Los asuntos relacionados al control de gasto han sido los de mayor tranque para la junta fiscal y temprano el domingo ya parecía haber una ruta mejor definida en cuanto a las proyecciones económicas (con una caída cercana al 3%) y un aumento en recaudos con alzas en áreas particulares. El ajuste de proyección ocasionó cambios importantes en las demás consideraciones.
El plan provocará que el gobierno finalmente se vea obligado a escrutar aún más lo que no es esencial, en las áreas de servicios puntuales como salud, seguridad y educación, para producir parte de los ahorros requeridos por la junta y que no necesariamente estarían en el entendido de la recomendación.
La aprobación del plan –entre otros factores- permite la event
ual presentación del siguiente presupuesto para el nuevo año fiscal que inicia el 1 de julio.
Fuentes de distintas procedencias e intereses, consultadas por EL VOCERO desde el viernes hasta tarde el domingo, confirmaron que los asesores del gobierno y de la junta fiscal sostuvieron amplias reuniones, en un intento de la administración de Ricardo Rosselló para que se le diera paso a la mayor parte de sus propuestas rechazadas, y que –entre otras consideraciones- buscaban evitar la reducción de nómina y jornada laboral en el sector público. Fue así como el sábado presentaron a la junta fiscal otras medidas para evitar el corte de jornada a los trabajadores.
“Los servicios esenciales siguen sin definirse y llegó la hora. A la junta le preocupa porque entienden que hay más áreas donde cortar y no todo en el entorno de la salud, o seguridad, es siempre prioridad. Llegó la definición”, declaró una de las fuentes contactadas.
La junta fiscal se ha mantenido fiel a su línea estricta de ajustes, afirmación que desde la pasada semana tuvo el efecto momentáneo de producir la unión de sectores no necesariamente afines, políticos y privados, en reacción al rechazo del gobierno a medidas de amplio impacto en el corto tiempo y que, según economistas y analistas, exacerbarán todavía más la crisis económica. En el lado político, los acercamientos parecieron resquebrajarse ayer tarde.
Una de las fuentes, con base en Washington, aseguró a este medio que para el sector de los acreedores la gran preocupación está en la línea que parece encaminarse hacia el manejo de la situación fiscal del gobierno mediante el Título III de ajuste de deuda, que permite la Ley Promesa, una suerte de quiebra.
Eso dejaría ciertos créditos mal parados en términos de la recuperación de sus inversiones, con recortes significativos en el repago de sus acreencias. A esto asocian la contratación como asesores legales de la junta fiscal, a la firma Proskauer, a la que pertenece Martin J. Bienenstock, un especialista en reestructuración y quiebras, quien fue el principal redactor de la malograda llamada ley de quiebra criolla bajo el gobierno de Alejandro García Padilla, con el cual tuvo contratos a través del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) desde 2014. Proskauer tiene contrato con la junta fiscal desde noviembre de 2016.
Con el anuncio que realice hoy la junta por voz de su presidente José Carrión, y con la aprobación de sus otros seis miembros, entre estos cuatro puertorriqueños, podría ser el preámbulo del primer caso del gobierno contra el ente fiscal en los tribunales, al intento de sostener sus entendidos para manejar la situación. Eso dependerá de cuanta presión sienta el gobierno para sostener sus promesas administrativas.
Otra fuente con base en Nueva York, y que ha asesorado al gobierno de Puerto Rico en parte del proceso de los últimos dos años, dijo ayer que “todo ha sido intenso”. Explicó que hasta el último momento pueden ocurrir cambios, pero ve poco probable que no se apruebe otra cosa que no sea el plan de la junta fiscal con algunas de las iniciativas del gobernador Rosselló Nevares, lo cual no necesariamente limará asperezas con el gobierno local.
Vigilantes los acreedores
Por otro lado, entre los bonistas continúan las conversaciones en busca de producir alguna negociación antes del 1 de mayo cuando vence el detente a los litigios contra el Estado Libre Asociado, comúnmente conocido como el “stay”.
El ambiente negociador, según financieros consultados, luce mejor aspectado para grupos de acreedores de las obligaciones generales (GO, por sus siglas en inglés), y en menor grado para los de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina), que se paga con el Impuesto de Ventas y Uso (IVU). Posibles acuerdos podrían incluir ofertas de extensión en el pago de deuda y financiamiento extra para operación del gobierno, lo cual debe contar con el aval de la junta fiscal.
En cuanto al temor por la ruta de ajuste de deuda mediante el Título III de Promesa, está claro que levantará una ola de casos legales contra el gobierno, concurrieron las fuentes. En ese escenario, de ser el caso, el camino menos tortuoso les tocaría a los tenedores de deuda garantizada como las obligaciones generales, al poder invocar garantías constitucionales que los colocan en el primer orden de repartición de pagos.
Inviable el Título III
Fuentes consultadas en el gobierno estimaron por separado que la opción del ajuste de deudas resulta incómodo para el gobernador Rosselló Nevares (y así lo ha expresado), ya que prefiere mantener una mejor relación con los acreedores y recuperar la confianza, algo que el Título III impediría. Al mismo tiempo, ese sería un proceso en decisión de la junta fiscal, lo cual dejaría al gobierno de Puerto Rico sin el control sobre negociaciones y cumplimientos con sus haberes.
“El gobierno en una instancia como esa perdería el control presupuestario a mano de un juez republicano, y sin obtener opciones de financiamiento de acreedores”, distinguió una fuente local.
Por el lado político, añadió la fuente, el ajuste de duda en un mecanismo más parecido a una quiebra, con el recorte significativo de deuda, presentaría una cara menos favorable para el apoyo de sectores en Estados Unidos hacia la incorporación de la Isla como un estado más.
En cuanto al impacto del Título III entre los bonistas puertorriqueños, representaría una pérdida mayor de riquezas debido al nivel de los recortes de deuda que se produzcan, y su peso sobe los pensionados y las cooperativas.
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