El presidente de la Comisión de Salud de la Cámara, Juan Oscar Morales Rodríguez, no descartó ayer hacer un referido al Departamento de Justicia y a otras agencias federales para que inicien formalmente una investigación sobre la transacción que hizo el Departamento de Salud al comprar un helicóptero Bell 429 a un costo de $7.7 millones a través de la empresa Ecolift, para utilizarlo como ambulancia aérea.

Morales Rodríguez precisó que la compra del helicóptero, que está inoperante por falta de certificaciones, le “huele a corrupción” y que llegará hasta las últimas consecuencias para lograr la fijación de responsabilidad ante las posibles irregularidades.

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“Sí, hay algo que no está claro. Hay algo que no está transparente y antes de nosotros iniciar la investigación estuvimos evaluando todos los documentos que había y ahí fue que nos dimos cuenta que no había transparencia y por una entrevista que tuvimos con la doctora (Ana) Rius nos acabamos de convencer de que algo andaba mal”, dijo Morales.

A preguntas de EL VOCERO, el representante no descartó citar a funcionarios de la pasada administración, incluido el exgobernador Alejandro García Padilla, por entender que no se puede dejar en el olvido el exorbitante costo del helicóptero.

“Todavía faltan piezas que aún no están instaladas en el helicóptero, pero ya se pagó por eso. ¿Qué garantía nosotros tenemos de que ese equipo que falta nos va a llegar y si fue el que se pidió? Creo que eso fue una mala práctica y eso debe ser materia de auditoria por parte de la Oficina del Contralor y otras entidades”, cuestionó Morales.

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Las expresiones del legislador novoprogresista se dieron tras la celebración de una vista pública sobre la Resolución de la Cámara 18 para investigar la adquisición del equipo médico. Al final, parecieron quedar más preguntas que respuestas sobre la transacción que se realizó de forma expedita bajo el alegato de una aparente emergencia.

Sin permisos y sin licencias

A cuatro meses del exgobernador García Padilla haber anunciado la compra, el helicóptero se encuentra en el hangar de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA), en el aeropuerto Mercedita de Ponce. La nave no cuenta con los permisos y licencias necesarias que expide la Administración Federal de Aviación y tampoco tiene parte del equipo requerido para los vuelos de transportación médica.

Ayer, Rius reconoció que no participó en las reuniones donde se delineó la compra del helicóptero, sino que por el contrario, se limitó a recibir instrucciones vía email para formalizar la transacción.

También admitió que está arrepentida de la forma en que manejó el asunto y que en estos momentos “no haría la compra”. Sostuvo, además, que no era la norma realizar este tipo de transacciones dejándose llevar por recomendaciones verbales.

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“Se llevaron a cabo unas reuniones y en esas reuniones es donde se determina que la nave comprarla era más costoefectivo y se lo notifican al gobernador (García Padilla)”, mencionó Rius, quien añadió que Aeromed le cobraba al gobierno entre $36,000 y $43,000 por los traslados médicos.

García Padilla dio la orden

Esta mencionó que no sabía que Ecolift estaba siendo investigada, aunque reveló que fue García Padilla quien dio la orden directamente para que se comprara la nave. Añadió que el helicóptero se pagó antes de que llegara a Puerto Rico y que el proceso de compra no se dio mediante subasta.

Mientras, el secretario de Salud, Rafael Rodríguez, confirmó que la agencia no tiene un contrato firmado ni otra información que detalle la transacción.

“No es la acción de comprar un helicóptero, porque hace falta, pero un helicóptero de $8 millones cuando se pudo haber comprado dos”, expresó, quien no descartó la posibilidad de que la nave pase a manos de una empresa privada para que ofrezca el servicio a través de un acuerdo como se ha hecho hasta ahora.

Otra alternativa es pasarle el helicóptero a la Policía para aumentar la flota de FURA o venderlo. “Para mí lo más sensato es pasárselo a alguien a través de una APP para que pueda usarse inmediatamente”, comentó Rodríguez.

En cambio, la representante popular Lydia Méndez argumentó que “alguien miente” en cuanto a la movilidad del helicóptero porque en una vista ocular se informó que la nave fue movida al municipio de Ponce porque no había espacio en el hangar de FURA en San Juan.

Finalmente, el representante independentista Denis Márquez catalogó como un “escándalo” todo lo relacionado a la compra del helicóptero. “Más allá de cualquier justificación que pueda levantar una persona, más allá de que el helicóptero se pudo montar adecuadamente, realmente el tracto demuestra que antes de que Salud evaluara de qué se trataba el asunto…ya estaban en La Fortaleza reunidos”, sentenció.