El próximo 11 de junio el pueblo de Puerto Rico tendrá en sus manos la herramienta para definir nuestro futuro político, social y económico. Sobre 500 años de dominio colonial están a punto de terminar. Por primera vez en nuestra historia, los puertorriqueños podremos votar por fórmulas de estatus reguladas por el gobierno federal. Algo que convierte el plebiscito en el uno vinculante.

Pero, a pesar de esta histórica oportunidad, todavía hay quienes cuestionan la necesidad de celebrar un plebiscito de estatus. Estos pequeños grupos esbozan una plétora de razones para oponerse a la consulta. Todas, como la que promulga la oposición política, de que no es el momento adecuado, las hemos escuchado antes. Si fuera por el Partido Popular Democrático (PPD) viviríamos eternamente en la colonia.

Durante el cuatrienio pasado, a pesar de controlar la Cámara de Representantes, el Senado, la Gobernación y la mayoría de las alcaldías, el PPD no hizo absolutamente nada para solucionar este asunto medular para el desarrollo de Puerto Rico. Esto a pesar de que en su programa de gobierno estaba claramente definido que atendería el asunto de manera expedita.

A finales de 2013, la legislatura del PPD creó una Comisión Conjunta de Estatus para, alegadamente, terminar con el limbo político que vivimos. Sin embargo, en tres años de existencia, la Comisión nunca se reunió ni tan siquiera para aprobar su propio reglamento. Eso demuestra la falta de seriedad con la cual esa colectividad ve solucionar el ‘issue’. Por eso es que sus excusas no tienen ningún valor real.

Para aquellos que cuestionan el costo del plebiscito, les pregunto, ¿saben cuál es el precio de no actuar? Todos reconocemos que la Isla se encuentra en la peor crisis económica y social en los últimos 300 años. La falta de mecanismos para impulsar un verdadero crecimiento económico, sostenido con la generación de capital interno e inversiones, no con préstamos o proyecciones falsas, han expuesto las enormes e insalvables deficiencias del sistema fiscal-económico de Puerto Rico, el cual reza en el aparato colonial victoriano. Sencillamente la colonia impide cualquier tipo de recuperación.

Si no actuamos ahora, la ola migratoria que ya va por 80,000 puertorriqueños abandonando su terruño todos los años en búsqueda de oportunidades en estados como la Florida y Texas, se agudizará aún más, lo que significaría que para 2025 la población de la Isla se reduciría a menos de tres millones.

Si no actuamos ahora la cantidad de personas recibiendo ayudas del gobierno, desempleo, plan de salud y asistencia nutricional, por mencionar algunos, se dispararía a niveles insostenibles, provocando un colapso histórico en el mundo.

Si no actuamos ahora estamos condenando a futuras generaciones de puertorriqueños a vivir en la pobreza. Eso es algo que no vamos a permitir.

El costo más que se paga con la admisión. Primero, prevenimos terminar por el inescapable camino que la colonia nos lleva. Segundo, la inyección de nuevos fondos federales que recibirá Puerto Rico al convertirse en estado supera los $10,000 millones anuales. Eso representa más que el presupuesto del gobierno de Puerto Rico. Esto sin contar los cientos de millones de dólares de inversionistas privados. Los beneficios, por mucho, superan el costo.

Finalmente, para aquellos que piensan que este plebiscito no resolverá nada, les digo que es todo lo contrario. Por ser el primer evento electoral de estatus con definiciones propuestas por el gobierno federal, el impacto de los resultados será contundente. Estoy convencido que de haber tenido un gobernador el cuatrienio pasado que respetará la voluntad del pueblo, expresada en el referéndum de 2012, Puerto Rico ya hubiese tomado los primeros pasos de la admisión.

Nuestro gobierno hará cumplir la voluntad de nuestra gente en la capital federal. El resultado del plebiscito será el primer paso de la admisión. Por eso todos tenemos que salir a votar el 11 de junio.