El 18 de enero de 2017, el ex-gobernador Rafael Hernández Colón compareció ante la Comisión Conjunta del Senado y la Cámara de Representantes a deponer sobre el P. del S. 51, que luego se convirtió en la Ley para la Descolonización Inmediata de Puerto Rico.

El también expresidente del Partido Popular Democrático (PPD) y distinguido abogado consignó: “Reconocida la soberanía del Estado Libre Asociado… establecido por el Tribunal Supremo de Estados Unidos (TSEU) que el Congreso renunció a los poderes de gobierno interno sobre Puerto Rico, tenemos que concluir que Puerto Rico dejó de ser un territorio sujeto a los poderes plenarios del Congreso. La actuación del Congreso al establecer la Junta de Control Fiscal, donde se pretende ejercer poderes plenarios sobre asuntos internos de Puerto Rico, debe analizarse frente a estos señalamientos del TSEU y no a base de las extrapolaciones ideológicamente acomodaticias sobre la ‘última fuente de poder’ que algunos llevan a cabo para descalificar al Estado Libre Asociado como alternativa legítima de status para Puerto Rico”.

Reconociendo el liderato e influencia del profesor Hernández Colón en el PPD, debemos presumir que su teoría es compartida por líderes y militantes de su colectividad.

Esa teoría se estrella contra la realidad que estamos viviendo en los tiempos del colonialismo crudo que exhibe la Junta de Control Fiscal (JCF). Esa realidad se sostiene por eventos acaecidos desde antes de aprobarse la ley Promesa -que creó la JCF- y durante la administración de Alejandro García Padilla.

El 22 de octubre de 2015, García Padilla presentó una ponencia ante el Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado de los Estados Unidos, pidiendo asistencia económica para pagar la deuda del ELA. La ponencia concluye con las siguientes palabras: “I urge you to mantain your focus on Puerto Rico’s fiscal emergency; the future of 3.5 million Americans depend on what you do next”. (Se trata del mismo gobernador que meses después fue al National Press Club, en Washington, a decir que los puertorriqueños no son americanos.)

El problema del entonces gobernador es que la súplica por fondos federales no estaba respaldada por estados financieros auditados, que no se emitían desde 2013. La falta de esa información hizo que el senador Orrin G. Hatch (R-Utah), mediante comunicación de 10 de febrero de 2016 dirigida a García Padilla, le requiriera los datos adecuados para que el Congreso atendiera la crisis.

Varias semanas después, el 17 de marzo de 2016, el senador Hatch hizo expresiones en el hemiciclo del Senado haciendo constar que el gobernador García Padilla nunca contestó su carta. Se dejaron sin respuesta una serie de preguntas que eran básicas para poder tomar determinaciones para ayudar a Puerto Rico.

Ello resultó en que el Congreso, en el ejercicio de sus poderes plenarios sobre el ELA, aprobó la ley Promesa. En esa ley, el ELA es definido como “territorio”. Tal realidad desmiente la tesis de los coloniales sobre la supuesta soberanía de la condición territorial.

Si el Congreso le impuso la JCF al pueblo de Puerto Rico fue precisamente por la condición de inferioridad política que padecemos.