Título III y Auditoría de la Deuda que es Legal – PPD 90%+ Culpable X Medio Siglo de Corrupción Sin Obras

Título III y Auditoría de la Deuda

• La Administración del PNP prometió velar por el buen gobierno manteniendo a nuestros servidores públicos y defendiendo los servicios de los más vulnerables.
• A pesar de que la Administración de García Padilla estuvo afirmando todo el 2016 que el déficit fiscal del Gobierno era de $3,200 millones, resultó en diciembre en las vistas de transición y en los informes de la Junta de Supervisión Fiscal y el Tesoro Federal que era de más del doble de lo que decían ($7,600 millones).
• Por eso, Rosselló hizo un Plan Fiscal para balancear nuestro déficit sin despedir empleados públicos y protegiendo a los más vulnerables. 
• El Plan Fiscal aprobado contempla:

  (1) $1,380 millones en nuevos ingresos que en su mayoría vienen de las corporaciones foráneas ($787 millones) y en eficiencias cobrando impuestos que se pierden;

  (2) $1,623 millones en reducción de gastos que en su mayoría vienen con no contratar personal nuevo y reducción de subsidios;

  (3) ajustes en los gastos de Mi Salud sin sacar a ningún paciente ($299 millones; y

  (4) el recorte de alrededor de 80% del pago al servicio a la deuda a los acreedores por préstamos que cogieron otras administraciones (García Padilla tomó $3,500 millones a intereses nunca antes vistos: 8.50%). Esto es, el Plan Fiscal aprobado solo contempla un pago de menos de $800 millones anuales cuando la deuda pactada por otra administraciones requería un pago de alrededor de $3,500 millones anuales.

• El Gobierno ha estado negociando de buena fe y en solo 95 días logró un acuerdo con los acreedores de la AEE que redundan $2,200 millones de ahorros de la deuda pactada por otras administraciones.
• La buena fe seguirá pero protegeremos el dinero de los empleados públicos y los servicios esenciales.
• Se han recibido demandas de acreedores intransigentes que quieren que se les pague todo y solicitan al Tribunal congelar el 100% de nuestros ingresos.
• Por eso, el Gobernador ha anunciado hoy que su Gobierno y la Junta han acordado radicar el mecanismo bajo el Título III de PROMESA que nos permite protegernos de los acreedores como en un proceso de Quiebras.
• Este Título III nos permitirá evitar los embargos y nos permitirá reestructurar la deuda conforme al Plan Fiscal de Rosselló.
• En ese proceso, como siempre ha dicho la Administración, se auditará la deuda en un proceso legal adecuado en un Tribunal y no por una comisión con motivaciones políticas que usarían el dinero del fondo público sin consecuencia legal alguna.
• Con esta medida del Título III, aseguramos el pago a nuestros empleados y suplidores para dar continuidad al Gobierno y servirle a los más vulnerables en tiempos de crisis fiscal. 
• Esto no implica que no seguimos en las negociaciones de buena fe. Con esta protección en relación a la deuda del Gobierno central, seguiremos negociando con estos acreedores.
• • DEUDA PÚBLICA
  • JUNTA FEDERAL DE CONTROL FISCALEn relación a las demás corporaciones públicas (como COFINA, ACT, AAA, etc.) seguiremos negociando bajo el Título VI (negociación fuera del proceso de quiebra).
    

    Junta se expresa sobre legalidad de la deuda

    El ente federal postuló que la propia Constitución del ELA es en parte la causante de la crisis fiscal

    11 de mayo del 2017
    

    >Foto: EL VOCERO/Archivo

    La Junta Federal de Control Fiscal está alegando ante el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico que la Constitución del Estado Libre Asociado permite emitir deuda para fines de financiar déficit, un punto que invalida el argumento esbozado por la extinta Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público de que hay $30 mil millones de deuda ilegal.

    El representante del gobernador ante la junta, Elías Sánchez, discrepó con la premisa que utilizó la junta, aunque reconoció que la postura del ente se basó en la única opinión de Justicia que existe sobre el tema. “No coincido con esa apreciación porque eso no lo dice la Constitución. Eso fue a base de una opinión de un secretario de Justicia en 1974… a base de eso es que se ha hecho (financiar déficit) históricamente”, comentó Sánchez a EL VOCERO.

    Al pedir la protección del código de quiebra, la junta postuló que la propia Constitución del ELA es en parte la causante de la crisis fiscal, pues “modificó el requisito del presupuesto balanceado al incluir recursos no recaudados, incluyendo la asistencia federal y los fondos obtenidos a través de la venta de bonos. Esta enmienda abrió la puerta a déficits operativos recurrentes”, lee el documento presentado por las firmas de asesoría legal Proskauer Rose LLP y O’Neill & Borges Lee.

    Se trata de la primera expresión pública que hace la junta sobre el reclamo de ilegalidad de la deuda, con el cual invalida el argumento de que existen $30 mil millones de deuda emitidos ilegalmente, según un informe preliminar de la extinta Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público.

    El argumento que utilizó el ente territorial se basa en una opinión legal del ex-secretario de Justicia, Francisco de Jesús Schuck, cuando en 1974 es consultado sobre si se podía utilizar un préstamo respaldado por unas cuentas a cobrar que obraban en los libros del Departamento de Hacienda para balancear el presupuesto.

    Sin embargo, economistas como el profesor Carlos Colón de Armas han planteado que esa opinión está errada, pues la Constitución exige claramente un presupuesto balanceado. La Constitución del ELA establece que “las asignaciones no podrán exceder de los recursos totales, a menos que se provea por ley para la imposición de contribuciones suficientes para cubrir dichas asignaciones”.

    “Eso es incorrecto (la opinión de la junta). La Constitución dice que si los gastos exceden los ingresos, el presupuesto tiene que venir acompañado de medidas para allegar más ingresos”, coincidió el decano de la Facultad de la Administración de Empresas del recinto de Río Piedras de la UPR, José González Taboada. El CPA contó que la opinión del secretario de Justicia ocurre cuando al exgobernador Rafael Hernández Colón se le cuestionó durante su primer cuatrienio que estuviera tomando prestado para cuadrar el presupuesto.

    Similarmente, Colón de Armas analizó para la Revista Jurídica de UPR que el gobierno abandonó las normas de sana administración pública “a base de la presión y la conveniencia del momento”.

    Culpa compartida

    La junta reconoció, además, que el problema de la crisis fiscal de Puerto Rico no se debe meramente a uno de mala administración -como señalaban los congresistas estadounidenses-, sino a políticas federales adoptadas durante el último siglo para promover el endeudamiento de su territorio: desde la Ley Jones de 1917, el gobierno dio triple exención a los bonos de Puerto Rico.

    Contrariados con la auditoría

    La interpretación que ha hecho la junta sobre el límite constitucional de la deuda es contraria a la que planteaba el primer informe de muestreo de la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público, entidad que el gobernador Ricardo Rosselló eliminó mediante ley.

    Estimados preliminares de la extinta comisión señalaban que la Isla ha emitido al menos $30 mil millones de deuda para financiar déficits gubernamentales en los últimos diez años, aunque esta práctica pudo haber iniciado desde 1979.

    El criterio de la comisión para evaluar la constitucionalidad de la deuda se basa en tres premisas: no se puede emitir deuda para balancear el presupuesto o esconder déficit presupuestario; la madurez o vencimiento de los bonos no debe exceder 30 años; y las obligaciones no deben exceder el 15% de los recaudos.

    El reclamo popular por la auditoría ha ido creciendo al convertirse en una de las condiciones principales del movimiento estudiantil para levantar la huelga y tras la marcha de decenas de miles de personas, quienes ocuparon Hato Rey durante el 1 de mayo.

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