La compañía Ambac Financial Group, Inc. (Nasdaq: AMBC), cuya subsidiaria aseguradora de deuda Ambac Assurance Corporation mantiene reclamos legales contra el gobierno de Puerto Rico, adjudicó gran parte de su trimestre de pérdidas a los impagos de la Isla, por los cuales ha tenido que responder con decenas de millones de dólares.
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Ambac, que asegura unos $2,200 millones de deuda del Estado Libre Asociado (ELA), informó ayer sus resultados financieros para el primer trimestre de 2017, y su presidente Claude LeBlanc indicó que las pérdidas en la cartera de finanzas públicas, y los gastos de pérdida, registraron un aumento de 85% para el periodo, para unos $169.4 millones. Adjudicó esos resultados, principalmente a la deuda incumplida por el gobierno de Puerto Rico. La pérdida neta para Ambac fue de $125.44 millones, o $2.77 por acción.
“Estamos monitoreando activamente la situación en Puerto Rico y tomando las medidas apropiadas como lo hemos hecho con éxito en el pasado. Incluimos demandas anticipando la declaración de bancarrota de Puerto Rico el 3 de mayo. Seguiremos buscando remedios agresivamente para proteger nuestros derechos y mitigar las pérdidas”, destacó LeBlanc.
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Tan pronto el gobernador Ricardo Rosselló solicitó a la Junta Federal de Control Fiscal que invocara el Título III de ajuste de deuda bajo la ley Promesa, el pasado 3 de mayo, Ambac fue una de las primeras en demandar al gobierno, en parte, porque ha pagado sobre $52 millones a los acreedores con deuda asegurada y cuyos pagos no fueron hechos por emisores de la Isla.
La aseguradora de deuda cuestiona las políticas adoptadas por el gobierno en el manejo de la crisis, en particular la acción de retener dinero que entiende corresponde al pago de obligaciones. También presentó reclamos contra el Tesoro, para que se retengan los arbitrios al ron que se remiten a la Isla y deben ir al pago de deuda.
El próximo 17 de mayo será la primera audiencia relacionada al reclamo de Título III para una parte de la deuda de Puerto Rico, que se refiere a una especie de quiebra que no cuenta con precedente alguno en Estados Unidos. La vista se verá en el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico, en San Juan, y será atendida por la recién designada jueza para encargarse de este proceso, Laura Taylor Swain.
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