Gastos excesivos, muchos de los cuales no pudieron ser explicados, reglamentos que no se siguieron o que nunca se prepararon y hasta una Jeep pagada con fondos públicos que ahora no aparece. Todo esto forma parte del informe de transición que preparó la administración entrante de la Cámara de Representantes.

La Cámara realizó un proceso de transición para obtener información de la administración popular que asumió las riendas de ese cuerpo legislativo por los pasados cuatro años. Pero, como es harto sabido, los populares entregaron el poder de manos de Roberto Rivera Ruiz de Porras, quien ni siquiera llegó a ser presidente en propiedad.

La forma en que se administró la Cámara bajo la presidencia de Jaime Perelló fue objeto de auditorías internas y un caso federal que terminó con la convicción de varios empleados camerales y del excontratista Anaudi Hernández. Perelló incluso tiene asignados cuatro fiscales del Panel del Fiscal Especial Independiente (FEI).

El exlegislador reaccionó insistiendo en que todos los trámites de asignaciones de fondos se hicieron según estipulan los reglamentos.

“Yo no participé en el proceso de transición y no sé cuáles son las contestaciones que pudo o no pudo haber dado el vicepresidente en funciones como presidente. Yo no he visto el documento. Yo soy un ciudadano privado, pero lo que puedo decir es que todo lo que se hizo referente a las asignaciones estuvo basado en reglamentos y las facultades que tiene el presidente de la Cámara”, sentenció Perelló en entrevista con este rotativo. “Se hicieron a organizaciones sin fines de lucro con un fin público”.

Rivera Ruiz de Porras no estuvo disponible para este medio al indicar que no ha visto el informe del comité de transición.

¿Y el Jeep, dónde está?

Según consta en este documento, los malos manejos al parecer fueron mucho más allá de la contratación de un cuadro telefónico que resultó excesivamente caro e inoperante. Hay dinero que fue asignado para obras que no se completaron y otros tantos miles que se fueron en publicidad.

De acuerdo con el informe de transición, la Cámara compró el pasado cuatrienio cuatro vehículos a través de la Superintendencia del Capitolio. Dos fueron a parar a manos de la Cámara y los otros dos “el personal de Cámara no sabía que existían hasta que se le preguntó durante las vistas de transición, a pesar de que se pagaron”.

“De los vehículos adicionales, uno aparenta ser una patrulla que se compró para la Policía del Capitolio y el otro es un Jeep Wrangler. El uso que se le dio a ese vehículo desde que se compró aún no ha sido explicado de manera satisfactoria”, reza el informe.

Más aún, el documento indica que una vez terminado el proceso de transición, solicitaron que el vehículo fuera entregado a la Cámara pero “la administración actual desconocía, o no pudo explicar la localización y el uso dado a este vehículo”.

El análisis de la administración entrante es que los populares incurrieron en “gastos excesivos” durante su mandato en la Cámara. El informe detalla el desembolso de más de $600 mil que no cumplieron con el requisito de que debían ser destinados a “asuntos de importancia para el pueblo de Puerto Rico”. El reglamento dispone, según se establece en el informe de transición, que la Cámara puede destinar fondos a organizaciones sin fines de lucro y entidades que cumplan con una función pública.

El informe cita algunos ejemplos de desembolsos que se realizaron en la Cámara, como $15 mil para auspiciar un concierto de Wilkins en Mayagüez, $3 mil para la Asociación de Fotoperiodismo, $40 mil para el Foro de Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos de Centro América y la Cuenca del Caribe, $15 mil para el grupo Juntos por Puerto Rico, $20 mil para las justas de la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI), $2 mil para el Overseas Press Club y otros $3 mil para la Asociación de Fotoperiodistas. Hay además asignaciones de $5 mil para un concierto de la Fundación Sila M. Calderón y otros $3 mil para un festival de yuntas de bueyes.

Gastos sin justificar

Entre los datos que, según el comité entrante, la pasada administración cameral no pudo ofrecer, hay desembolsos para remodelaciones y obras que no se terminaron.

Por ejemplo, dice el informe, los populares no pudieron explicar por qué pagaron $400 mil por nuevos talleres de ebanistería y mecánica que no se han realizado. Tampoco pudieron explicar el desembolso de $39 mil para “piezas esculturísticas Glorieta Felisa”.

“No pudieron explicar si la obra se completó, dónde está localizada o si tan si quiera se completó la misma”, dice el documento. “No se pudo explicar por qué la Cámara pagó por remodelaciones para facilidades alquiladas, como por ejemplo la oficina de distrito de Hatillo ($101,841), oficina de distrito 3 ($40,500)”.

Tampoco pudieron explicar, según detalla el documento, unas transacciones realizadas a Superintendencia en 2013 para gastos operacionales por las cantidades de $300 mil y $230 mil.

La apertura de una tienda de recordatorios en el sótano del Capitolio también es objeto del informe que indica que la Cámara desembolsó $25 mil para comprar inventario, pero no se explicó si las ganancias que genere esta tienda van a pasar a la Cámara o cómo recuperarán esta inversión.

El costo en publicidad fue estimado en $794,667. La promoción de la iniciativa Fuera Pymes, dirigida por Perelló para impulsar pequeños y medianos negocios, costó $372,925 en dos años.

El lío del cuadro telefónico

El informe retoma también lo que fueron las recomendaciones a los servicios de información de la Cámara. Estas auditorías se realizaron a raíz de los señalamientos de irregularidades en la contratación de 3Comm Global para instalar un cuadro telefónico en la Cámara. Entre otras cosas, detallaron que no se siguió un protocolo para saber si era necesario el cuadro o si era la mejor tecnología y también detallaba problemas con el personal seleccionado para trabajar en estas áreas.

En el documento preparado por el comité de transición entrante se detalla que la ley le da unas libertades a la Cámara para manejar su presupuesto, pero también “le impone el deber de incorporar dentro de sus reglamentos y procedimientos el rigor necesario para asegurarse de que los fondos son utilizados de una manera prudente”.

El comité entrante recomendó entonces que revisen los manuales de procedimiento.

Recomendaron además “que si se decide continuar la práctica de realizar donativos, se establezca un procedimiento para asegurarse que se cumple con los requisitos mínimos establecidos”.