Nos esperan tiempos muy difíciles en los próximos meses y años. Sin embargo, sectores de nuestro pueblo, como las uniones, la Universidad de Puerto Rico, municipios, legislatura y otros parecen no darse por enterados de la situación y, con la cabeza metida debajo de la arena, pretenden seguir

La Plataforma del PPD vigente propone eliminar todas las Agencias Federales. soberanía separada y rogar por los Fondos Federales en Bloque.

exigiendo y gastando como si nada estuviera pasando. Rehúsan confrontarse con la realidad de que el gobierno de Puerto Rico está en quiebra.

Es necesario que repasemos los orígenes de la situación en que nos encontramos porque somos muy dados a olvidar muy pronto el pasado. Puerto Rico tiene una deuda de $70 billones. Deuda que ha sido el producto de la irresponsabilidad fiscal de varias de las administraciones de gobierno que por décadas gastaron más de lo que ingresaba al fisco.

En enero de 2009, Aníbal Acevedo Vila le dejó a Luis Fortuño un gobierno con un déficit auditado de $3,300 millones, un déficit en caja de más de $4,459 millones, más de $960 millones en cheques del gobierno emitidos sin fondos, un sistema de retiro del ELA en quiebra, la UPR con un déficit de $200 millones y suplidores de servicios a los que no se les había pagado. Todo esto certificado por auditores externos.

En enero de 2013, Fortuño le entregó a Alejandro García Padilla un gobierno con un leve crecimiento

Mira a Tú Alrededor En Todo PR X 1/2 Siglo – Todas las Obras d Envergadura Creadas C PNP > Prueba Tiene Mil Veces Menos Corruptos…

económico reflejado por un Índice de Actividad Económica en positivo, con calificaciones positivas de las agencias calificadoras de deuda y con la advertencia de estas al entrante gobierno de que se debían seguir las sanas políticas económicas y fiscales de la saliente administración de Fortuño.

Esas recomendaciones cayeron en oídos sordos y lo primero que AGP hizo fue insultar a las casas calificadoras de crédito señalando que él era quien correría el gobierno, que si ellas querían hacerlo que se inscribieran como partido político y fueran a elecciones. Señaló además “me vale” lo que estas digan. Desde ese día el crédito de todo el gobierno cayó a niveles de chatarra y el Índice de Actividad Económica desde entonces ha estado en negativo.

Luego de más de 90 medidas impositivas la administración de AGP le dejó a la actual administración -que lleva menos de seis meses en el poder- un déficit de más de $7,000 millones al 1ro de julio. De igual manera dejó al Sistema de Retiro sin dinero para las pensiones de los retirados efectivo el próximo mes de septiembre.

El PPD Creó la Crisis Quebrando al Gobierno Malgastando Sin Obras y Ahora Trata de Empeorarla Porque Nunca Ha Tenido Soluciones

En un artículo de 2015 el amigo economista Dr. Elias Gutiérrez nos advirtió que “el progreso que se vivió, y cuya continuidad se dio por sentada, ha sido sustituido por una realidad muy distinta, la bancarrota del Estado Benefactor y con ello el empobrecimiento de la clase media de la Isla”.

“Con la bancarrota del Estado Benefactor, se asentará una sensación de inseguridad y pesimismo. La sensación de inseguridad se elevará considerablemente ante el embate de los crímenes contra la propiedad y contra las personas. El fracaso de las fuerzas de ley y orden por controlar las actividades criminales llevarán a la población a la corroboración de fracaso del gobierno. Esa corroboración actuará como elemento estimulante para la aceleración de todas las tendencias negativas que menoscaban la riqueza institucional y real del País. El círculo vicioso que se está conformando destruirá la menguada calidad de vida que aún resta. En síntesis, el paisaje social de la Isla sufrirá un gran deterioro. De hecho, luce inevitable que el estándar de vida se vea menguado continua y aceleradamente”.

Ante esta situación de nuestra irresponsable hechura, el Congreso de EE.UU. nos impuso una Junta de Supervisión o Control Fiscal por medio de la ley Promesa. Esta tiene todos los poderes para llevarnos a poner orden en el desorden fiscal y económico que hemos producido. Sabemos que la medida no es perfecta y que es una imposición por nuestro estatus colonial, pero la opción de no tenerla crearía un caos de proporciones inimaginables.

El pasado lunes las cámaras aprobaron un presupuesto de $9,562 millones. Este levantó objeciones por parte de la junta que reconoce una positiva reducción de 9% en los gastos, pero exigió $319 millones en recortes adicionales al presupuesto. En una acción que demuestra gran madurez y juicio, el gobernador Rossello aceptó el reclamo de la JCF para ajustar el presupuesto y les notificó esto a los presidentes de ambos cuerpos legislativos.

El momento que vivimos no es para pujos nacionalistoides. Tenemos que entender que nuestros actos tienen consecuencias. La irresponsabilidad que por décadas nos trajo a esta quiebra hay que deponerla para tratar de salir del actual atolladero. No compliquemos más nuestra situación.