal que maneja estos fondos federales, así como los propios fondos del CDBG, cómo entonces se iba a continuar operando los fondos CSBG y CDBG. Así que ciertamente se falló en el proyecto que se presentó en integrar estos fondos, pero estamos solicitando que se enmiende el mismo para integrarlos”, comentó.

Indicó que le dijo a los funcionarios federales que iba a trabajar con su recomendación y que estos quedaron complacidos.

Señaló que el personal que trabaja en OCAM en el manejo de estos fondos, pasará a la ODSEC.

Entretanto, el coordinador Vélez defendió el proyecto de ley y aseguró que ha sido “proactivo” en trabajar con las agencias y le notificó la manera en que se van a integrar los programas.

A preguntas de los senadores López y Aníbal José Torres, Vélez afirmó que los líderes comunitarios fueron partícipes en la redacción del proyecto.

“Los tomé en consideración en cada pagina que escribí. Ciertos líderes me ayudaron, no todos”, respondió Vélez.

Por su parte, Jorge luis Oyola Torres, residente de la comunidad especial de Los Filtros en Guaynabo, solicitó a la comisión senatorial que posponga la aprobación del proyecto y denunció que el liderato de las 742 comunidades especiales en las que residen cerca de un millón de personas, no fue consultado sobre este proyecto.

Observó que la Ley de Comunidades Especiales ha sido blanco en más de diez ocasiones para ser derogada. “Y este (proyecto) según presentado, entiendo que tiene ese mismo propósito, al derogar a través de este proyecto los logros y derechos adquiridos por el esfuerzo, la dedicación que nace de la autogestión y del apoderamiento de esos líderes y de estas comunidades”, dijo.

Argumentó que la Ley de Comunidades Especiales también está dirigida a impedir las expropiaciones de las mismas sin un debido proceso de discusión.