Por: Lcdo. Ramón L. Rosario Cortés
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Iván, ¿por qué realizar una consulta de estatus en momentos de crisis fiscal? La pregunta es legítima aunque la contestación de algunos sea inmoral. Algunos contestan que no es el momento pero para estos nunca lo ha sido y nunca lo será. La crisis fiscal es otro síntoma de la enfermedad que no hemos atendido.

Llevamos años en quiebra y perdiendo cientos de miles en población. Esto bajo el Estado Libre Asociado que, según el gobierno federal, no es más que un estatus territorial sujeto a los poderes plenarios de un Congreso por el cual no votamos. ¿A dónde se mudan los puertorriqueños? Sencillo, a los estados de los Estados Unidos en donde hay empleos y salarios razonables. Hemos puesto parchos temporeros a nuestros problemas, como lo fue el incentivo contributivo de la sección 936 del Código de Rentas Internas federal. Esa medida nunca dependió de nosotros y por eso mismo se eliminó; estamos bajo los poderes plenarios de un gobierno que escogen otros ciudadanos americanos.

La soberanía separada de los Estados Unidos como la independencia y la libre asociación nos permitiría tomar control de nuestras decisiones locales e internacionales. Esa es una visión que respeto pues pretende terminar con la relación indigna y quebrada de la colonia. Por su parte, la soberanía de la estadidad, fórmula que defiendo, nos daría voz y voto en la toma de decisiones federales. Con ese poder político aseguramos que Puerto Rico sea parte de la agenda nacional en lugar de ser discriminado como territorio. La estadidad nos haría parte de un proyecto nacional que permite que los 50 estados tengan oportunidades que no tenemos hoy en el actual estatus territorial. Los estados no pueden ser discriminados en los programas federales que allegarían entre $10,000 millones y $15,000 millones nuevos para los puertorriqueños, si escogemos la estadidad.

Para mí, la solución no es mudarse a un estado. Para mí, la solución es la estadidad para que los que se fueron encuentren en su tierra las soluciones que buscan fuera y para que no se dividan más familias puertorriqueñas. El momento es ahora: el 11 de junio de 2017.

Por: Lcdo. Iván Rivera
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Ramón, la respuesta a tu pregunta es sencilla: porque existe una relación directa entre estatus político, economía y situación fiscal. De hecho, los estatus políticos no son ideologías, sino conformaciones de la distribución territorial del poder para fines de explotación económica. El caso de la invasión estadounidense de 1898 no es la excepción. Tras la misma, y la Ley Foraker, así quedó plasmado: se establecía que Puerto Rico no podía hacer tratados con otros países, no podía establecer sus propios aranceles, estaríamos sujetos a las leyes de cabotaje de ellos y tendríamos que utilizar su moneda. De su letra, se desprende una clara intención de cautivar unilateralmente el mercado y las fuerzas productivas de Puerto Rico. Tal vez no por parte de la mayoría del capital estadounidense, pero sí, por lo menos, de un importante e influyente sector del mismo. Cuando comenzaron las controversias sobre el proyecto, su propia Corte Suprema, en el caso Downes v. Bidwell, inventó la ficción jurídica necesaria para sustentar esa explotación económica. Esos fundamentos no han variado al presente.

Previo a la carta notificada por parte del “Gran Hombre Blanco”, perdón, del Departamento de Justicia federal, los inmovilistas ya pregonaban el “boicot” como estrategia para ganar tiempo y evitar tomar decisiones. Tras la bendita “carta”, algunos por cuestión genuina de principios y otros por jaibería electorera, le hicieron coro al respecto.

Sin embargo, el resultado neto de esa estrategia ha sido que los inmovilistas de la denominada “derecha” del PPD han ocupado el campo discursivo sobre el estatus para tratar de justificar la perpetuidad de la colonia y a la vez asestarles un golpe a los libreasociacionistas de la colectividad, hasta el punto que planean expulsarlos de la misma. Si las colonias se imponen para explotación económica es demagógico decir que hasta que mejore la economía no debemos hacer nada sobre el estatus. Yo participaré de cualquier consulta porque quiero mejorar las condiciones económicas del País, sobre las cuales el estatus actual es una camisa de fuerza. Defiendo el principio de asociación libremente determinada, como aspiraron alguna vez nuestros constituyentes, como el mejor negocio para ambas partes.