Las irregularidades administrativas no fueron suficiente para demostrar ilegalidad y la precariedad en trámite de contratos  libró de culpa a todos los implicados en el caso de las becas presidenciales del años académico 2015-2016.

El informe filtrado a EL VOCERO tampoco dispuso sanción disciplinaria alguna. La única excepción fue Carlos Pagán Cuebas, becado de Río Piedras, quien no obtendrá la plaza docente que exigió a mediados del año pasado.

Lo contundente del informe es que señala como mayor responsable de la entonces vicepresidenta de Asuntos Académicos (VPAA), Delia Camacho. De hecho, su proceder fue descrito como descuidado. Según el informe, esto provocó que se evaluaran informes con información falsa y sin criterios concretos por cada caso.

El documento filtrado explica incluso que la vicepresidenta le envió un email al entonces presidente Uroyoán Walker para decirle que Sánchez Sepúlveda, una de las becadas del Recinto de Río Piedras de la UPR, no recibió el aval del comité.

Según el informe, Camacho ya conocía del requisito de formulación de contrato para completar el proceso de otorgamiento de la beca y aún así incumplió. Sin embargo, la Oficina de Asuntos Legales (OAL) también tuvo parte en el embrollo.

Según la lectura, OAL evaluó los contratos antes que el presidente los firmara y aunque era el Walker quien tenía que entregar los contratos a la Oficina del Contralor, una observación legal hubiese aclarado cualquier duda procesal.

Mal usó $7.2 Millones con la Tarjeta de Crédito de la UPR – Incluso en botellas de vino de $1,000.00 con fondos públicos.

El escrito explica que nunca se debieron desembolsar los pagos antes que se registrara y enviara el contrato. Esta omisión fue la responsable de la deficiencia procesal. Sin embargo, esto ‘‘no lleva a la conclusión de considerar el desembolso como ilegal’’.

Las becas de Río Piedras

El conflictos en la interpretación de Severino sobre las dos normativas aprobadas es ‘‘esencialmente lo que provoca toda la controversia respecto [al otorgamiento] de beca presidencial’’, explica el documento dentro de sus conclusiones.

El trámite que siguió Severino con las solicitudes de Carlos Pagán Cuebas, Arturo Ríos Escribano y Mónica Sánchez Sepúlveda incumplió con el único dictamen para el otorgamiento de las becas.

Además, estos otorgamientos no cumplían con las normas complementarias sobre la elegibilidad, las cartas de recomendación, las áreas prioritarias y las asignaciones de plaza.

De acuerdo con el informe al que tuvo acceso este rotativo, las acciones de Severino se apartan de los ‘‘buenos usos y costumbres’’ universitarias para el otorgamiento de las becas.

Por otra parte, la discusión pública hizo que Ríos Escribano devolviera los 25 mil dólares asignados por la Beca Presidencial. En el caso de Sánchez Sepúlveda, solicitó un plan de pago para los 23 mil aprobados, aunque aún no se lo han aprobado.

Con esos reembolsos, quedaron liberados de prestar servicios a la universidad y aunque Pagán Cuebas no mostró interés en pagar la beca, el informe lo relegó de rendir servicio a la institución.

Si desea saber más detalles sobre el informe, esté pendiente mañana a la edición digital de El Vocero.