Los $11.7 millones en fondos federales congelados en el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) por una orden ejecutiva del pasado gobierno, y que mantenía a Puerto Rico al borde de una clasificación como jurisdicción de alto riesgo, finalmente comenzarán a liberarse para obras en municipios y agencias locales, lo cual envía un nuevo mensaje a las autoridades del gobierno de Estados Unidos.

Dicho fondos fueron asignados para diferentes propósitos por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), a municipios y agencias del gobierno central, y se canalizarían a través de la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias.

Christian Sobrino, presidente del BGF confirmó a EL VOCERO que en efecto la nueva junta del banco atendió la carta que FEMA envió el 13 de octubre de 2016 al banco, y en la cual advirtió sobre el peligro y la ilegalidad de la orden ejecutiva del entonces gobernador Alejandro García Padilla, al congelar fondos federales.  La congelación estuvo amparada  en la Ley de Moratoria de Emergencia y Rehabilitación Financiera.

De hecho, en la misiva, copia de la cual fue revisada por este medio, FEMA puntualizaba que “nosotros necesitamos una solución a este asunto tan pronto como sea posible”. Sobrino indicó ayer que no hay constancia de que se haya hecho ninguna gestión al respecto en el gobierno anterior.

“Como hemos discutido, el BGF ha retenido indebidamente aproximadamente $11.7 millones en fondos de FEMA que el beneficiario retiró (de los programas federales de asistencia pública y mitigación de riesgos) y se deben a los sub-receptores (municipios y agencias)”, plantea la carta. Cuando se hizo la asignación federal se estableció un acuerdo, pero al quedar incumplido FEMA advirtió que de no solucionarse considerarían a Puerto Rico como lugar de alto riesgo y eso pone condiciones y restricciones para el recibo de asignaciones futuras.

Lo que aprobó, precisamente ayer, la nueva junta del BGF fue autorizar el desembolso de una primera cantidad de $3.3 millones que ya contaban con aprobaciones de desembolsos certificadas pero que habían quedado congelados. Esto beneficia a varias agencias y a municipios como Ponce y Caguas, entre otros.

Precisamente, hacia mediados del año pasado, la alcaldesa ponceña María Meléndez Altieri, había reclamado públicamente el desembolso de esos fondos para poder cumplir con obras para las cuales fueron solicitados. Algunas de esas obras incluían mejoras de acueductos y a sistemas pluviales en comunidades.

“Hicimos un análisis interno en el campo y la Junta nos autorizó a hacer un desembolso de $3.3 millones que son cantidades certificadas”, indicó Sobrino, quien ayer tarde comenzaría a informarlo a las agencias y alcaldías beneficiadas.

EL VOCERO cuestionó si la decisión pasó el cedazo que corresponde a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), a lo cual Sobrino recordó que dicha entidad tiene una silla en la junta de directores del BGF y la decisión fue unánime entre todos los miembros.

Esta gestión se suma a otra anunciada anteriormente por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, con un pago a bonistas de las garantizadas obligaciones generales, luego de meses de incumplimiento.

Se le preguntó al funcionario si en vista de que desembolsarán solo una parte de los fondos de FEMA, si esto solamente puede evitar que la Isla no sea declarada una jurisdicción en riesgo.

“Abner Gómez es el director de la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencia, quien es el contacto con FEMA y Alejandro De La Campa (Disaster Recovery Manager) y le comunicamos esta ambos. Se le notificó a De La Campa (quien fue el que envió la carta con la advertencia al gobierno) y agradeció la apertura y como en este gobierno se atiende la situación”, explicó Sobrino.

Añadió que según los demás solicitantes de fondos formalicen sus respectivos pedidos de desembolsos, se certificarán “según la liquidez del BGF para poder cumplir”.

“Lo que FEMA y el gobierno federal querían ver era que la administración es proactiva”, agregó Sobrino, y cuestionó que la orden ejecutiva de García Padilla pusiera en peligro el recibo futuro de fondos.