De acuerdo a lo informado oficialmente por la Administración de Alejandro García Padilla y el Partido Popular, el déficit fiscal del Gobierno de Puerto Rico en el 2016 era de $3,200 millones. FALSO.
El déficit resultó ser más del doble:
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$7,600 millones.
El déficit real sin precedentes de $7,600 millones salió a relucir en las vistas de transición y en los informes de la Junta de Supervisión Fiscal y del Tesoro federal.
La Administración del PNP, que heredó ese déficit, prometió velar por el buen gobierno, manteniendo a los servidores públicos y garantizando los servicios a los más vulnerables. A base de ello, el gobernador Ricardo Rosselló elaboró un Plan Fiscal para balancear el déficit, sin despedir empleados públicos y protegiendo a los más vulnerables.
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El Plan Fiscal aprobado contempla:
- $1,380 millones en nuevos ingresos que en su mayoría vienen de las corporaciones foráneas ($787 millones) y en eficiencias cobrando impuestos que se pierden;
- $1,623 millones en reducción de gastos que en su mayoría vienen con no contratar personal nuevo y reducción de subsidios;
- ajustes en los gastos de Mi Salud sin sacar a ningún paciente ($299 millones); y
- el recorte de alrededor de 80% del pago al servicio a la deuda a los acreedores por préstamos que cogieron otras administraciones (e.g. García Padilla tomó $3,500 millones a 8.50%, un interés nunca ante visto).
En resumen, el Plan Fiscal aprobado solo contempla un pago de menos de $800 millones anuales versus $3,500 millones anuales que era el pago requerido pactado por otras administraciones.
A tenor con lo informado hoy por el propio Gobernador, el Gobierno ha estado negociando y continuará negociando de buena fe con los acreedores, pero protegiendo el dinero de los empleados
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públicos y los servicios esenciales. De hecho, en tan solo 95 días, el Gobierno logró un acuerdo con los acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica que redunda en $2,200 millones de ahorros en la deuda pactada por otras administraciones. En relación a las demás corporaciones públicas (como COFINA, ACT, AAA, etc.) se continuará negociando bajo el Título VI (negociación fuera del proceso de quiebra).
Sin embargo, como habrás podido ver en los medios, el Gobierno ha sido demandado por acreedores intransigentes que quieren que se les pague todo y que el Tribunal congele el 100% de los ingresos del Gobierno.
Esa es la razón principal por la que el Gobernador anunció hoy que su Gobierno y la Junta de Supervisión Fiscal acordaron acogerse al mecanismo bajo el Título III de PROMESA, que permite la protección contra los acreedores, al igual que ocurre en todo proceso de quiebra.
¿Qué se logra con el Título III?
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