La Junta Federal de Control Fiscal decidió hoy a favor de extender el plazo para someter el plan fiscal hasta el 28 de febrero y la paralización de litigios hasta mayo.

Así lo expresó el presidente de la junta, José Carrión III, quien también recalcó el interés de esa autoridad en que los conflictos con los acreedores se resuelvan mediante el proceso de negociación voluntaria, que provee el Título 6 de Promesa.

Carrión III estableció que las reformas estructurales deben ser implantadas tan pronto sea posible, en el año fiscal 2019. Insistió, además, en su posición de que no se deben buscar préstamos a corto plazo.

Elías Sánchez, representante del gobernador ante la junta, tomó el turno en la mesa, para recalcar que la política pública de la administración cambió a partir del 2 de enero de 2017, en que tomó posesión Ricardo Rosselló Nevares como gobernador.  “Estamos completamente alineados”, dijo sobre las condiciones de fechas y solicitudes de información requeridas para conceder la extensión.

Entonces, tan pronto se aprobó la extensión, Sánchez expresó: “Gracias por el voto de confianza”.

Además, la junta estableció que para el 21 de febrero se deben presentar los planes fiscales de las siguientes corporaciones: la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado (AAA), la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y Corporación Pública para Supervisión y Seguro de Cooperativas  (COSSEC).  Mientras tanto, la Universidad de Puerto Rico debe entregar su primer borrador del plan fiscal para el 31 de marzo.

La junta informó también que han sostenido ya diez reuniones con los acreedores, entre ellos representantes de los bonos de Obligación General, bonos COFINA, BGF, Distrito del Centro de Convenciones, AAA, AEE, Sistema de Pensiones del Gobierno, la Universidad de Puerto Rico, así como con las aseguradoras ‘monoline’.

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares mostró su satisfacción con la aprobación anoche en la Cámara de Representantes de la Ley de Emergencia Financiera y Responsabilidad Fiscal de 2017, que a su juicio “representa una paso más en el camino hacia la recuperación de Puerto Rico”.

El gobernante agradeció “a los legisladores por su respaldo a esa medida y al proyecto que establece el concepto del ‘empleador único’. Ambas medidas facilitan la continuidad de las operaciones gubernamentales, logrando considerables economías, sin despedir a empleados públicos y con mayor eficiencia en los servicios al pueblo”.

Añadió que “esas acciones legislativas se unen a las decisiones adoptadas por la junta de control fiscal que en su sesión pública de hoy extendió el período de moratoria de la Ley Promesa al gobierno, y de igual forma, aprobó una extensión al período requerido a nuestra administración para someter el plan fiscal”.

A su entender, “las determinaciones de la junta representan una muestra de confianza al proceder de nuestra administración, evidenciando que estamos actuando de una manera correcta, transparente y responsable en la administración pública. Puerto Rico se encamina hacia su recuperación”, aseveró en declaraciones escritas.

La medida le provee al gobernador un mecanismo para negociar de manera voluntaria con los acreedores del Gobierno, conforme a lo establecido bajo el Puerto Rico Stability Act (Promesa).

El presidente de la Junta Federal de Control Fiscal, José Carrión III, anunció hoy el nombramiento del CPA, Ramón Ruiz Comas, como su director ejecutivo interino.

Ruiz Comas fue principal oficial ejecutivo de Triple-S Management Corp hasta mayo de 2015.

La junta infomó que ha gastado $3 millones en asesores legales y asesores financieros, de un  total de $14 millones que ha recibido del gobierno de Puerto Rico.

Además, anunciaron la selección de Citi Group Global Markets como sus asesores financieros.