Una pregunta sobre los procesos de reajuste de la deuda de Puerto Rico que más se repite tiene que ver con el tiempo que puede tomar el asunto. Algunos estudiosos sobre el tema estiman que salir de la crisis puede tomar el mismo tiempo que tardó el Estado en crear el desajuste. Bajo esta teoría, Puerto Rico tardaría más de diez años en arreglar sus finanzas, ya que una de las causas del

Los más respetados y autorizados economistas de Puerto Rico están de acuerdo: AGP/PPD es el Culpable de la Crisis

descalabro fiscal, el financiamiento del déficit con emisiones de bonos, lleva más de una década.

Por otro lado, algunos oficiales del Gobierno estiman que los procesos judiciales podrían tomar menos tiempo ya que esperan presentar un plan de ajuste de deuda antes de finales de año.

Debe distinguirse entre el cierre de los procesos judiciales bajo el Título III del Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act (“PROMESA”) y el final de la crisis económica de la Isla. Los cuatro casos judiciales presentados al tribunal bajo PROMESA podrían tomar menos de cinco años en resolverse, aunque la confirmación del Plan de Ajuste de deuda por el tribunal no implicará que la Isla salió de la crisis, ya que pagar la deuda ajustada a los acreedores debe tomar más de diez años. La mera confirmación de un Plan de Ajuste de deuda y la finalización de los casos judiciales bajo PROMESA, no significa la apertura inmediata de los mercados municipales.

El proceso judicial de reajuste de deuda de la ciudad de Detroit tomó dieciocho meses, la ciudad de San Bernardino (California) terminó el proceso en cinco años y la ciudad de Stockton (California) en tres. Pero en estos municipios radicaron sus casos bajo el Capítulo 9 del Código de Quiebras federal, proceso menos complicado que PROMESA y, aún así, todavía no se han normalizado. La situación de Puerto Rico resulta mucho más compleja que ajustar la deuda de los tres municipios señalados.

Sin embargo, el éxito en la reestructuración de deuda de un gobierno no debe medirse por la fecha en que se finaliza el caso judicial, sino cuando el Estado logra volver a los mercados de crédito y emite deuda a términos razonables. Puerto Rico está muy lejos de llegar a ese punto.

Entonces, la verdadera pregunta que debe hacerse es, ¿cómo el Gobierno puede afrontar la falta de liquidez y proveer los servicios esenciales durante el proceso judicial y por el periodo de tiempo que tardará en salir al mercado?

Antes de PROMESA, el Gobierno de la Isla financiaba sus operaciones deficitarias incumpliendo en los pagos a suplidores y bonistas; reteniendo los reintegros; “canibalizando” fondos en agencias controladas; y con extracciones de fondos designados (“claw-backs”). Pero estas medidas extraordinarias no son permitidas bajo PROMESA.

Es cierto que PROMESA provee muchas herramientas al Gobierno, incluso extiende la protección de la paralización automática y permite la modificación de los bonos como parte del proceso de confirmación del Plan de Ajuste de deuda, pero la clasificación de los bonos a nivel de “chatarra” por las casas acreditadoras y el cierre de los mercados de crédito desde el 2014 ha resultado en una crisis crónica en las cuentas de efectivo (“cash-flow”).

En una reorganización de empresas privadas insolventes se puede recurrir a instituciones que conceden préstamos a empresas con problemas (“distressed lending”). También se pueden negociar créditos por suplidores o acreedores que permitan mejorar el flujo de capital a base de préstamos nuevos con prioridades especiales.

Las recientes negociaciones con bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica (conocidos como PREPA) y del Banco Gubernamental de Fomento (GDB, por sus siglas en inglés) muestran que algunos acreedores podrían aportar dinero nuevo al Gobierno, incentivados por una mejoría en la prioridad de sus créditos y nuevas garantías bajo las protecciones de PROMESA.

El reto estriba en negociar acuerdos justos, que no concedan ventajas irrazonables a los bonistas ya que las partes están en posiciones asimétricas. La necesidad imperiosa que tiene el Gobierno de conseguir financiamiento para sus operaciones puede llevar a unos acuerdos desventajosos al Gobierno y discriminatorios a otros acreedores; asunto que terminaría en los tribunales y que retrasaría la entrada a los mercados de crédito y la normalización de la economía de la Isla.