La Junta Federal de Control Fiscal no descarta incluir al poder legislativo dentro de las áreas supervisadas en su gestión para que se pongan en orden las finanzas públicas del Estado Libre Asociado, y así lo evaluarán con sus asesores legales para tomar una decisión al respecto.

Eso es lo que expresó el presidente de la junta fiscal, José Carrión, quien a preguntas de EL VOCERO, durante una mesa redonda con la prensa financiera, dijo que atenderá el pedido que le hizo mediante carta el economista Gustavo Vélez.

“Recibí la carta de Gustavo. Nos vamos a ver en la semana que viene. A mí y a todos los integrantes de la junta nos preocupa sobremanera el uso de fondos públicos, lógicamente debe llevarse a cabo de una manera prudente”, contestó Carrión.

“Caramba, estamos confrontando una situación como pueblo bien difícil, por eso es que estamos aquí. Por lo tanto, la prudencia es lo más importante. Nosotros estaremos revisando este tema con nuestros abogados para llegar a una conclusión sobre este tema”, añadió el presidente de la junta fiscal.

Al ser abordado con más preguntas sobre el tema de poder supervisar al poder legislativo, ya que hasta ahora lo hacen sobre las agencias cobijadas por el poder ejecutivo y en corporaciones públicas, Carrión dijo que solo dirá por el momento lo contestado a EL VOCERO.

La preocupación del economista Vélez trascendió esta semana al tomar conocimiento de varias contrataciones de ex candidatos políticos en la legislatura, lo cual incluyó al derrotado ex alcalde de Toa Baja, Aníbal Vega Borges. Los contratos de varios ex candidatos y ex funcionarios pueden fluctuar entre los $8,000 y $10,000 mensuales.

Anteriormente, el presidente del Senado, Thomás Rivera Schatz, ha dicho que combatiría decisiones de la junta fiscal, si así lo entendiera, incluso en los tribunales.