La fuerza está en el país
La Ley Foraker impuso sus reglas de juego cuando fue aprobada
>Carlos Rivera Giusti/EL VOCERO
Desde la Ley Foraker en 1900 no se veía un asunto de crudo colonialismo como se ha manifestado durante estos días con la Junta de Supervisión Fiscal, que le ha indicado al gobernador Ricardo Rosselló que si no puede despedir empleados, por lo menos reduzca la jornada laboral de los servidores públicos en cuatro días al mes, para lograr ahorros de $35 millones a $40 millones mensuales. O sea, dos días por quincena. Lo que redundaría en una crisis para los empleados públicos que viven diariamente al centavo y, a veces, arrastrando déficits por cuentas que, a duras penas, pueden pagar.
La Ley Foraker impuso sus reglas de juego cuando fue aprobada; canje de la moneda; dónde sería la ciudad capital; título del jefe ejecutivo, lo que vendría a ser la figura del gobernador; aplicabilidad de las leyes aprobadas por el Congreso de los Estados Unidos, lo que ahora es el Artículo 9 de la Ley de Relaciones Federales; distritos electorales; Corte de Distrito de los Estados Unidos en Puerto Rico; la figura del comisionado residente; contribuciones e impuestos y hasta la anómala ciudadanía puertorriqueña que no tenía ningún sentido. Todo este andamiaje legal creado por esta ley, de autoría de Joseph Benson Foraker, senador republicano por Ohio, fue lo que, para algunos estudiosos, insertó a los Estados Unidos dentro de las “turbias aguas del colonialismo” (Véase a Lyman J. Gould, La Ley Foraker; raíces de la política colonial de los Estados Unidos).
La cruda realidad que tiene Puerto Rico en estos momentos surge de dos factores que lo fundamentan: uno de carácter constitucional como lo es el Artículo 4, Sección 3, Cláusula 2 de la Constitución de los Estados Unidos: “El Congreso tendrá facultad para disponer y formular todos los reglamentos y reglas necesarios con respecto al Territorio y otros bienes que pertenezcan a los Estados Unidos”, que no es otra cosa que la llamada cláusula territorial, que establece que los poderes sobre los territorios, como lo es Puerto Rico, evidenciado y reconocido en el caso de Pueblo v Sánchez Valle, es facultativo del Congreso de los Estados Unidos, y que por ese poder fue que se legisló la Ley Foraker en 1900 y por ese poder, igualmente, fue que se legisló la ley Promesa en 2016, que creó la Junta de Supervisión Fiscal. Esta ley usando un acrónimo que, más que un acto de cinismo, es una burla a la sensibilidad de los ciudadanos americanos que viven en Puerto Rico.
El segundo factor lo es el historial de gobernabilidad que tiene Puerto Rico. Desde finales de la década de los ochenta todos los gobernadores han endeudado al fisco y han hipotecado el futuro económico de los puertorriqueños. Desde Sila Calderón, Aníbal Acevedo Vilá, el propio Luis Fortuño y Alejandro García Padilla, el dinero público fue convertido en fuegos artificiales para el deleite de los contemporáneos y el sufrimiento de las futuras generaciones. Fue un acto de irresponsabilidad sin precedentes, pues los gobernadores anteriores a ellos, desde Luis Muñoz Marín a Carlos Romero Barceló, siempre ejercieron con prudencia el dinero del pueblo.
”Es a Ricardo Rosselló al que le ha tocado pagar los platos rotos por la espiral de derroche y negligencia de administraciones pretéritas. Y le ha tocado también enfrentarse, en un ejercicio de admirable anticolonialismo, a una insensible junta cuya función principal es la de funcionar como una agencia de cobros más que como un aliado para el progreso. Todo ello sin ayudas para el desarrollo económico ni sensibilidad alguna con nuestros indigentes en el área de la salud. Y pensar que poco más de 100 años después, como un eco en el tiempo, nos vuelven a resonar aquellas premonitorias palabras de Luis Muñoz Rivera: “La fuerza está en el país”.
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