La propuesta de crear un Departamento de Seguridad Pública para integrar y achicar siete agencias de gobierno concentrará poderes en una figura nueva que será designada por el gobernador Ricardo Rosselló.

El secretario de esta superagencia pasará juicio y tomará determinaciones en asuntos tan variados y significativos como las intervenciones policíacas, el control de fuegos, la defensa civil, los servicios brindados por paramédicos y rescatistas, el análisis de los patólogos forenses y las investigaciones de crimen organizado y corrupción gubernamental.

El Proyecto del Senado 306, presentado por La Fortaleza, concentra todos los poderes, deberes y facultades ejercidos por siete jefes de agencia en la figura de un secretario, quien “controlará todas las actividades que se desarrollen en los Negociados”. Esto se refiere a la Policía estatal, el Cuerpo de Bomberos, el Instituto de Ciencias Forenses, el Cuerpo de Emergencias Médicas, la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, el Servicio 9-1-1 y el Negociado de Investigaciones Especiales.

La persona a quien finalmente designe el gobernador podrá aplicar “directrices relevantes a los servicios que prestan cada uno de los Negociados”.

Los expertos en ciencias políticas y administración pública consultados por EL VOCERO advirtieron sobre el peligro que puede representar esa concentración de poderes. Mientras, un exlegislador del partido gobernante opinó que con este mecanismo se puede ser más efectivo en la lucha contra el crimen.

El profesor de ciencias políticas en la Universidad de Puerto Rico (UPR), Miguel Rivera Quiñones, señaló que centralizar el poder de este modo presenta problemas políticos por reducir o eliminar “la repartición equitativa del poder a través de los ministerios”.
Con este planteamiento coincidió el exsenador del Partido Popular Democrático (PPD), Eudaldo Báez Galib, quien dijo que aunque se supone que esas consolidaciones ayuden a economizar y traer eficiencias, “es una mezcla que podría resultar peligrosa en el sentido de que una sola dirección tendría tanto poder en sus manos que eso opera en contra de cómo funciona un sistema democrático”.

Sobre este particular, el exsenador del Partido Nuevo Progresista (PNP), Charlie Rodríguez, ofreció una opinión distinta. “Si hasta ahora la concentración ha estado diseminada entre muchos y no estamos complacidos con los resultados, pues debemos dar la oportunidad a que se establezca este mecanismo. El ‘Homeland Security Department’ demuestra que esto puede funcionar y tenemos un gobernador comprometido con que esto funcione (…), sostuvo.

“Así que a la concentración de poder no le tengo ningún temor. Lo que tenemos ahora es un desparramamiento de poder y la pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿estamos satisfechos? Definitivamente no”, defendió el expresidente senatorial.

Rodríguez dijo que algo similar ocurrió en Estados Unidos cuando se creó el Departamento de Seguridad Nacional a raíz de los actos de terrorismo ocurridos el 11 de septiembre de 2001.

“Uno de los problemas que tenemos en Puerto Rico, como tenían entonces las fuerzas de seguridad nacional a nivel de Estados Unidos, es que no había una buena comunicación entre los componentes de seguridad. La creación de un departamento debe facilitar que haya la mejor coordinación”, mencionó el también asesor legislativo.

Dificultades administrativas
Además del aspecto político, Rivera Quiñones agregó que también se pueden suscitar problemas administrativos, pues nadie conoce mejor las necesidades y los procesos dentro de las agencias públicas que aquellos que están trabajando en la agencia directamente.

“Ese superdirector o directora va a estar alejado de las prácticas diarias de esa agencia y desgraciadamente puede ser quien termine tomando la determinación”, observó.

Dijo que por eso la tendencia en muchos países ha sido hacia la descentralización “porque las personas que están más cerca de la práctica administrativa son las que mejor conocen cómo podemos mejorar las prácticas”.

De aprobarse el estatuto sin enmiendas sustanciales, los jefes de las siete agencias pasarán a ser directores de negociados, mientras se le transfiere al nuevo secretario el control tanto del presupuesto como de la política pública de esas dependencias. Esto tendrá repercusiones sobre el quehacer diario de policías, bomberos, rescatistas, paramédicos, científicos y demás personal que labore en el nuevo departamento, ya que el secretario “desarrollará políticas de seguridad pública y manejo de emergencias, así como propondrá al gobernador acciones, programas y estrategias para el desarrollo de estas políticas”.

En materia fiscal, la medida sometida por la administración Rosselló dispone para que el secretario maneje y supervise los servicios gerenciales y fiscales de cada uno de los negociados.
Rivera Quiñones enfatizó que “hay que levantar una bandera roja porque es muy posible que ese superdirector o directora no tenga el conocimiento real de las agencias que en principio tiene jurisdicción y poder”, lo cual resulta “problemático”.

En tanto, Rodríguez comentó que lo importante es que la persona que sea asignada como secretario “tenga facultad plena sobre lo que acontece en los negociados”.