El comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, publicó en el New York Times una columna en donde concluye que para atajar el problema económico y fiscal de Puerto Rico, el “antídoto” es la estadidad.

“Para que Puerto Rico prospere, tiene que ser tratado con igualdad. Y para ser tratado con igualdad, tiene que convertirse en estado”, dijo Pierluisi en el escrito.

Añadió que “en el 2012, los electores de Puerto Rico rechazaron el estatus territorial y expresaron su preferencia por la estadidad.  El Congreso respondió autorizando una consulta avalada por el gobierno federal.  Yo espero que esta consulta se lleve a cabo en el 2017.  Si los votantes afirman su deseo de admisión, el Congreso tiene que colocar a Puerto Rico en el camino hacia la estadidad”.

De paso, Pierluisi rechazó la comparación económica de la isla con Grecia.

“La analogía con Grecia es inapropiada.  Puerto Rico no es un país soberano en una unión monetaria con Estados Unidos.  Desde una perspectiva constitucional, Puerto Rico pertenece a los Estados Unidos.  El gobierno federal tiene un poder casi absoluto sobre Puerto Rico, pero ha delegado en la isla casi la misma autoridad sobre sus asuntos locales que la que poseen los estados.”, dijo Pierluisi.

A continuación, reproducimos la columna completa de Pedro Pierluisi:

“Sólo hay un antídoto para lo que aqueja a Puerto Rico

Es hora de convertir a Puerto Rico en el Estado 51.

WASHINGTON, DC – El gobernador de Puerto Rico afirmó recientemente que la isla no puede pagar todas sus deudas. En los medios de comunicación abundan las comparaciones con Grecia. Si Puerto Rico fuera un paciente, la mayoría de los comentaristas han estado diagnosticando mal su enfermedad y recomendando el tratamiento equivocado. Es necesaria una dosis de realidad.

Puerto Rico es un territorio de Estados Unidos, donde viven 3.5 millones de personas que yo represento en el Congreso. Los puertorriqueños son ciudadanos americanos desde el 1917 y han servido en el ejército de Estados Unidos desde la Primera Guerra Mundial. Además, en los estados viven otros cinco millones de individuos de descendencia puertorriqueña y mientras las condiciones en Puerto Rico se deterioran, mis constituyentes se están mudando a los estados a un ritmo de 50 mil personas al año.

La analogía con Grecia es inapropiada. Puerto Rico no es un país soberano en una unión monetaria con Estados Unidos. Desde una perspectiva constitucional, Puerto Rico pertenece a los Estados Unidos. El gobierno federal tiene un poder casi absoluto sobre Puerto Rico, pero ha delegado en la isla casi la misma autoridad sobre sus asuntos locales que la que poseen los estados.

Tal vez en un esfuerzo por ser amables, algunos comentaristas se refieren a Puerto Rico como “Commonwealth” (Estado Libre Asociado), implicando que Puerto Rico tiene un estatus especial. Pero esta palabra no tiene ningún sentido práctico, como lo demuestra el hecho de que varios estados se llaman a sí mismos «Commonwealth».

La enfermedad de Puerto Rico es una condición crónica. La tasa de desempleo, la tasa de pobreza y el ingreso familiar siempre han sido peor que los de cualquier estado. La causa principal es la desigualdad. Los ciudadanos americanos residentes en la Isla no pueden votar por el Presidente ni por senadores y solo tienen a un delegado sin derecho al voto en la Cámara federal. Es desalentador ver a muchos autoproclamados progresistas que hablan elocuentemente sobre la importancia del derecho al voto, pero callan sobre el tema cuando se trata de Puerto Rico.

El Congreso rutinariamente trata a Puerto Rico y a los demás territorios peor que a los estados. Considere el Medicaid, que ofrece seguro de salud para los pobres. Los fondos federales de Medicaid disponibles para los estados son ilimitados, pero limitados para Puerto Rico. Los mil millones de dólares en asignación anual de Medicaid que Puerto Rico recibe de Washington representan alrededor del 20 por ciento de los $5 mil millones que recibe el Estado de Oregón, de tamaño similar. A Puerto Rico también se le trata de manera desigual bajo Medicare, a pesar de que mis constituyentes pagan los impuestos federales sobre nómina que financian gran parte de este programa. La Ley Federal de Cuidado de Salud Asequible -Obamacare- ha sido objeto de debate partidista, pero rara vez se ha mencionado como defecto de la ley el hecho de que los territorios están excluidos de la mayoría de sus nuevos programas y protecciones.

La lista es interminable. A Puerto Rico se le excluyó del programa de Seguridad de Ingreso Suplementario, que ayuda a los americanos más vulnerables. El territorio no participa en el programa federal de nutrición; en su lugar recibe fondos en bloque, por lo que recibe $450 millones menos de lo que recibiría si participara en el programa federal de nutrición como los estados. A Puerto Rico se le excluye parcialmente del crédito de impuestos por hijos y totalmente del crédito por ingreso del trabajo que estimula a las personas de bajos recursos a buscar empleo. A diferencia de los estados, Puerto Rico no puede autorizar a sus corporaciones públicas a buscar alivio bajo el Capítulo 9 del Código Federal de Quiebra, lo que impide su recuperación.

El argumento de que el trato desigual se justifica porque el Congreso no le requiere a los residentes de la isla pagar impuestos federales sobre los ingresos locales es débil. Casi la mitad de todos los hogares en los estados no ganan lo suficiente para pagar impuestos sobre ingresos, pero aún así son tratados con igualdad.   Es más, como resultado de los créditos fiscales federales, es muy probable que una familia de clase trabajadora compuesta de cuatro miembros en los estados, tenga un ingreso neto mayor que una familia idéntica en Puerto Rico.

No es de extrañar, entonces, que Puerto Rico esté en recesión, tenga una deuda excesiva y pierda su población. El trato desigual a nivel federal, combinado con la mala gestión a nivel territorial, tienen un efecto perjudicial sobre la economía de la isla. Para compensar la falta de apoyo federal, el gobierno de Puerto Rico ha tomado prestado en grandes cantidades. Y cuando mis constituyentes se mudan a los estados, adquieren el derecho a votar por sus líderes nacionales y el derecho a la igualdad de trato ante la ley federal. Por tanto, lógicamente se van.

Habiendo diagnosticado mal la enfermedad de Puerto Rico, muchos comentaristas recetan la medicina equivocada, como eximir a Puerto Rico del salario mínimo federal. Una propuesta mucho más sabia sería conceder a Puerto Rico un trato más equitativo en los programas federales y créditos contributivos. El objetivo debería ser cerrar la brecha con los estados, no ampliarla.

A corto plazo, Puerto Rico puede manejar su crisis formulando políticas públicas más inteligentes, pero la única solución duradera es la estadidad. En una vista pública reciente del Congreso, les dije a mis colegas: “si nos dan los mismos derechos y responsabilidades que a nuestros conciudadanos americanos y nos permiten avanzar o fracasar en nuestros propios méritos, nos levantaremos. Pero si continúan tratándonos como ciudadanos de segunda clase, no finjan estar sorprendidos cuando fracasamos”.

En el 2012, los electores de Puerto Rico rechazaron el estatus territorial y expresaron su preferencia por la estadidad. El Congreso respondió autorizando una consulta avalada por el gobierno federal. Yo espero que esta consulta se lleve a cabo en el 2017. Si los votantes afirman su deseo de admisión, el Congreso tiene que colocar a Puerto Rico en el camino hacia la estadidad. Para que Puerto Rico prospere, tiene que ser tratado con igualdad. Y para ser tratado con igualdad, tiene que convertirse en estado.

Pedro Pierluisi”