Aún con la crisis fiscal que arrecia, el presidente de la Comisión cameral de Asuntos Federales e Internacionales, José Aponte, insistió en que el gobierno encontrará los fondos para celebrar una consulta de estatus que costará $5 millones de los cuales la mitad vendrá del fondo general.

Aponte dejó saber que la Cámara considerará el proyecto en la sesión de mañana martes y que no harán mayores enmiendas a las presentadas en el Senado. La delegación popular, por su parte, adelantó que presentará las mismas enmiendas que no prosperaron en el Senado y que buscan cambiar las definiciones de las fórmulas de estatus que estarán en la papeleta.

Tanto Aponte como el portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP) en el Senado, Carmelo Ríos, recordaron que el gobernador, Ricardo Rosselló Nevares, se comprometió con encontrar el dinero para esta consulta. La votación se realizaría con $2.5 millones asignados bajo la pasada administración federal precisamente para una consulta de estatus. Los restantes $2.5 millones tendrían que venir de fondos estatales.

“El dinero para esta consulta va a estar. Eso se ha hablado. Se le preguntó en la vista pública al gobernador sobre la diferencia y él dijo que eso se estaría trabajando y que la asignación se haría en su momento”, afirmó Aponte. “Hay que esperar una vez tengamos el visto bueno de Justicia federal estableciendo que se pueden utilizar los $2.5 millones, correspondería que la Comisión Estatal de Elecciones someta su estimado de gasto para la consulta y que el ejecutivo indique que podemos hacer la asignación directa a la CEE”.
¿Pero el dinero está disponible?, se le preguntó a Ríos.

“Yo entiendo que sí por la información que me han dado. La Comisión Estatal tiene un fondo que tiene asignado y cuando hay eventos especiales, se identifican las partidas que existen para entonces tener la capacidad de consultar”, contestó Ríos al añadir que “nosotros somos el gobierno y el pueblo de Puerto Rico, a nuestro entender, nos dio un mandato de gobernar”.

Recordó que la consulta de estatus fue una promesa de campaña al indicar que “nosotros dijimos bien claro que un voto por nosotros es un voto por la estadidad. También dijimos bien claro que en los primeros meses íbamos a atender el asunto del estatus y eso es lo que estamos haciendo. Yo no creo que la Junta (Federal de Control Fiscal) entre en aspectos políticos”.

Cuando el proyecto fue aprobado en el Senado, no contó con el voto ni de los populares ni del independentista Juan Dalmau. La delegación popular intentó cambiar las definiciones de estatus que estarán en la papeleta.

El representante popular Luis Vega Ramos adelantó que harán lo mismo en Cámara cuando el proyecto se atienda en la sesión del martes.

“Nosotros vamos a presentar unas enmiendas dirigidas a que todas las opciones legitimas que tiene el pueblo se incluyan en la ley para que todo el mundo pueda ir a negociar su fórmula al Departamento de Justicia federal en igualdad de condiciones”, expresó Vega Ramos. “Vamos a agotar todas las opciones y todos los foros disponibles para denunciar el intento de producir un resultado a favor de la estadidad. Si no se acogen nuestras enmiendas que nos permitirían ir en igualdad de condiciones, haríamos nuestra propia estrategia”.

Ya el senador popular José R. Nadal Power había adelantado que, una vez firmado el proyecto, el PPD iría ante el Departamento de Justicia federal para denunciar su rechazo a las definiciones de estatus esbozadas por el partido de gobierno.

“Ciertamente nosotros no vamos a dejar que este proceso se dé en Washington sin que cientos de miles de puertorriqueños tengan una representación”, indicó Vega Ramos. “El Partido Popular no va a dejar desprovisto a sobre 800 mil electores”.

Ante la posibilidad de que el PPD acuda a Justicia federal, Aponte indicó que “lo primero es que el liderato del PPD tiene que acabar de definirse”.

“Si van a ir con una opción fuera de la cláusula territorial, ya sea la libre asociación, que tengan la entereza de carácter de decir que están abogando por la independencia para mantener una relación con Estados Unidos”, dijo Aponte. “Tienen la opción de ir al Departamento de Justicia. Lo que resulte allí son otros veinte pesos. Yo voy a trabajar por Puerto Rico para de una vez por todas quitar el lastre de la colonia”.