El proceso mediante el cual la Universidad de Puerto Rico (UPR) identifica en ahorros presupuestarios sobre $197.4 millones, debe trascender lo coyuntural y convertirse en un ejercicio diario, permanente, de responsabilidad fiscal y de destierro de la enraizada cultura burocrática que la hace más vulnerable a los vaivenes políticos y a la crisis fiscal.
Es solo acorralada por las circunstancias, como las exigencias que hace la Junta Federal de Control Fiscal, que nuestra principal institución educativa -un ente acostumbrado a resolver sus ineficiencias tragándose el dinero del fondo general- emprende esta ardua tarea de mirarse a sí misma y de identificar oportunidades que le permitan aportar su parte en la misión de la rehabilitación fiscal del País.
Pero la realidad es que, como lo revela un segundo borrador de plan fiscal dado a conocer este miércoles, la UPR sumó casi $50 millones a la propuesta inicial de unos $150 millones de ahorros que había proyectado en un primer documento de trabajo. De esta manera, la Universidad puede crecerse en su compromiso y su responsabilidad social. Y puede empezar a sacudirse los lastres que la aprisionan. Y eso está bien.
Lo que no está bien, y esto es para la Junta de Control Fiscal, es pretender que la Universidad se lance de la noche a la mañana a recortes impensados y castrantes, que la lleven a un estado de incumplimiento académico y de inviabilidad. Todo esto sufriría la UPR, de prosperar un recorte de $300 millones, como pretende el organismo creado por el Congreso para que, con poderes delegados por encima de los funcionarios electos, determine el curso de las finanzas gubernamentales de Puerto Rico.
Igual que debe hacerlo con el plan fiscal que a más tardar el martes próximo debe entregarle el gobierno central, la Junta de Control debe actuar con transparencia y con sensibilidad en la valoración de la propuesta de ajuste fiscal de la Universidad de Puerto Rico.
Con transparencia, porque si la junta reclama un determinado ajuste a una instrumentalidad pública, está llamada a explicar los cálculos y los números que le han llevado a reclamar tal cantidad. Y no lo ha hecho. Ejemplo de ello no es solo el caso de los $300 millones que reclama a la UPR, sino también el de la exigencia hecha a la administración del gobernador Ricardo Rosselló de presentar un recorte billonario en el renglón de salud.
Pierde de vista la Junta de Control, o quizás no está en su marco conceptual, que de lo que se está hablando no es de piezas de un rompecabezas, o numeritos en un cuadrante; es de seres humanos, de pacientes, de asuntos de vida o muerte, de calidad de vida, de estudiantes con el derecho a formarse y ser parte de la solución de los grandes problemas, no rehenes de quienes los han creado y profundizado en medio de una recesión que sobrepasa el decenio. Por tanto, la junta tiene que saber que si bien hay que hacer los ajustes necesarios, los mismos tienen que ser graduales, para que el remedio no termine provocándole al País una más aguda enfermedad.
El Vocero se reitera en que aquí todos tienen que aportar. En la UPR, el estudiantado, el profesorado y la fuerza laboral no deben interrumpir los trabajos, porque con ello debilitan la institución que dicen defender.
El liderazgo universitario no debe rehuir, ni con pasividad ni con renuncias, su responsabilidad en esta hora crucial.
La Junta de Control Fiscal no puede pretender legitimidad obligando a desestabilizar servicios mediante la imposición de una austeridad draconiana. Además, no puede pretender legitimidad sin haber hecho nada para trascender el papel de gendarme fiscal, sin ocuparse en Washington de ninguna gestión conocida que derive en desarrollo económico para Puerto Rico.
Si no hay ese desarrollo, no surgen las fuentes de recaudo para el fisco aunque se haga una comprensiva reforma que amplíe la base contributiva. Tampoco alcanzaríamos la sustentabilidad.
Hay que enseñar con el ejemplo, con lo que se hace, no con lo que se dice. Aplica también con la transparencia: nadie puede exigirla sin practicarla.
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