Esta es la cronología del operativo político del PPD en la Universidad:

En el 2009, el entonces presidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Antonio García Padilla, se reunió con el gobernador Luis Fortuño y le solicitó que impusiera arbitrios, para conjurar el déficit de $300 millones que había acumulado en la UPR durante 8 años de administración PPD.

El Ejecutivo rechazó la imposición de arbitrios (impuesto sobre las bebidas con alto contenido de azúcar y otro sobre los carros que consumen mucho combustible), se ajustó la fórmula para atender el déficit y se le asignaron $100 millones adicionales a la universidad.

En el 2014, la Junta de Gobierno de la UPR aprobó la certificación #74-2014, ordenando la presidencia de la institución hacer un plan de reestructuración académico y administrativo:

En vez de elaborar un plan fiscal y atender el millonario déficit, la Universidad continuó con el derroche en gastos, evidenciado por el escándalo de las becas presidenciales, las presiones de Antonio García Padilla, las intervenciones del Presidente y otros, y cómo usaron la UPR para favorecer a los amigos del alma del Partido Popular.

Días antes de las elecciones de noviembre de 2016, el Partido Popular utilizó a directivos de la institución universitaria para perseguir al hoy gobernador Rosselló, con una investigación fatula en el Recinto de Ciencias Médicas. Esto, a petición pública del Secretario del PPD al Rector, Noel Aymat Santana (uno de los que renunció estar semana). Luego de las elecciones, no les quedó más remedio que admitir la faena.

La Junta de Supervisión Fiscal pidió recortar en $300 millones los fondos para la UPR. Debido a que la UPR cuenta con autonomía universitaria, le corresponde a sus administradores elaborar y presentar un plan fiscal, lo que no han hecho hasta el día de hoy.

No obstante, el gobernador Rosselló Nevares ha sido proactivo en tratar de allegar fondos nuevos a la UPR, incluyendo la Orden Ejecutiva #21 para que las agencias tengan que contratar los servicios de la institución universitaria pública.

Desde hace semanas, el gobierno de Ricardo Rosselló llevaba manifestando preocupación por la dejadez y obstaculización en confeccionar un plan fiscal de la presidenta interina de la UPR, Celeste Freytes, y el resto de su equipo, a quienes les correspondía elaborar el plan fiscal, ¡desde el 2014!

La Sra. Freytes, quien fue puesta en el cargo por Antonio García Padilla y responde a éste, maquiavélicamente mintió una y otra vez en los medios aludiendo que estaba «cooperando» y elaborando el supuesto plan.

No han elaborado ningún plan, y la semana pasada, a solo días de que venza el plazo establecido por la ley federal para entregar el plan fiscal del gobierno y de la UPR, Freyte y los directivos de la universidad renunciaron en masa, como complot sacado de una película de mafia, creando un caos en el sistema universitario público.

El próximo paso era obvio, es el mismo al que nos tienen acostumbrados siempre que el PNP está en el poder: incitación a marcha y/o paro y/o huelga de estudiantes y profesores.  Ese lo vimos hoy.