El pasado lunes, 13 de marzo de 2017, culminamos una de las más importantes etapas del camino hacia la recuperación y estabilidad económica del Gobierno de Puerto Rico. La Junta de Supervisión Fiscal, una criatura de la Ley PROMESA aprobada en y por el Congreso de los Estados Unidos en virtud de su autoridad y control sobre la colonia que indudablemente es el archipiélago de Puerto Rico, certificó (con naturales y esperadas condiciones) el plan de acción presentado por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, en nombre del Pueblo de Puerto Rico. Esto así, no meramente para cumplir con los requisitos del mencionado estatuto, sino para garantizar la protección de los más vulnerables y de quienes componen la fuerza trabajadora.

Para quienes sintonizamos la audiencia y escuchamos las presentaciones ante los miembros que, ulteriormente, aprobaron por unanimidad el plan presentado por nuestro primer ejecutivo, pudimos comprobar que todas y cada una de las acciones de la presente administración van responsable y analíticamente dirigidas a sacar al Gobierno de Puerto Rico de la crisis en la que se encontraba al 31 de diciembre de 2016. En tan sólo dos meses hemos recuperado la credibilidad que otros dejaron perder o no creyeron importante. Mientras, por mandato electoral, por fin nos dirigimos a puerto seguro. Ahora, quienes nos llevaron por turbias aguas hasta la más perfecta de las tormentas, traicionan una vez más a nuestro Pueblo intentando con sus expresiones crear desasosiego donde hay esperanza. Como si quisieran cortar de raíz la confianza que ha logrado germinar en tiempo récord en el árido terreno que ellos mismos dejaron infecundo y baldío.

Confieso que resultó difícil, aunque no sorprendente, ver (y escuchar) cómo un funcionario electo y representante de la minoría parlamentaria, y un político que preside una colectividad que históricamente ha favorecido nuestra condición colonial, habiéndose reunido y comprometido con el Gobernador de Puerto Rico a zanjar sus diferencias ideológicas para trabajar y aportar ideas por el bien de nuestra gente, sucumbieran ante la tentación del oportunismo político. Fueron gestores de un fallido intento de atemorizar a nuestra gente en medio de un proceso tan importante para el Pueblo de Puerto Rico. Su tétrico pronóstico estuvo tan alejado de la realidad que, al saberse equivocados, recurrieron a las conductas rechazadas del pasado para distorsionar la realidad. Atacan ahora la postura oficial de diálogo y colaboración mutua que ha logrado mantener el Gobierno de Puerto Rico ante una junta que ellos mismos pidieron a gritos “controlara el gasto gubernamental.” Quienes provocaron en el Congreso con sus acciones y omisiones la aprobación de Promesa se atreven alegar ahora que el deber patriota es oponerse a sus recomendaciones.