La historia temprana del gobierno colonial de Puerto Rico a principios del siglo 20 aguarda semejanzas inquietantes con la realidad del presente, donde los esfuerzos para ejercer la voluntad del pueblo cobran poca o ninguna importancia ante los intereses del gobierno de Estados Unidos.

El primero indicio de esta conducta por parte del poder federal se puede apreciar mediante el análisis histórico de las acciones de los primeros parlamentarios puertorriqueños que alcanzaron el poder en la primera década del siglo pasado con la instauración de la Ley Foraker en 1900 – acta federal que confirió sobre la isla un gobierno civil tras el cambio de soberanía española a estadounidense. Los 35 legisladores puertorriqueños que formaron parte de la Cámara de Delegados (predecesor de la actual Cámara de Representantes) es el foco principal del Libro de Sesiones de la Cámara de Delegados de la Asamblea Legislativa 1909-1910.

En esta línea, la Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación estrenó el escrito con una presentación conducida por el juez Juan R. Torruella, uno de los 10 magistrados que forma parte de la Corte del Primer Circuito Apelativo en Boston, y celebrada en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana en Hato Rey.

Para el togado, aunque el Puerto Rico de principios de siglo 20 es muy diferente al Puerto Rico de hoy, los cambios estructurales ejecutados desde el Congreso federal mantienen gran porción del poder decisional sobre la Isla en Washington DC.

A modo de ilustrarlo, Torruella resaltó la manera en que la Ley Foraker constituyó la rama legislativa, instituyendo la Cámara de Delegados y un alto foro mediante el Consejo Ejecutivo, cuyos 10 miembros eran designados por el presidente de Estados Unidos por un término de cuatro años y cinco de ellos debían ser residentes de Puerto Rico. “Cualquier semejanza del Consejo Ejecutivo a instituciones del presente es pura casualidad”, bromeó Torruella durante la presentación mientras algunos en la audiencia reconocían a viva voz la comparación con la Junta de Control Fiscal.

Estos dos cuerpos legislativos protagonizaron en 1909 una de las primeras crisis de gobierno, nutrida en gran parte por la inconformidad a la organización gubernamental que proveyó el acta Foraker. A ese fin los integrantes de la Cámara de Delegados, cuya mayoría era parte del antiguo Partido Unión – colectividad fundada para aglutinar esfuerzos de líderes políticos puertorriqueños – enviaron ese año una comunicación al entonces presidente Howard Taft y el Congreso solicitando la derogación o enmendación de esa ley orgánica.

Esa comunicación se aprobó por unanimidad en el bajo foro en el último día de sesión, habiendo no aprobado el presupuesto recomendado por el Consejo Ejecutivo e insistiendo sobre una versión de los delegados que pretendía aumentar y redistribuir las partidas consignadas en ese documento. El entonces gobernador, Regis Post, convocó una asamblea extraordinaria para que los foros acordaran el presupuesto en comité de conferencia, pero al culminar ese periodo no fue aprobado.

Reconociendo la necesidad de una Cámara Alta electa por puertorriqueños, una comisión de unionistas partió a Washington para convencer al Congreso y al presidente Taft a encaminar enmiendas a la Ley Foraker a fin de establecer un gobierno más democrático. Sin embargo, el Consejo Ejecutivo se les adelantó y, siendo en su mayoría estadounidenses, fueron más efectivos en obtener audiencias con influyentes funcionarios federales y los medios de comunicación para difundir un mensaje a favor del acta orgánica y a su vez antagonizar los unionistas.

Aunque los unionistas lograron una audiencia con el presidente Taft, este se mostró indispuesto a simpatizar o apoyar con los delegados y repudió el impase que orquestaron al no aprobar el presupuesto recomendado por el Consejo Ejecutivo. Ejerciendo sus poderes sobre la colonia caribeña, Taft procedió a condenar la Asamblea de Delegados, a solicitar al Congreso a enmendar la Ley Foraker a fin autorizar el presupuesto vigente de la isla si no se aprueba uno nuevo y a urgir se le eliminará el derecho absoluto de legislar sobre el presupuesto.

A fin de cuentas, la Ley Foraker se enmendó – mediante la ley Olmstead – a fin de evitar impases con el presupuesto y la designación del Departamento de Guerra – antecesor del actual Departamento de Defensa – como la entidad con plena jurisdicción sobre Puerto Rico, lo que a su vez pregonó el inicio de la era de gobernadores militares, empezando con el nombramiento de George Colton como primer ejecutivo. Así las cosas, la Cámara de Delegados perdió su influencia sobre el presupuesto de Puerto Rico, manteniendo sólo el poder de aprobar resoluciones que no tendrían efecto práctico alguno.

Aunque siete años después la realidad gubernamental bajo Estados Unidos cambiaría con la Ley Jones, Torruella opinó en su presentación que aún hoy se espera una reforma para que el gobierno sea más representativo y democrático. “Podíamos decir con alguna certeza y validez que todavía estamos, no sólo en espera, sino que se puede argumentar que, en realidad, conforme a los acontecimientos recientes de lo que todos estamos enterados, a Puerto Rico y sus habitantes se les ha retrotraído al estado de derecho existente bajo la Ley Foraker después de la enmienda Olmstead”, apuntó el juez federal, añadiendo que la historia se repite, pero pocos aprenden para “bregar con las repeticiones”.

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