El próximo 2 de marzo se cumplen cien años de que la ciudadanía americana fuese concedida a los puertorriqueños. La Ley Jones así lo dispuso en 1917. Por ironías de la vida, exactamente siete años antes que a las tribus indias; que mediante legislación congresional se les otorgó el 2 de marzo de 1924. Con la Ley Jones se creó también el sistema bicameral en Puerto Rico; un Senado electivo y la antigua Cámara de Delegados que pasó a llamarse Cámara de Representantes. La legislación concedió la ciudadanía de manera colectiva. Solo un puñado de 288 personas la rechazó. Muchos de ellos luego hicieron petición de la misma.

En la década de los treinta, mediante legislación congresional, los hijos de los puertorriqueños ciudadanos americanos comenzaron a adquirirla al llenar los formularios correspondientes en todas las oficinas de correos de Puerto Rico. Ya en 1952 se crea la nueva ley de ciudadanía de los Estados Unidos y se incluye a Puerto Rico con una cláusula que dice: “All persons born in Puerto Rico on or after April 11, 1899, and prior to January 13, 1941, subject to the jurisdiction of the United States, residing on January 13, 1941, in Puerto Rico or other territory over which the United States exercises rights of sovereignty and not citizens of the United States under any other Act, are declared to be citizens of the United States as of January 13, 1941. All persons born in Puerto Rico on or after January 13, 1941, and subject to the jurisdiction of the United States, are citizens of the United States at birth.” Ya, desde ese momento, nacer en Puerto Rico es nacer en los Estados Unidos. (Véase Immigration and Nationality Act: 8 U.S. Code § 1402).

En el logro de la ciudadanía americana se destaca como campeón indiscutible en la igualdad de derechos el líder obrero, padre del obrerismo en Puerto Rico, Santiago Iglesias Pantín. Para este gallego, convertido en puertorriqueño por derecho propio, la ciudadanía era de significado obrero: “La ciudadanía americana era una de nuestras principales demandas, porque significaba la consolidación de las instituciones democráticas en Puerto Rico; y las garantías de nuestras libertades, el desarrollo del movimiento obrero por toda la isla, garantizado por la definición de nuestro estado legal, legalizado por el Congreso Nacional al declarar a los puertorriqueños ciudadanos de los Estados Unidos.” (Véase Santiago Iglesias Pantín, Luchas Emancipadoras. II).